Los 'cinco de Ulm' o cómo Alemania persigue a activistas propalestinos mientras colabora con Israel

Visto desde fuera, el número 55 de la calle Eberhard-Finckh, en Ulm, Alemania, parece un anodino edificio de oficinas. Si no fuera por uno de los carteles que cuelga sobre la fachada nadie podría adivinar que allí dentro se encuentra la sede de la filial alemana de Elbit Systems, uno de los principales fabricantes de armas de Israel y el proveedor principal de armamento de las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI). Fue ahí, en ese inmueble con forma de U (o de arco, si se mira al revés) donde el pasado 8 de septiembre de 2025 cinco activistas atravesaron una de las ventanas para después forzar varias puertas y así acceder a las instalaciones de la empresa, donde causaron daños materiales a equipos de oficina y laboratorio. Al terminar, se encerraron en uno de los habitáculos y llamaron a la Policía para, cuando los agentes llegaron, entregarse sin oponer resistencia. Eran, como se les conoce ahora, "los cinco de Ulm".

Desde septiembre, Crow Tricks (Reino Unido), Daniel Tatlow-Devally (Irlanda), Leandra Rollo (España), Hanna 'Zo' Hailu (Reino Unido) y Vivien 'Vi' Kovarbasic (Alemania) permanecen en prisión preventiva acusados por la Fiscalía de Stuttgart de daños a la propiedad, allanamiento de morada, pertenencia a organización criminal (Palestine Action Germany) y uso de símbolos de organizaciones terroristas por la utilización del lema "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá". Ellos, por su parte, ciñen su actuación a un intento de "interrumpir la producción de armas que Israel utiliza para atacar a civiles, incluidos niños" y de "denunciar que el Estado alemán permita y se beneficie de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad". Solo unos días después de su acción, el 15 de septiembre de 2025, investigadores independientes de la ONU concluyeron que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza.

En prisión preventiva, los cinco activistas han estado en aislamiento durante 23 horas al día, pudiendo hacer ejercicio, salir al patio y contactar con otros reclusos solo una hora. Sus familiares pueden visitarlos únicamente dos veces al mes y cada encuentro no puede alargarse más de una hora. En el medio alemán Der Freitag, la madre de 'Zo' Hailu ha denunciado que, además, tiene prohibido hablar del caso con su hija. "Para saber cómo está realmente Zo, tiene que prestar atención a señales sutiles debido a la presencia de los agentes; ella lo llama leer entre líneas", recoge el periódico. Cuando acuden al Juzgado, lo hacen esposados y tienen que quedarse parapetados tras una cabina de cristal, separados de sus abogados y vigilados por varios miembros de la Policía a sus espaldas. Todo esto, sumado al hecho de que ninguno de ellos tiene antecedentes, hace pensar a la defensa que no enfrentan un juicio justo.

En Bruselas, el abogado y eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, se reunió con letrados y familiares de los activistas y anunció "una amplia batería de iniciativas políticas e institucionales en respuesta al encarcelamiento". Además de trasladar el caso a la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento Europeo "para que se examine desde la perspectiva de los derechos humanos, las garantías procesales y la protección de las libertades civiles", el eurodiputado ha exigido a la Comisión Europea que explique "qué medidas piensa adoptar para garantizar el respeto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea".

Asens, además, ha pedido la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores por la implicación en el caso de una ciudadana con nacionalidad española. "En nuestra opinión, hoy existe una presa política española en una prisión alemana. No estamos hablando de una persona encarcelada por ejercer violencia, sino de una activista perseguida por una acción de protesta vinculada a la defensa de los derechos humanos y la solidaridad con Palestina. El Gobierno español no puede permanecer impasible ante esta situación y tiene la obligación de actuar", ha defendido.

La extensión de la prisión preventiva no solo preocupa a sus abogados y allegados, sino también a organizaciones defensoras de los derechos humanos, que ven en la utilización del artículo 129 del Código Penal alemán (el referido a pertenencia a organización terrorista) una excusa para venderlos como una amenaza y, al mismo tiempo, usar su caso como advertencia a otros. La Fiscalía alemana busca, además, que los actos de los cinco de Ulm sean vistos como antisemitismo, una visión que uno de ellos, Daniel, calificó en el Juzgado como "vergonzosa". "La resistencia contra la ocupación y el asesinato en masa no son antisemitismo", dijo antes de destacar la "brújula moral, la bondad y la resiliencia" de su padrastro, judío.

En sus pocas apariciones frente al tribunal, los cinco de Ulm han defendido que hacen y han hecho lo que debería depender del Gobierno alemán, pues ningún Estado puede, según el derecho internacional, cooperar ni colaborar con quien cometa un genocidio. Jaume Asens, de hecho, se preguntaba en un artículo en CTXT si no debía ser el canciller, Friedrich Merz, el que se sentara "en el banquillo de los acusados". "El problema no son los cinco de Ulm. El problema es Alemania. Durante décadas, Alemania construyó una identidad política basada en la promesa del Nunca Más. Sin embargo, Gaza ha revelado que el país que juró que nunca volvería a colaborar con crímenes de exterminio vuelve a encontrarse de lado de quienes los hacen posibles", escribió el eurodiputado.

Esa idea del "nunca más" la recordó también Zo. "Teóricamente — expuso la británica — un elemento de la democracia es la separación de poderes. Así pues, mientras que el poder ejecutivo, el Gobierno alemán, ha optado claramente por la complicidad, ¿qué elegirá el poder judicial en este caso: complicidad o 'nie wieder' (nunca más)?" Este lunes, 29 de junio, los cinco volverán a comparecer ante el tribunal.