Un genocidio "lucrativo para muchos": Francesca Albanese denuncia ante la ONU el colaboracionismo empresarial con Israel
La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967 pide "que investiguen y procesen a los ejecutivos y/o entidades corporativas por su participación en la comisión de crímenes internacionales y el lavado de los ingresos provenientes de esos crímenes".

La pregunta que se incrusta en cada vez más mentes a lo largo del planeta, por qué continúa el genocidio perpetrado por Israel en Palestina, tiene desde esta semana una respuesta. Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, acaba de publicar un exhaustivo informe tras investigar "la maquinaria corporativa que sustenta el proyecto israelí" en Palestina. La conclusión de dicha investigación es nítida. ¿Por qué continúa el genocidio? "Porque es lucrativo para muchos".
Según Naciones Unidas, mientras diferentes líderes políticos y Gobiernos del mundo "eluden sus obligaciones", hay "demasiadas entidades corporativas que se han beneficiado de la economía israelí de ocupación ilegal, apartheid y, ahora, genocidio". Estas sociedades, detalla la ONU, no son solo fabricantes de armas o empresas especializadas en material de defensa. Hay también tecnológicas, constructoras, industrias extractivas y de servicios, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades e incluso organizaciones benéficas religiosas. Tal y como denuncia la relatora especial, es correcto asegurar que todas las que han mantenido y mantienen vivas sus actividades y relaciones con Israel "han contribuido conscientemente al [...] mantenimiento de una ocupación ilegal y a crímenes de apartheid y genocidio".
La ONU hace una analogía de todo este conglomerado de entidades con el consorcio IG Farbenindustrie, una agrupación de compañías químicas que durante el nazismo produjo, entre muchas otras cosas, el gas utilizado en las cámaras de exterminio. En los famosos juicios de Nuremberg, un total de 24 directivos de dicha asociación empresarial fue acusado de crímenes de guerra y muchos de ellos, condenados por esclavismo, torturas y asesinatos en masa. De igual modo, Naciones Unidas utiliza el ejemplo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, que "ayudó a dar forma a la responsabilidad corporativa por las violaciones de los derechos humanos". Para la relatora especial de la ONU, el fin real del genocidio no llegará "sin exigir responsabilidades al sector privado, incluidos sus ejecutivos", unas obligaciones que reconoce el derecho internacional. "Es un paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema global que lo ha permitido", asegura el informe.
Una colaboración histórica
La colaboración empresarial con "el proceso de desplazamiento y reemplazo de la población árabe" en Palestina ha sido "históricamente [...] fundamental para la lógica de borrado del colonialismo". El Fondo Nacional Judío, una entidad corporativa de compra de tierras fundada en 1901, "ayudó a planificar y llevar a cabo la expulsión gradual de los palestinos árabes, que se intensificó con la Nakba [1948] y ha continuado desde entonces". Israel, sobre todo a partir de 1967, se valió de la ayuda de las corporaciones para perseguir el desplazamiento de los palestinos.
Gracias a esta longeva relación, Israel pudo disponer de las armas y la maquinaria necesarias "para destruir viviendas, escuelas, hospitales, lugares de ocio y culto, medios de vida y activos productivos, como olivares y huertos, para segregar y controlar comunidades, y restringir el acceso a los recursos naturales". "Al ayudar a militarizar e incentivar la presencia ilegal israelí en el territorio palestino ocupado – amplía el informe – el sector corporativo ha contribuido a la creación de las condiciones para la limpieza étnica palestina".
Pero, de nuevo, no solo las armas son útiles para el desplazamiento, si bien "la violencia militarizada creó el Estado de Israel y sigue siendo el motor de su proyecto colonial". Los fabricantes de armas israelíes, pero también internacionales utilizan los territorios palestinos como un campo de pruebas para desarrollar "sistemas cada vez más eficaces". "Al colaborar y competir, han perfeccionado tecnologías que permiten a Israel intensificar la opresión, la represión y la destrucción", relata la ONU.
No obstante, en este contexto las armas no son solo eso que dispara y mata. Existen otros sistemas que también facilitan y profundizan en el desplazamiento. La relatora especial de la ONU señala a empresas tecnológicas como Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Palantir o IBM como suministradores de "armas de doble uso". "Impulsado por gigantes tecnológicos de Estados Unidos que establecen filiales y centros de investigación y desarrollo en Israel, las afirmaciones del país sobre las necesidades de seguridad han impulsado desarrollos sin precedentes en los servicios carcelarios y de vigilancia, desde redes de televisión de circuito cerrado (CCTV), vigilancia biométrica, redes de puestos de control de tecnología avanzada, muros inteligentes y vigilancia con drones, hasta computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos en apoyo al personal militar sobre el terreno".
Para hacer efectiva primero la destrucción, luego el desplazamiento y al final, los nuevos asentamientos, Israel también se ha servido de "tecnologías civiles". "Las operaciones militares israelíes dependen en gran medida de equipos de los principales fabricantes mundiales para 'liberar' a los palestinos de su tierra" a través de "demolición de viviendas, edificios públicos, tierras de cultivo, carreteras y otras infraestructuras vitales". Desde el mes de octubre de 2023, "esta maquinaria ha sido fundamental para dañar y destruir el 70% de las estructuras y el 81% de las tierras de cultivo de Gaza". En este apartado, la relatora especial de Naciones Unidas señala a empresas como Caterpillar, Hyundai o Volvo, pero también a la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).
Tal y como recuerda Naciones Unidas, CAF "se unió a un consorcio con una empresa que figura en la base de datos de ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) para mantener y ampliar la Línea Roja del Tren Ligero de Jerusalén y construir la nueva Línea Verde en un momento en el que otras empresas se habían retirado debido a la presión internacional". Ambas líneas "incluyen 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, conectando las colonias con Jerusalén Occidental".
Desde noviembre de 2023 y hasta octubre de 2024, Israel ha establecido 57 nuevas colonias y puestos de avanzada, algo que exige también la necesaria implicación de empresas estatales, pero también internacionales que suministran maquinaria, materias primas y apoyo logístico. Gracias a estos nuevos establecimientos colonos, Israel puede ahondar en el control de los recursos naturales palestinos, algo que realiza desde 1967. A partir de entonces, según denuncia la relatora especial de la ONU, "Israel ha ejercido un control sistemático sobre los recursos naturales palestinos, construyendo infraestructura que integró sus colonias a los sistemas nacionales israelíes y afianzó la dependencia palestina de ellas". Los palestinos están a expensas de Israel si necesitan agua, electricidad, gas, combustible, etc.
Y ya no es solo que controlen sus recursos naturales, sino que Israel, con apoyo empresarial, hace también negocio con "los frutos de la ilegalidad". "La agroindustria ha prosperado gracias al extractivismo y la apropiación de tierras liderados por Israel, produciendo bienes y tecnologías que sirven a los intereses coloniales israelíes, expandiendo su dominio del mercado y atrayendo inversión global mientras borra los sistemas alimentarios palestinos y acelera el desplazamiento", recoge el informe, que denuncia que muchos países no distinguen entre los productos que vienen de Israel y los que tienen su origen en las colonias. "Incluso en la Unión Europea, donde se exige el etiquetado, estos productos todavía están permitidos en el mercado, y la responsabilidad recae en los consumidores desinformados. Dada la ilegalidad de las colonias según el derecho internacional, estos productos no deberían comercializarse en absoluto", solicita el departamento liderado por Albanese.
El intento de blanqueo de una situación de ilegalidad es tal que la ONU habla incluso de "turismo de ocupación". Empresas como Booking o Airbnb "publican propiedades y habitaciones de hotel en colonias israelíes".
Las instituciones financieras y académicas son también colaboradores necesarios para el reemplazo palestino. Mientras bancos, gestoras de activos, fondos de pensiones y aseguradoras "han canalizado fondos hacia la ocupación ilegal, [...] las universidades han mantenido la ideología política que sustenta la colonización de tierras palestinas". No obstante, en su investigación, Albanese reconoce "la vital labor de estudiantes y personal universitario para exigir responsabilidades" y denuncia “la represión contra los manifestantes en los campus", cuyo objetivo es el de “proteger a Israel y los intereses financieros institucionales" más que "combatir el presunto antisemitismo".
¿La solución? Más que un embargo
A partir de sus conclusiones, la relatora especial de Naciones Unidas insta a todos los Estados Miembros a "imponer sanciones y un embargo total de armas a Israel, incluidos todos los acuerdos existentes y artículos de doble uso, como tecnología y maquinaria pesada civil". Albanese pide, además, "suspender o impedir todos los acuerdos comerciales y relaciones de inversión, e imponer sanciones, incluida la congelación de activos, a entidades e individuos involucrados en actividades que puedan poner en peligro a los palestinos" y "garantizar que las entidades corporativas se enfrenten a procedimientos legales por su participación en violaciones graves del derecho internacional".
Francesca Albanese se dirige también hacia las propias empresas colaboracionistas. Les solicita poner fin "de inmediato todas las actividades comerciales y terminar las relaciones" y "pagar reparaciones al pueblo palestino". Al mismo tiempo, solicita a la Corte Penal Internacional y a los poderes judiciales nacionales "que investiguen y procesen a los ejecutivos y/o entidades corporativas por su participación en la comisión de crímenes internacionales y el lavado de los ingresos provenientes de esos crímenes".