Sally Rooney no es terrorista: la Justicia británica declara ilegal el veto a la plataforma Palestine Action

La escritora Sally Rooney no es terrorista. Tampoco el guionista Paul Laverty. Ni el cuentista e ilustrador Chris Haughton. Todos ellos han sido represaliados, con amenazas o con detenciones, por apoyar a una plataforma llamada Palestine Action, que el Gobierno de Reino Unido (laborista) tuvo a bien declarar "terrorista" en julio del pasado año. 

Ahora, este viernes, el Tribunal Superior del país ha dictaminado que la decisión del Ejecutivo de ilegalizar al grupo de protesta fue ilegal, por "desproporcionada". Los jueces Victoria Sharp, Jonathan Swift y Karen Steyn declaran que la prohibición se mantendrá vigente mientras el equipo del primer ministrio, Keir Starmer, considera si apelará. Lo que le faltaba, con la crisis que lleva encima. 

Los tres jueces del Superior, presididos por Sharp, señalan en su dictamen que, si bien el grupo fundado en 2020 utiliza "métodos delictivos" para llevar a cabo sus protestas, sus tácticas no alcanzan el baremo establecido en la ley para poder ser considerados terroristas. De acuerdo con la corte, el Estado ya tiene herramientas legales para abordar cualquier delito cometido por la entidad, cuya misión declarada es boicotear a cualquier empresa u organismo que colabore o apoye al que consideran el Gobierno "genocida" de Israel.

El año pasado, Londres puso al grupo propalestino en una lista junto con terroristas más que acreditados como Al Qaeda, el Estado Islámico o Hamás, lo que penalizó la pertenencia o el simple apoyo con hasta 14 años de prisión, en virtud del artículo 3 de la Ley de Terrorismo de 2020. Desde entonces, más de 2.000 personas han sido arrestadas por sostener carteles con la leyenda "Apoyo a Palestine Action". 

Rooney, por ejemplo, decidió dar parte de las ganancias de sus exitosos libros a esta causa, lo que llevó a las autoridades británicas a advertirle de las consecuencias si pisaba Reino Unido (ella es de Irlanda). "Apoyo a Palestine Action. Si esto me convierte en partidaria del terrorismo según la legislación británica, que así sea", se titulaba la tribuna de prensa en la que anunció sus intenciones.

El gobierno prohibió a estos activistas después de que varios de sus miembros irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea en junio, con el objetivo de protestar por el apoyo militar británico a la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Los activistas rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna y causaron más daños con palancas; la policía estimó los costo de los actos en siete millones de libras (ocho millones de euros al cambio). 

La decisión del veto fue propuesta por Starmer y su equipo y fue avalada también por el Parlamento, donde tiene mayoría absoluta. Ha sido la primera vez que un grupo de protesta de acción directa es procesado por este supuesto delito de terrorismo, lo que ha levantado una enorme ola de repulsa en las calles del país. 

Poco después, Huda Ammori, cofundadora de la organización, recurrió la decisión adoptada por la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, que incluía al grupo en la lista de organizaciones prohibidas. Eso es lo que los jueces revisaban hoy.

En una vista celebrada en noviembre, el equipo legal de Ammori sostuvo ante el tribunal que la proscripción debía ser anulada, al argumentar que el grupo actuaba dentro de una "tradición honorable" de acción directa y desobediencia civil antes de su inclusión en la lista de organizaciones vetadas, informa EFE. Por su parte, los abogados del Ministerio del Interior defendieron que la proscripción había logrado el objetivo de "interrumpir el patrón de conducta escalatoria" del grupo y subrayaron que la medida no había impedido las protestas en favor del pueblo palestino ni contra las acciones de Israel en Gaza.

Lo que hacen

Palestine Action, fundada en 2020, celebra protestas, pone carteles, reparte trípticos, pero eso es lo más superficial de su lucha en Reino Unido. Inspirándose en las acciones de los preservacionistas, ha recurrido a la desobediencia civil, lo que implica la violación de una ley mediante una acción, un recurso destinado a cambiar las acciones o normas injustas. 

Con sus reconocibles monos rojos, se han especializado en lanzamientos de pintura o pintadas de spray en edificios públicos o de empresas colaboracionistas con Israel (de bancos a aseguradoras, pasando por medios de comunicación), en allanamientos de esos edificios, sentadas a las puertas con cadenas para mantener la protesta... El vandalismo es la más vistosa de sus herramientas. Se ve. Hace ruido. Tiene repercusión.

Inicialmente, sus ataques se dirigieron a las filiales británicas de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel, muy presente en el país. La primera acción potente de esta naturaleza se encuentra en septiembre de 2020, cuando los activistas ocuparon una de sus fábricas en Shenstone. Sin embargo, gradualmente, el movimiento expandió sus actividades y comenzó a dirigirse a empresas no necesariamente defensivas, pero que ayudan a sustentar la estructura de apoyo a Israel, desde lo financiero o lo empresarial y, claro, también lo empresarial.

En 2022, su gente ocupó un terreno perteneciente al grupo francés de defensa de los derechos humanos Thalès, en Glasgow, esta vez con bombas de humo y pancartas. Unas semanas después, otros dos activistas rociaron con ketchup una estatua del exprimer ministro británico Arthur Balfour, conocido por haber firmado un documento de 1917 que apoyaba la creación de un "hogar nacional para el pueblo judío" en Palestina. El origen de la cesión colonial de Londres a la comunidad judía, origen de la partición de la Palestina histórica por decisión de Naciones Unidas, ya en 1947.

Sus acciones se multiplicaron con el genocidio de Israel en Gaza, desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Han hecho desde pintadas en el Ministerio de Exteriores o la BBC a bloqueos de tiendas de capital israelí (como las dedicadas a productos cosméticos del ocupado Mar Muerto), pasando por una de las más curiosas: escribir en el césped del club de golf que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en Escocia, un recordatorio sobre su pretendida Riviera en Palestina. "Gaza no está en venta".