Los tres insultos que recupera Milei para la normativa de Argentina

La Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de Javier Milei, calificó a personas con distintos grados de discapacidad como "idiotas", "débiles mentales" e "imbéciles" en una resolución publicada el mes pasado en el Boletín oficial de la Nación y que tuvo amplia difusión este jueves. De este modo, aquellas personas que cuenten con algún grado de discapacidad serán considerados como "idiotas" o "imbéciles". 

Los términos aparecen en el Anexo de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), que define los ´criterios médicos´ para medir la invalidez laboral, requisito dispuesto desde septiembre de 2024, por el Decreto 843/2024, para quienes perciben pensiones no contributivas.

Debajo de un apartado titulado "Retardos Mentales", clasifica a las personas de "idiota","imbécil" o "débil mental" -que puede ser "profundo", "moderado" o "leve"-, según su nivel de discapacidad, y determina que "le corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor".

"El idiota no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende a sus necesidades básicas, no puede subsistir solo. El imbécil no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias. El débil mental profundo solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias", se lee en el anexo del decreto. 

"En algunos casos, el diagnóstico puede no requerir la interconsulta de un especialista, como en el Sídrome de Down, cuadros demenciales en período de estado, debilidades mentales profundas, ya que los parámetros clínicos serán soberanos" (comprobado por todos), añade.

Siete organizaciones argentinas de derechos humanos y que representan a las personas con discapacidad, entre las que se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), interpusieron el pasado 3 de febrero un reclamo administrativo en el que solicitaron a la ANDis la derogación urgente de la norma "por violar los derechos de las personas con discapacidad".

Sobre el impacto que tiene la medida en la vida de miles de personas con discapacidad que viven en el país, la abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ Agostina Quiroz manifestó que el "lenguaje y los modos" en los que se refiere a las "otras personas tienen impactos concretos tanto en lo colectivo (en las políticas, en las prácticas y en las culturas), como en lo individual" relacionado en la construcción de identidad de los sujetos.