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10/03/2015 07:42 CET | Actualizado 09/05/2015 11:12 CEST

Defender la convivencia: afirmar Europa

Håkan Dahlström via Getty Images
EU - European Union Flag

El pasado 19 de noviembre, el Parlamento Europeo anunciaba la concesión de su Premio Ciudadano Europeo a la entidad Societat Civil Catalana (SCC).

Fundada en abril de 2014, SCC surgió como reacción espontánea de la ciudadanía de Cataluña para defender los principios de una sociedad abierta y combatir el secesionismo del actual gobierno regional. Un proyecto que azuza el enfrentamiento entre catalanes y demás españoles y que amenaza con quebrar la cohesión de la propia sociedad catalana.

En muy poco tiempo, SCC ha sido capaz de liderar la resistencia civil al secesionismo gobernante, minoritario pero cada vez más hostil a la diversidad, al debate público y a la expresión misma de la discrepancia. Un secesionismo gobernante que se sitúa por encima de las leyes democráticas que limitan y regulan su ámbito de acción, que desprecia el principio de neutralidad exigible a toda Administración pública y que no duda en movilizar todos los recursos a su disposición, tanto públicos como privados, al servicio de su agenda excluyente.

Ante esta deriva, SCC se ha consolidado como punto de encuentro en Cataluña para demócratas de todas las ideologías, unidos por un mismo compromiso con una Cataluña plena y plural desde todos sus ángulos, moderna y abierta al futuro, dispuesta a integrarse y hacer crecer los proyectos colectivos en que ya estamos inmersos: una España más unida, una Unión Europea más ambiciosa.

En este contexto, el reconocimiento de la democracia europea a la labor de SCC tiene una gran relevancia política por tres motivos:

Primero, porque reafirma el vínculo entre integración europea y combate por los derechos y las libertades cívicas, la autonomía de la sociedad civil ante el poder político y la vigilancia contra las tentaciones de someter la primera a las pulsiones arbitrarias del segundo. La historia de Europa es, en buena medida, la de un largo y difícil combate por limitar la arbitrariedad del poder y preservar de éste los derechos y las libertades individuales. La situación en Cataluña indica hasta qué punto esas conquistas son frágiles. Por tanto, la vigilancia cívica e independiente que ejercen en toda Europa entidades como SCC, son más necesarias que nunca.

Segundo, porque es un oportuno recordatorio sobre la naturaleza de la Unión Europea, que no es una mera agregación de Estados sino un proyecto político de democracia extensa y ciudadanía común, vinculado a los valores de convivencia, pluralidad e imperio de la ley democrática. Principios todos de la sociedad abierta que queremos ver consolidada en Europa, incompatibles con la ruptura de un Estado democrático europeo. No hay lugar para un proyecto identitario que rompe, enfrenta y divide en una Europa construida precisamente para superar viejas rupturas.

Tercero, porque la situación catalana y los riesgos de fractura social que acarrea no son anecdóticos en Europa. Más bien, suponen la manifestación local de un malestar identitario más amplio, presente en sus diversas formas en todo el Continente. Un malestar cuya traducción política (nacionalista, populista, xenófoba) supone un ataque frontal a la noción de ciudadanía europea, a los Estados constitucionales y de Derecho en que ésta se encarna. Y en último término, erosiona el proyecto de paz, convivencia y futuro común que representa la Unión Europea.

La acción de SCC es local y es europea; el riesgo secesionista que combate es una muestra de los fantasmas y riesgos identitarios que la integración europea pretende conjurar. En ese sentido, el Premio Ciudadano no sólo reconoce la labor de SCC. También actualiza el ideal de unidad en la diversidad que está en el horizonte del proceso de construcción europea: una Europa que supere las divisiones entre pueblos y que sea una verdadera Europa de los ciudadanos.

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