Qué es Palestine Action, el grupo activista al que Reino Unido acusa de terrorismo

"Apoyo a Palestine Action. Si esto me hace partidaria de terrorismo, que así sea". Palabra de Sally Rooney, la escritora irlandesa del momento, un ciclón mundial gracias a obras como Normal People o Intermezzo y su relato de la generación millennial. Siempre ha sido una izquierdista reconocida y ha defendido la causa palestina, pero un artículo sin sombra de duda en el diario Irish Times ha ido más allá: ha dado su respaldo a una organización activista que acaba de ser vetada por Reino Unido, el país en el que está registrada, y explicitar en público ese apoyo supone un delito. Va de las palabras a los hechos: ha avanzado que destinará parte de sus ganancias obtenidas con los libros y adaptaciones televisivas a la organización, incluso. El Gobierno de Londres le avisa de que, si eso ocurre, cometerá un delito de terrorismo. Hasta 14 años es la pena que tiene aparejado. 

La de Rooney no es una pelea solitaria. Este lunes se conoció el arresto del guionista Paul Laverty, marido de Icíar Bollaín, acusado de terrorismo por llevar una camiseta de apoyo a dicha plataforma. Es sólo un nombre más conocido que el de los más de 700 detenidos que van ya por el mismo motivo, en buena medida, además, personas mayores que sólo piden que acabe el asedio de Gaza y que el Ejecutivo del laborista Keir Starmer se desvincule de Israel, con el que tiene una robusta relación armamentística. 

¿De dónde viene, entonces, la polémica? ¿Qué hace Palestine Action? ¿Es punible su batalla? ¿Hasta qué grado? ¿Se le ha tratado con verdadera justicia? Son numerosas las organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos y los grupos de juristas que ya han puesto en tela de juicio el veto del Gobierno supuestamente progresista, porque lo entienden excesivo, desproporcionado. Londres insiste en que tiene motivos de seguridad para estrechar el cerco sobre ellos. 

Estas son las claves de una polémica con un origen profundo y complejo: la complicidad de los gobiernos occidentales con Tel Aviv, su inacción para parar la masacre en Palestina desde 2023 y la petición de cuentas, creciente, por parte de la ciudadanía y el activismo. "No en mi nombre", como se lee en las pancartas.  

El origen de la pelea

Desde principios de julio, Acción Palestina está prohibida en el Reino Unido y clasificada como "organización terrorista". Cualquiera que brinde apoyo, especialmente financiero pero también una mera declaración o pancarta o participación en una sentada, se arriesga a una pena de hasta 14 años de prisión, en virtud del artículo 3 de la Ley de Terrorismo de 2020. La decisión fue propuesta por Starmer y su equipo y fue avalada también por el Parlamento, en el que el laborismo tiene mayoría absoluta desde las elecciones de julio del año pasado. 

Palestine Action no es una organización de nuevo cuño, surgida al calor de la ofensiva gazatí. Tiene ya cinco años de trabajo a sus espaldas. Desde que fue fundada en 2020, se ha convertido en un referente de la lucha por Palestina en las islas británicas, una de las voces más serias del llamado movimiento BDS (boicot, desinversión, sanciones) contra Israel. La activista Huda Ammori, nacida en Reino Unido de padre palestino y madre iraquí, fue su creadora, desencantada de los escasos logros de ese movimiento en su país. Se inició en la Campaña de Solidaridad con Palestina, el mayor grupo nacional dedicado a la causa palestina, pero vio que, como mucho, hacían protestas, repartían pasquines y presionaban a algunos parlamentarios. Quería más, como ha explicado en diversas entrevistas. 

Fue entonces cuando se asoció con Richard Barnard. Si ella apenas es treintañera, Barnard es un histórico de las movilizaciones sociales de Reino Unido, impulsor sobre todo de Extinction Rebellion, el más impactante movimiento reciente de lucha contra el cambio climático y que ha llegado incluso a España. La idea común era no sólo protestar por los derechos de los palestinos o promover el aislamiento de Israel sino señalar en público la connivencia de su Gobierno con Tel Aviv. La venta de armas estaba en su principal diana. 

El Gobierno del Reino Unido no vende directamente armamento a Israel, sino que se limita a conceder licencias de exportación a empresas armamentísticas. En la actualidad hay concedidas 350 licencias, dicen los grupos de denuncia. Aunque Londres ha limitado parcialmente algunos envíos por si se usaban en crímenes de guerra en Gaza, hay confirmación de que sigue el envío de "bombas, granadas, torpedos, minas, misiles y municiones de guerra similares, y sus componentes". Lo ha informado la propia Autoridad Tributaria de Israel.

El año pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó dos fallos que obligaban a los gobiernos, incluido el del Reino Unido, a actuar para prevenir el riesgo plausible de genocidio en Gaza y a abstenerse de brindar apoyo económico o político a la ocupación israelí. Fue entonces cuando el gabinete británico suspendió 30 licencias de exportación de armas a Israel, sancionó a dos ministros israelíes de extrema derecha y suspendió las conversaciones para mejorar las negociaciones comerciales. La cooperación comercial y militar con Israel continúa y Reino Unido sigue suministrando piezas para los aviones F-35 utilizados por Israel para bombardear la franja palestina.

Palestine Action celebra protestas, pone carteles, reparte trípticos, pero eso es lo más superficial de su lucha. Inspirándose en las acciones de los preservacionistas, ha recurrido a la desobediencia civil, lo que implica la violación de una ley mediante una acción, un recurso destinado a cambiar las acciones o normas injustas. Con sus reconocibles monos rojos, se han especializado en lanzamientos de pintura o pintadas de spray en edificios públicos o de empresas colaboracionistas con Israel (de bancos a aseguradoras, pasando por medios de comunicación), en allanamientos de esos edificios, sentadas a las puertas con cadenas para mantener la protesta... El vandalismo es la más vistosa de sus herramientas. Se ve. Hace ruido. Tiene repercusión. 

Inicialmente, sus ataques se dirigieron principalmente a las filiales británicas de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel, muy presente en el país. La primera acción potente de esta naturaleza se encuentra en septiembre de 2020, cuando los activistas ocuparon una de sus fábricas en Shenstone (centro). Sin embargo, gradualmente, el movimiento expandió sus actividades y comenzó a dirigirse a empresas no necesariamente defensivas, pero que ayudan a sustentar la estructura de apoyo a Israel, desde lo financiero o lo empresarial y, claro, también lo empresarial. 

En 2022, su gente ocupó un terreno perteneciente al grupo francés de defensa de los derechos humanos Thalès, en Glasgow, esta vez con bombas de humo y pancartas. Unas semanas después, otros dos activistas rociaron con ketchup una estatua del exprimer ministro británico Arthur Balfour, conocido por haber firmado un documento de 1917 que apoyaba la creación de un "hogar nacional para el pueblo judío" en Palestina. El origen de la cesión colonial de Londres a la comunidad judía, origen de la partición de la Palestina histórica por decisión de Naciones Unidas, ya en 1947. 

El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó su oleada de ataques contra Israel, dejando 1.200 asesinados y 250 secuestrados, y de inmediato el Ejército de Israel inició una ofensiva contra Gaza que va camino de los dos años y acumula 62.000 muertos al menos. La nueva etapa en la invasión está en marcha. La concienciación mundial sobre la causa palestina se ha disparado en estos meses y las acciones de esta organización se han multiplicado, también. Según un recuento del diario The Sunday Times, si la organización ejecutó 17 acciones en 2020, su año de creación, en 2014 ya fueron 170. De pintadas en el Ministerio de Exteriores o la BBC al bloqueo de tiendas de capital israelí (como las dedicadas a productos cosméticos del ocupado Mar Muerto), pasando por una de las más curiosas: escribir en el césped del club de golf que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en Escocia, un recordatorio sobre su pretendida Riviera en Palestina. "Gaza no está en venta". 

La decisión de Starmer

Hay que remontarse al pasado 20 de junio para dar con la acción definitiva que llevó a Starmer a dar un puñetazo sobre la mesa y proceder contra Palestine Action: varios activistas de la organización se infiltraron en la mayor base aérea de Reino Unido, la de Brize Norton, y dañaron dos aeronaves militares. La policía estimó los daños en siete millones de libras (ocho millones de euros al cambio). Las imágenes de la agresión mostraban a la vez la fragilidad de su seguridad y los lazos aún sin romper. Todo un golpe de efecto que el premier quiso castigar. 

El primer ministro exigió inmediatamente la prohibición de la entidad y su solicitud fue atendida pocos días después por el Parlamento británico, que incluyó al grupo en la lista de "organizaciones terroristas". Su nombre aparece ahora junto a los de grupos islamistas como el propio Hamás, Al-Qaeda o el ISIS, además del grupo de mercenarios ruso Wagner y ciertos de grupos neonazis y supremacistas blancos. En total, hoy hay en esa lista 84 organizaciones. 

Es la primera vez que un grupo de protesta de acción directa es procesado por este supuesto delito y la decisión tiene consecuencias de enorme alcance: ahora está prohibido mostrar cualquier tipo de apoyo al grupo, ni siquiera una camiseta con el logotipo será admitido por las autoridades, y menos ser miembro de la organización o financiarla. 

Lo que argumenta el Ministerio del Interior es que el grupo "ha orquestado una campaña nacional de acciones criminales contra empresas e instituciones, incluyendo importantes contratistas nacionales de infraestructura y defensa", según declaraciones de su titular, Yvette Cooper, en la Cámara de los Comunes. "Sus actividades han aumentado en frecuencia y gravedad desde principios de 2024, y sus métodos se han vuelto más agresivos, con sus miembros dispuestos a recurrir a la violencia", añadió.

El pasado 9 de agosto, una nueva protesta de la plataforma acabó con el arresto de 532 personas, dejando imágenes de violencia policial que han dado la vuelta al mundo. Cooper defendió la contundencia de las actuaciones e insistió en que algunos de sus partidarios "no conocen la naturaleza completa" del grupo, en que ha estado "involucrado en ataques violentos" y ha causado "daños criminales importantes contra la infraestructura de seguridad nacional". Citó a la prensa, el pasado 12 de agosto, que el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo ve a Palestine Action detrás de hasta tres actos terroristas separados, aunque se negó a decir cuáles son. 

Cada vez que se le ha preguntado por qué no da detalles de esos actos o de la gravedad del daño causado, la ministra dice lo mismo: la investigación en curso no lo recomienda. "Palestine Action ha sido proscrita basándose en fuertes recomendaciones de seguridad", tras ataques que "implicaron violencia, lesiones considerables y cuantiosos daños criminales", declaró. "Las evaluaciones son muy claras (...). Pero es realmente importante que nadie dude de que esta no es una organización no violenta", zanja. 

Las reacciones

Ha sido masivo el rechazo de organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho, que como poco ponen en tela de juicio que se pueda comparar a un grupo activista con unos terroristas que proclaman la guerra santa. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, la prohibición plantea serias preocupaciones sobre la aplicación de las leyes antiterroristas a actos que no constituyen terrorismo, recordando que, según las normas internacionales, los actos terroristas deben limitarse a delitos penales destinados a causar la muerte o lesiones graves, o a la toma de rehenes, con el fin de intimidar a la población o coaccionar a un gobierno. Hasta el momento, los activistas no han causado heridos y esa es una de las bases de su recurso a la medida de Starmer, Su apelación está prevista para noviembre.

Sacha Deshmukh, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Reino Unido, también habla de una respuesta desproporcionada a las protestas y boicots. "Llevamos mucho tiempo criticando la ley antiterrorista del Reino Unido por ser excesivamente amplia y vaga, y por suponer una amenaza para la libertad de expresión. Estas detenciones demuestran que nuestras preocupaciones estaban justificadas", indica. 

Además, en una carta abierta publicada en el diario The Guardian, 52 académicos y escritores, como las filósofas Judith Butler y Angela Davis, instaron al Gobierno a revertir su postura. Entienden que su decisión constituye "un ataque tanto a todo el movimiento propalestino como a las libertades fundamentales de expresión, asociación, reunión y manifestación".

Prohibir a un grupo que lleva a cabo acciones directas es una medida sin precedentes y supone un retroceso significativo para las libertades civiles, entienden también los juristas y abogados. Confundir protesta con terrorismo, dicen, se parece más a un sistema autoritario. Estos días se ven protestas de apoyo al grupo en las que los participantes muestran folios en blanco, por ejemplo, exactamente igual que las que se hacen en Rusia contra la guerra de Ucrania. Ponen en duda que ahora Reino Unido sea un estado de derecho, incluso. 

La Asociación Internacional de Abogados, con sede en Londres, ha difundido las contundentes valoraciones de varios de sus miembros. "Que se proscriba a Palestine Action principalmente por sus protestas que causan daños a la propiedad (y a la propiedad que cae directamente dentro del objetivo de su protesta, no a infraestructura pública aleatoria o no atacada, por ejemplo) es un cambio importante y peligroso en la ley", dice Martha Spurrier, abogada de derechos humanos y ex directora del grupo de defensa Liberty. Entiende que "resulta extrañamente inapropiado" toparse con esta asociación en una web gubernamental que enumera "grupos terroristas internacionales proscritos". 

Palestine Action es "un grupo propalestino cuyo objetivo declarado es apoyar la soberanía palestina mediante tácticas de acción criminal directa para detener la venta y exportación de equipo militar a Israel" y busca "impedir que objetivos militares en el Reino Unido faciliten graves abusos del derecho internacional". "El Gobierno ignora que el objetivo de la organización es la aplicación del derecho internacional", ensalza, reclamando evidencias que sustenten lo que dice Interior. 

Toby Cadman, miembro del Consejo Asesor del Comité de Crímenes de Guerra de la asociación considera que la proscripción se utiliza "como un instrumento contundente para silenciar ciertas voces sobre Palestina en un momento en que la opinión pública y la política gubernamental están profundamente enfrentadas". Una encuesta reciente de YouGov reveló que el 55% de los ciudadanos del país se opone a las acciones de Israel en Gaza.

Según la legislación del Reino Unido, los daños graves a la propiedad sin intención de causar daño a las personas pueden considerarse terrorismo. Sin embargo, Susan Kemp, miembro del Consejo del Instituto de Derechos Humanos de la misma asociación, explica que "la magnitud de los daños a la propiedad que se prevé que causen terror entre la población civil es de otro orden, hay ejemplos incluyen un bombardeo aéreo o la quema de viviendas, negocios, suministros de energía y agua, o cultivos después de que la población se haya marchado". 

Y se puede acusar a personas de delitos terroristas sin necesidad de proscribir a toda una organización y a sus simpatizantes, además. Cadman afirma que ampliar los poderes antiterroristas "para silenciar movimientos de protesta disruptivos, pero no letales" es una "justificación alarmante en una democracia". En su opinión, la proscripción "redefine efectivamente los actos de protesta y desobediencia civil como amenazas a la seguridad, lo que desplaza el debate de la política a la actuación policial".

Los especialistas esperan más explicaciones del Gobierno, serias y verificables, que den cuenta de si se amolda o no lo ocurrido a la definición de terrorismo. Avisan, de paso, de que el riesgo de detenciones arbitrarias o excesivas, los vetos en redes sociales y las limitaciones a la libertad de expresión que está generando esta persecución tampoco son despreciables y las estarán revisando con lupa, por la erosión democrática que pueden causar.