México, la nueva batalla antidroga para alejarse de la etiqueta del 'narcoestado'

México empieza a recuperar la calma tras dos días de furia. El operativo militar contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que culminó el domingo con el arresto y muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha sacado a las calles a miles de partidarios y colaboradores del narco. Su rabia y su violencia, su demostración de fuerza, lleva un doble mensaje: cayó el rey, pero los demás seguimos, es el primero. El segundo, más abierto, es más bien una pregunta: ¿qué más váis a hacer ahora vosotros?

El país norteamericano se encuentra aprisionado entre las tensiones internas por el enorme poder de los traficantes de drogas y por las presiones externas que le llegan sobre todo desde los Estados Unidos de Donald Trump, para que actúen de forma que el flujo de drogas hacia el norte se frene, reduciendo las muertes por sobredosis, por ejemplo, con fentanilo. 

La operación militar contra Oseguera muestra que las cosas están cambiando: la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum (del izquierdista Morera) de combatir los carteles, mucho más que su predecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, de la misma formación), trata de restarle apoyo social y territorial a las organizaciones delictivas y no duda en apoyarse ahora en la fuerza y la inteligencia de sus uniformados, tan denostados en otro tiempo. Si AMLO desarrolló una política de "abrazos, no balazos", su compañera entiende que la coyuntura obliga a un viraje. Por pura supervivencia. 

Desde el año pasado, el Gobierno de Sheinbaum ha entregado a EEUU, por ejemplo, a 92 miembros de organizaciones criminales solicitados por su vecino del norte. Con los ejes engrasados, ha podido haber "intercambio de información" de la inteligencia norteamericana a la mexicana, que han llevado al fin a la neutralización de El Mencho, siguiendo la pista de una de sus novias. Ha sido más la información que la fuerza la que ha triunfado. Cuando se usó la mano dura en el pasado no funcionó y acabó en rebrote. 

"No estamos ante una ruptura, pero sí ante una adaptación. Eso es nuevo y evidencia la necesidad que tiene en alejarse de esa etiqueta de narcoestado que se está repitiendo ya con mucha frecuencia, de Trump a Isabel Díaz Ayuso", expone el americanista Sebastián Moreno. Es así: hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid cargó hace dos semanas contra los "narcoestados de ultraizquierda" de América Latina, equiparando a México con Cuba. "No sé si valga la pena contestarle", fue la réplica de Sheinbaum. "Es falso lo que dice". 

Del comercio al territorio

El Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations, CFR), con sede en Nueva York, reconoce que estamos ante "una de las interrupciones más significativas al narcotráfico desde que el tráfico se afianzó en México en la década de 1980". La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha designado al CJNG como una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de México, responsable de distribuir grandes cantidades de cocaína, metanfetamina y, cada vez más, fentanilo, a EEUU, por lo que la importancia del golpe supera con mucho las fronteras mexicanas. 

Para entender esa operación y la realidad del país hay que remontarse a más de un siglo atrás, como relata Drug War Mexico: Politics, Neoliberalism and Violence in the New Narcoeconomy (Guerra contra las drogas en México: Política, neoliberalismo y violencia en la nueva narcoeconomía), de Peter Watt y Roberto Zepeda. Ya a finales del siglo XIX y primeros del XX, México era zona de mercado de cannabis, heroína y opio, con una enorme y porosa frontera con EEUU que cruzar. 

Durante décadas, fueron zona de paso y de carga, de traslado, pero las cosas cambiaron cuando se empezó a presionar a los carteles más poderosos, los de Colombia, y las mafias locales tomaron las riendas del negocio completo. A eso se sumó otro cambio fundamental: acabaron los años de Gobierno del PRI, un partido que llevó las riendas del país de 1929 a 2000, 71 años. "En lugar de que los narcotraficantes fueran empleados de las autoridades estatales, ahora son los políticos quienes, en esencia, son empleados por los carteles", dicen los expertos. 

El cambio arranca en la década de 1980, cuando los grupos criminales y narcotraficantes de México se organizaron de veras, asignando zonas regionales de control diferenciadas a cada grupo y estableciendo redes y rutas de tráfico. Sin embargo, a medida que aumentaba la producción y la distribución, también comenzaron a disputarse el control territorial y el acceso a los mercados, lo que provocó un aumento de la violencia en todo México. Hasta hoy. 

El Gobierno mexicano declaró oficialmente la guerra a las organizaciones criminales en 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó una iniciativa para combatir a los cárteles mediante la fuerza militar. En 2012, el presidente Enrique Peña Nieto revisó la estrategia de Calderón, desviando los esfuerzos de los enfrentamientos violentos hacia la mejora de la capacidad policial y el apoyo a la seguridad pública.

Sin embargo, después de que Joaquín "El Chapo" Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa fuera arrestado en 2014, detenido nuevamente en 2016 y finalmente extraditado a EEUU en 2017, se creó un vacío de poder que resultó en un aumento de la violencia entre facciones rivales que buscaban nuevos territorios e influencia. 

Además, a pesar de una disminución inicial en los homicidios después de las reformas de Peña Nieto, México continuó luchando contra la corrupción y la violencia relacionada con el crimen. Para 2016, los homicidios relacionados con las drogas habían aumentado en un 22%, con más de 20.000 muertos, recuerda el CFR. La violencia se intensificó rápidamente hasta un pico de 33.341 homicidios en 2018 y la tasa de homicidios ha disminuido sólo ligeramente desde entonces. Los 30.000 anuales son fijos, sin contar con que, en promedio, se mata a un periodista cada semana. 

Reconociendo las afirmaciones generalizadas de que el uso de la fuerza militar sólo había aumentado el nivel de violencia relacionada con la delincuencia en México y las acusaciones de que los militares habían cometido abusos contra los derechos humanos y llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, López Obrador prometió ya desde su campaña "revolucionar" la lucha contra los cárteles y volver a una fuerza policial dirigida por civiles. AMLO sugirió programas de alivio de la pobreza, la legalización de la marihuana y nuevas pautas de sentencia para los narcotraficantes. Después de ganar las elecciones y asumir el cargo en diciembre de 2018, anunció la creación de una nueva Guardia Nacional (una fuerza híbrida de policía civil y militar) para combatir a los cárteles. En 2019, en virtud de un acuerdo con Washington, desplegó gran parte de esta fuerza en la frontera sur con Guatemala para frenar la migración.

Sin embargo, "sus tácticas fracasaron en gran medida en frenar la violencia. Si bien las tasas de homicidios disminuyeron ligeramente" y las elecciones generales de 2024 en México fueron las más violentas en décadas, "los ataques a periodistas han continuado en niveles récord y las reformas anticorrupción han fracasado", concluye el informe de país del tanque de pensamiento norteamericano.

A pesar de abogar inicialmente por un enfoque menos securitizado para reducir el narcotráfico y la violencia, AMLO amplió el papel del Ejército en la policía. Se concibió como una medida temporal, el Congreso mexicano aprobó una reforma en agosto de 2022 que permite al ejército ejercer la fuerza pública nacional hasta 2028. AMLO también prometió poner a la Guardia Nacional bajo el mando del ejército a pesar de un fallo de la Suprema Corte de abril de 2023 que la obligaba a permanecer bajo control civil. Grupos de derechos humanos afirman que la policía militar ha erosionado el trato a los civiles, quienes enfrentan detenciones arbitrarias, violaciones y ejecuciones extrajudiciales. 

No obstante, el Gobierno pareció redoblar su apuesta, otorgando a la Armada el control total del aeropuerto más transitado de la Ciudad de México para combatir el contrabando en julio de 2023. También transfirió varias otras funciones gubernamentales al Ejército mexicano, incluyendo la construcción de infraestructura a gran escala, el desarrollo turístico y la supervisión aduanera en los puertos de entrada y salida.

La presidenta Sheinbaum ha declarado que busca fortalecer la Guardia Nacional , contratar más investigadores policiales e invertir en más programas sociales para jóvenes para combatir la violencia. Algunos críticos argumentan que continuar con el enfoque militarizado de AMLO será insuficiente para abordar los problemas de seguridad de México.

El dilema es claro: ¿la apuesta debe ser más social o más defensiva? "Posiblemente, la respuesta sea mixta", dice Moreno. "Los cárteles han consolidado y expandido su control, combatiéndose entre sí con armamento pesado y drones. Los secuestros, asesinatos y ataques a prensa o funcionarios legales siguen siendo frecuentes y el estado ha tenido dificultades para impartir justicia a las víctimas de crímenes del pasado", expone. Según cita, con el Ejército de EEUU como fuente, a finales de 2024, "los cárteles controlaban aproximadamente un tercio del territorio mexicano".

Hasta dónde llega el poder

EEUU sostiene, dado este panorama, que México es un "narcoestado", una palabra que Trump usó profusamente en su campaña electoral de 2024 cuando se refería a la lucha contra el narco y contra las redes de la inmigración ilegal. "Ellos pueden quitar al presidente en dos minutos", señalaba. Ahora en el poder usa el mismo término, aunque quien más se ha aficionado a repetirlo es su secretario de Estado, Marco Rubio. Dice cosas como: "Los narcos tienen el control operativo de la frontera", "sabemos que gran parte del territorio está controlado por ellos" o "en algunas zonas, los carteles son el Gobierno". 

Los partidos opositores en México se suman a la etiqueta, pero los mandatarios de Morena lo niegan. Narcoestado hubo en el pasado, decía AMLO, pero no ahora. "Ya no se padece", justifican, porque no hay masacres ordenadas o torturas, citaba. Sheinbaum habla de "calumnia" cuando se la acusa de tener una "alianza intolerable" con el crimen. 

¿Estamos ante un estado fallido, uno débil o un narcoestado, realmente? Moreno se queda con la segunda etiqueta. "No es fallida una potencia emergente clave a nivel global, entre el puesto 12 y 13 en economía mundial y la segunda más grande de América Latina. No lo es el mayor exportador de Latinoamérica, un actor cultural influyente, un estado clave para la conservación de la naturaleza y el quinto destino más buscado por los turistas del planeta", expone. Y, dice, "sería exagerado decir que es un narcoestado, porque aunque hay una relación entre delincuencia organizada y poder que hay que resolver cuanto antes, no hay un control total. Eso es excesivo", defiende. 

Apuesta más por la "contradicción andante" de un país con "enorme potencial y riqueza", que se ve atrapado "por una dinámica de décadas en la que no se ha sido todo lo firme y serio con el narco" como hubiera sido recomendable pero que, también, es víctima de fuerzas externas que "impiden que se desembarace de su violencia". Habla expresamente del papel del propio EEUU a la hora de vigilar el consumo de drogas y el tráfico de armas. "Si no hay demanda y no hay consumo y no hay armas que cruzan al sur para que estos grupos las usen, quizá el problema no sería el que es", dice, sin obviar el "hondo problema de las conexiones del narco con el poder, innegable". 

Se suele decir que los narcoestados se caracterizan por la inestabilidad política, las dificultades económicas o la ausencia de respeto al estado de derecho. Y el Índice de Paz México 2025 corrobora que hay cosas que van mal en la nación americana. Destaca la "posición sólida" de los criminales en la política, la policía o la economía. México se encuentra estancado en el combate a la corrupción, ocupando la posición 141 de 182 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado en febrero de 2026 por Transparencia Internacional. Con una calificación de 27 sobre 100 puntos (donde 100 es la mejor calificación), el país se mantiene rezagado, apenas un punto arriba de la evaluación anterior.

Si miramos su estabilidad política, está en menos 0,72 puntos en 2024, según el Banco Mundial, con menos 2,5 como tope de debilidad y el 1,58 de Liechtenstein como la meta a batir. El informe del World Justice Project (WJP) del último año destaca que México ocupa la posición 121 de 143 países evaluados globalmente. Su puntuación general ha mostrado un estancamiento o ligero deterioro en los últimos años. Nada de eso ayuda, pese a que la economía crezca (un 0,8% en el último año y se espera que hasta un 1,5% en el presente 2026). 

Y, sin embargo, el país se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos por tercer año consecutivo en 2025 (datos de la Oficina del Censo de EEUU), la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y su segundo inversionista más importante y se plantean negocios comunes, como el Mundial de Fútbol del próximo verano. "Si eso ocurre, es porque la estructura no está podrida, aunque pueda estar dañada", insiste Moreno. 

Prefiere referirse, como también hace el Índice, a un problema de territorio. Reconoce el experto que hay detenciones demasiado frecuentes, como la reciente del regidor de Tequila (Jalisco), Diego Rivera Navarro, detenido este febrero por supuesta extorsión, relación con crimen organizado y secuestro. "No son casos aislados, es un rasgo distintivo, pero sería injusto decir que el estado se mueve por ellos", asume. "Los sobornos a funcionarios y mandatarios son frecuentes para mantener el control de ciertas zonas, que crea una cadena de protección e impunidad, de coerción y violencia extrema". Dice Trump que el Gobierno mexicano se queda "petrificado" ante esta realidad. Sheinbaum le replica: "¿Cuántos detenidos hay allí por tráfico de fentanilo o de armas? Pocos. Aquí, todos los días". 

El papel de EEUU

Uno de los problemas que denuncian las ONG locales es que los carteles cada vez más se han militarizado. No han llegado aún a ser una milicia, un grupo insurgente, pero están lo suficientemente blindados como para meter miedo y desafiar al poder territorial ordinario. Y formados, también, porque están recibiendo cada vez más mercenarios colombianos, especialmente en Michoacán, muchos de ellos con experiencia reciente en combate en Ucrania contra las fuerzas rusas. Al reclutar combatientes con amplia experiencia en combate, las lecciones aprendidas de la guerra ruso-ucraniana se están trasladando a México. La globalización tiene estas cosas. 

Pero volvamos a las armas. Llegados a este punto, además de a Sheinbaum habría que pedirle cuentas a su homólogo Trump. Un informe reciente del mítico programa 60 Minutes afirmó que entre 200.000 y 50.000 armas de fuego se contrabandean a México desde EEUU cada año, formando lo que los expertos denominan "el río de hierro". Estas armas suelen provenir de fabricantes estadounidenses como Smith & Wesson y se canalizan a través de mayoristas y minoristas con una supervisión laxa. 

En respuesta, México presentó dos demandas -una en 2021 contra un fabricante y un mayorista, y otra en 2022 contra cinco armerías estadounidenses- acusándolas de prácticas imprudentes e ilegales que permiten a los cárteles y otros delincuentes armarse.

"El flujo de armas se ve facilitado por el marcado contraste entre los mercados de armas de EEUU y México", escribe para The New Lines Institute el analista Stefano Ritondale. El poderoso norteño cuenta con más de 75.000 comerciantes de armas activos, "lo que crea una vasta cadena de suministro difícil de monitorear, mientras que México opera sólo una armería con restricciones estrictas, ubicada en una base militar en la Ciudad de México". Esta disparidad permite a los traficantes "explotar la abundancia y accesibilidad de las armas de fuego" en EEUU, "transportándolas ilegalmente a través de la frontera para alimentar el crimen organizado y la violencia en México".

Aprovechando la ventana de oportunidad de que los narcos aún no están plenamente armados, Ritondale habla de que tenemos la "oportunidad para frenar una mayor expansión y evitar la normalización del conflicto cuasimilitar en la frontera entre Estados Unidos y México". "La falta de acción decisiva podría afianzar estas dinámicas permanentemente, transformando a los cárteles en actores duraderos y violentos capaces de desestabilizar el hemisferio occidental durante décadas", avisa, con Haití en la memoria. 

El analista, armas aparte, reclama a la actual Administración Trump "maximizar" la oferta de México de trabajar en emigración y comercio y "consolidar el papel de Estados Unidos como principal socio de seguridad de México. De no hacerlo, podría deteriorarse la seguridad en la frontera sur". Propone entrenamientos conjuntos de fuerzas armadas, mejoras comunes en inteligencia, asesoramiento y asistencia -sin injerencias, afina- y más dinero de Washington. Si Sheinbaum ha dado el paso de acabar con El Mencho, se espera que Trump ahora responda arrimando el hombro, concluye.