La amnistía de los presos se bloquea en Venezuela en mitad de una división chavista y de protestas opositoras
La presidenta Rodríguez promete "elecciones libres y justas" pero no da fecha, en el mismo día en el que recibe al secretario de Energía de EEUU, Chris Wright: se lo ha llevado de visita a una refinería de petróleo.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aplazó esta madrugada para la próxima semana el segundo y último debate necesario para aprobar el proyecto de ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999, mientras que la oposición retomó las calles del país para exigir la liberación de estos detenidos.
El Parlamento -controlado por el chavismo- aprobó hasta el artículo sexto de la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, al haber diferencias por el séptimo punto que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.
El artículo siete de este proyecto señala que la amnistía es para toda persona que se encuentre o pueda "ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos", siempre que "esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia" de la normativa.
El diputado opositor Luis Florido, de la fracción Libertad, indicó que había que modificar el artículo debido a que, a su juicio, la solicitud de presentación ante la Justicia implica ya un señalamiento como culpable a las personas que estén judicializadas. Esta redacción, entiende, podría excluir a todos los líderes opositores en el exilio, incluidos Edmundo González Urrutia (que fue el candidato disidente en las elecciones de 2024 y hoy está exiliado en España) y María Corina Machado (Premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia en el país y que salió en secreto del país para recoger su premio).
La organización no gubernamental Foro Penal expone que “estar a derecho o ponerse a derecho” significa que la persona tendría que presentarse ante tribunales o autoridades venezolanas, lo que podría ponerla en riesgo de ser detenida de inmediato. "Si la ley se aprueba cómo está, son muy claros, la persona va a venir a Venezuela y probablemente en el mismo aeropuerto va a ser detenida, va a ser privada de su libertad, sin garantías de que después se le decrete en su favor", consideró en la CNN su presidente, Gonzalo Himiob.
No hay unidad
El chavismo, en cambio, argumentó que la Constitución establece que las personas deben estar presentes en un proceso penal. Finalmente, el debate fue pospuesto, a petición del oficialismo y la oposición, para una siguiente sesión que se estima será el próximo jueves, después del festivo de Carnaval.
Pero es que entre ellos mismos hay fisuras. La detención de Nicolás Maduro a manos de EEUU el 3 de enero hizo que los que se quedaron en Caracas cerrasen filas con la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, por pura supervivencia, para que no les pase lo mismo. La mandataria ha acometido una reforma del gabinete, en busca de quedarse con los más cercanos, pero la Asamblea es otra cosa y los diputados están empezando a dividirse, entre los que acatan el gesto de apertura y los que lo creen excesivo; entre los que creen que quienes tengan delitos de sangre deben salir también y los que dicen que no.
Entre lo aprobado durante la sesión, la futura ley concede "una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal" establecidos en el texto, con el fin de "promover la paz social y la convivencia democrática".
Vuelve la protesta
Con motivo del Día Nacional de la Juventud, el Movimiento Estudiantil de Venezuela marchó este jueves en varias ciudades del país para exigir la liberación de todos los presos políticos, lo que representó una de las movilizaciones opositoras con mayor convocatoria desde hace poco más de un año.
Cientos de personas se congregaron en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, donde dirigentes estudiantiles y ciudadanos se movilizaron dentro y en las afueras del campus en Caracas.
"Ni uno, ni dos, que sean todos", corearon los manifestantes, en referencia al proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero, por el cual la ONG Foro Penal ha verificado 431 liberaciones hasta el 10 de febrero, mientras que estima que aún hay más de 600 encarcelados.
Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, aseguró que seguirán presionando "hasta que se restituyan todos los derechos civiles y políticos", mientras pidió que "cese la persecución" y lograr "garantías" que lleven al país a una "transición democrática".
En Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), estudiantes de la Universidad del Zulia (LUZ) también marcharon y exigieron ser incluidos en el debate por la amnistía.
Yeissel Pérez, presidenta de la FCU de LUZ, cuestionó que el liderazgo juvenil no fue convocado para la consulta pública del proyecto de ley, en la cual participaron académicos, ONG y familiares de presos políticos.

La angustia de las familias
Familiares de los presos políticos detenidos en el comando policial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como Zona 7 en el este de Caracas, hicieron una nueva protesta al final de la jornada a las afueras de esa sede para exigir que sean liberados sus parientes, así como para rechazar que se haya diferido el debate en el Parlamento.
Yessy Orozco, hija del exdiputado Fernando Orozco detenido en ese calabozo, indicó a EFE que se encadenarán a las afueras de la PNB hasta que liberen a todos los presos políticos de esa sede.
"Aquí vamos a permanecer encadenados, nadie entra, nadie sale, a menos que liberen a nuestros presos políticos, hasta que no salga el último de nuestros presos políticos en este centro penitenciario", añadió.
Orozco recordó que el pasado viernes el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, dijo que el proyecto de ley sería aprobado esta semana tras lo que luego iban a ser liberados todos los presos políticos.
Sobre esto, Petra Vera, familiar de otro detenido en Zona 7, exigió a Rodríguez que "cumpla su promesa". "Estamos protestando por la burla a la que hemos sido sometidos todos los familiares de los presos políticos de este centro penitenciario, lo consideramos una burla", declaró a la Agencia EFE.
Visita insólita y promesa sin fecha
La presidenta encargada de Venezuela, Rodríguez, aseguró mientras en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, esta noche, que el país caribeño tendrá "elecciones libres y justas", pero no ofreció ningún tipo de plazo para la celebración de comicios presidenciales. "Absolutamente, sí", respondió Rodríguez al ser preguntada por la posibilidad de que haya elecciones tras la captura y detención de Maduro por parte de Washington hace mes y medio.
"Las elecciones están contempladas en la Constitución. Y celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener un país libre y donde se pueda ejercer la justicia", apuntó Rodríguez, que añadió que el país debería quedar también "libre de sanciones" y del "acoso de la prensa internacional" para organizar esa votación.
La entrevista a NBC es la primera que concede la mandataria a un medio estadounidense tras la detención de Maduro.
La presidenta encargada aseguró también que "el calendario de las elecciones estará marcado y decidido por el diálogo político en este país", pero no se pronunció al ser preguntada si las presidenciales podrían ser dentro de tres años, como ha sugerido el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante su visita a Venezuela esta semana.
Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha entregado el mando de la transición a la exvicepresidenta chavista y asegurado que está supervisando a su Ejecutivo. Sin embargo, al ser preguntada por la influencia de Washington en la política que se está dictando desde Caracas, Rodríguez habló de la importancia de "desarrollar trabajo conjunto" y dijo que agradece el "nivel de cooperación" de la Casa Blanca.
La mandataria también aseguró que "sin duda alguna" Maduro sigue siendo "el presidente legítimo de Venezuela" y defendió que tanto él como su esposa, Cilia Flores, son inocentes de los cargos por conspiración y narcoterrorismo de los que los acusan las autoridades estadounidenses.
Rodríguez mencionó los informes de la ONU que apuntan que Venezuela "no es relevante" en el tráfico de drogas hacia EEUU, al contrario de lo que ha asegurado la Administración Trump, que acusó a Maduro de encabezar el Cartel de los Soles.
A su vez, la mandataria consideró que esta discrepancia entre Caracas y Washington a cuenta del rol que pudieron jugar Maduro y Flores en supuestas redes de narcotráfico "no es en absoluto difícil" gracias "a la diplomacia, el diálogo político y energético" que está teniendo lugar entre ambos países en las últimas semanas.
Tras la captura de Maduro, ambas partes acordaron que EEUU comercializaría unos 50 millones de barriles de crudo del país caribeño y que enviaría los ingresos al Gobierno venezolano.
El propio Chris Wright aseguró hoy que la facturación por estas ventas de crudo ya superan los 1.000 millones de dólares, y que la cifra podría quintuplicarse próximamente.
