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17/09/2013 07:28 CEST | Actualizado 16/11/2013 11:12 CET

Una Europa de Derechos

En junio, días antes de la reunión del Consejo Europeo, tuvo lugar en Bruselas la primera cumbre ciudadana europea. Esta reunión ciudadana paralela quería llenar un vacío democrático en la toma de decisiones en Europa. Buscaba aportar y hacer llegar a las y los presentes ese debate participativo.

En junio, días antes de la reunión del Consejo Europeo, tuvo lugar en Bruselas la primera cumbre ciudadana europea. Esta reunión ciudadana paralela quería llenar un vacío democrático en la toma de decisiones en Europa. Buscaba aportar y hacer llegar a las y los líderes presentes en la cumbre oficial ese debate participativo e incluyente que las cumbres europeas han descuidado durante demasiado tiempo.

Allí nos reunimos más de 400 personas procedentes de organizaciones y movimientos sociales ecologistas, de desarrollo, feministas, culturales, de salud, educación, de derechos humanos... de toda Europa. Más allá de los diferentes enfoques y formas de hacer de cada una, lo que quedó claro fue que todas queremos la misma Europa: una Europa democrática, de la solidaridad, la igualdad, la justicia social y los derechos humanos.

No nos lo inventamos: esos son los valores fundacionales sobre los que se construyó Europa, y que han sido plasmados en el papel en la documentación y la legislación marco europeas.

Desde los inicios de la Unión, estos valores han estado presentes en nuestro imaginario colectivo. Han sido y son una referencia para la ciudadanía y la sociedad civil organizada europeas. Eran una garantía, y un motivo de orgullo para la ciudadanía.

En los últimos tiempos oímos en los medios que en Europa aumenta la xenofobia, los sentimientos nacionales y el descrédito de la Unión. Lo que está en cuestión, en el fondo, es el abandono actual de esos valores: la ciudadanía observa en cada noticia sobre economía, sobre intervenciones de bancos o Estados, sobre retrocesos en derechos, sobre migraciones, que esos valores en los que todos y todas coincidimos, han sido dejados de lado en la práctica política y económica de la Unión.

El respeto a los DDHH, en concreto (incluyendo los económicos, sociales y culturales) tiene que ser "defendido activamente" tanto dentro de las fronteras de la UE como en las relaciones con terceros países. Y en cambio, se están produciendo cambios en la política de la UE en materia de migración, asilo, discriminación e intolerancia, y lucha contra el terrorismo que atentan gravemente contra estos valores.

En la práctica, en 2012 "la protección de los derechos humanos fue rara vez una prioridad para la UE, sobre todo cuando los perjudicados eran grupos marginados o impopulares, como los romaníes, los inmigrantes y los solicitantes asilo".

El caso de las migraciones y las peticiones de asilo es el ejemplo más sangrante de cómo el respeto a los DDHH pasa a segundo plano cuando la economía lo impone: El trato que se da a quienes arriban a nuestras costas de forma irregular, demasiado a menudo es vejatorio, se siguen produciendo deportaciones automáticas que no respetan las leyes de asilo, reclusiones forzadas en Centros de Internamiento en condiciones degradantes... Otro ejemplo nos lo da el hecho de que todavía hoy, con la catástrofe humanitaria estallando en Siria, 11 países Schengen siguen pidiendo visado a los refugiados de esta nacionalidad.

En resumen, se dejan de lado los valores con los que nos reconocemos y que nos cohesionaban, que hacían que pertenecer a una Europa que ondeaba el estandarte del Estado Social de Derecho y del respeto a los Derechos Humanos, supusiera un motivo de orgullo. A cambio se adoptan criterios economicistas y de mercado, en los que la ciudadanía no se reconoce, y que además atentan directamente en contra de esos valores fundacionales: en casos como España y otros países del sur de Europa, esos criterios impuestos por la pertenencia a la UE están suponiendo impactos graves en el estado social de derecho, en la dignidad humana y en las formas de vida de millones de personas. En el resto de Europa, se presenta a estos países como un lastre que grava su desarrollo social y económico. No es extraño, pues, que unida únicamente por una moneda y unos criterios económicos con los que casi nadie se reconoce, el sueño europeo esté perdiendo fuelle y empiece a parecer un espejismo.

No es esa, desde luego, la mejor forma de cohesionar y de construir una identidad ciudadana europea común. Lo demuestra este dato: hoy en día sólo el 33% de los ciudadanos de la UE confía en las instituciones europeas. 24 puntos menos que en 2007. Este dato muestra una crisis de legitimidad y un fracaso de las políticas y del discurso institucional y político europeo de los últimos tiempos. Ese discurso que nos presenta una falsa dicotomía: en nombre de la crisis económica y de la austeridad, se está erosionando nuestro medio ambiente, nuestra salud, nuestra protección social, los avances en la igualdad de género y los derechos humanos, nuestros sistemas educativos, nuestra cultura y nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas.

En los niveles nacionales, a lo largo de toda Europa, desde las democracias nórdicas más consolidadas hasta los países mediterráneos que sufren el impacto de las políticas "de austeridad", los discursos xenófobos, populistas y nacionalistas están ganando terreno por parte de algunos partidos oportunistas, que aprovechan el cambio de rumbo de la UE y el descontento ciudadano para que su mensaje cale. En España además aumenta el desgaste y el desinterés en "la política" y el descontento con "los políticos". Pero en cambio se siente que está aumentando el interés y la implicación en "lo político".

En la práctica, las personas, organizaciones y movimientos ciudadanos que creemos en los valores de democracia, igualdad, justicia social y en los derechos humanos, tenemos una base sólida para seguir trabajando juntas y reivindicarlos como bandera identitaria. Una Europa más allá del Euro sólo se puede lograr mediante la participación activa de la ciudadanía, y eso está empezando a ocurrir.

Esto es un motivo para el optimismo: independientemente de las directrices y las políticas de sus dirigentes, la ciudadanía europea sigue creyendo en y queriendo construir una Europa diferente. El descrédito de la política tradicional y de unas instituciones que a menudo sólo permiten una participación cada cuatro años, está dando paso a una nueva concepción de lo político: la gente quiere participar en los procesos que dan forma a sus vidas.

Por eso, cada vez más, la ciudadanía busca nuevos canales de expresión y participación ciudadana, política. Y cuando no existen, los crean, en un ejercicio de creatividad, de colaboración, de participación y de co-creación: asambleas y cumbres sociales, plebiscitos ciudadanos, manifiestos, iniciativas legislativas... La energía y el compromiso que se respiraba en esta Cumbre Ciudadana Europea, es la misma que alienta cada asamblea de barrio, cada manifestación, cada escrache pacífico y cada tuit indignado en las redes sociales.

En el marco institucional, las Iniciativas Ciudadanas Europeas son un nuevo espacio de participación, que está siendo bien acogido por la ciudadanía. De hecho, es la primera forma de participación ciudadana directa en una instancia supranacional. Se definió en el Tratado de Lisboa de 2007, y desde que entró en funcionamiento en abril de 2012, las ICE permiten presentar peticiones legislativas formales a las instituciones de la UE sobre cualquier asunto, siempre que sea de su competencia. Para que una iniciativa tenga validez y sea examinada por la Comisión Europea tienen que contar con el apoyo de al menos un millón de firmas en al menos siete estados miembros de la Unión.

La ICE es una herramienta que puede ayudar a democratizar Europa: permite que sea la ciudadanía quien se dirija al Ejecutivo europeo con una petición, y es la propia ciudadanía quien organiza la recogida de firmas por toda Europa, lo que aumenta el intercambio y la colaboración con otros estados de la UE.

¿Quién dice que a la gente no le interesa la política? En cuanto hay una herramienta la usamos: A día de hoy, año y medio después de la entrada en vigor de la ICE se han presentado 28 propuestas. 11 han sido rechazadas por la Comisión y no se han podido registrar, por considerar que la Unión Europea no tendría competencias para regular las propuestas. Las restantes 17 están activas y solicitando firmas, con resultados todavía desiguales.

Un caso claro de éxito es la ICE Right to Water, que consiguió reunir 1.857.605 firmas a lo largo de toda Europa para que el agua sea contemplada como un derecho humano y no como una mercancía, e impedir que sea un bien comercial sujeto a las leyes de mercado a través de las concesiones. También promueve que el suministro de agua y el saneamiento sean blindados como servicios públicos esenciales para todos y todas.

Pasará algún tiempo antes de que el Derecho al Agua se vea concretado en la regulación europea, pero la presión ciudadana ya ha tenido sus primeros éxitos para la gestión pública del agua en Europa: se ha conseguido que el agua y el saneamiento queden fuera de la Directiva europea sobre Concesiones, la norma que regula la privatización a través de contratos de las Administraciones con empresas sobre servicios de interés público. El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha admitido que el éxito de la ICE Right to Water ha influido en esta decisión. Una vía de participación institucional que ha sido aprovechada con éxito, gracias a la colaboración en la firma y difusión de la iniciativa por parte de sindicatos, organizaciones no gubernamentales, partidos de izquierda o ecologistas, movimientos sociales y personas individuales. Una prueba de que la ciudadanía está tomando la iniciativa en lo político, y de que quienes hacen política oficial están empezando a escucharnos.

Las elecciones europeas de 2014 serán otra oportunidad para hacer que las instituciones escuchen y entiendan a su ciudadanía. Que despierten a lo que importa a la gente real, y de que se aseguren de que sus esperanzas, sus temores y sus prioridades se ponen por encima de las grandes empresas y de unos mercados sin rostro. El éxito de la cita con las urnas depende de que las instituciones europeas sepan reconectar con la ciudadanía. Ésto ha de significar primero escucharla, para asumir sus prioridades y defender sus intereses.

Y cuando se afina el oído, se escucha una melodía interesante: la de las numerosas propuestas que surgen de los distintos colectivos ciudadanos, con iniciativas concretas y variadas para mejorar la vida de las personas y la protección del entorno: desde el establecimiento de una renta básica, la exigencia de transparencia política y económica, la garantía de servicios públicos adecuados, la reducción de las desigualdades y la mejora de la integración, a la justicia e igualdad de género real y duradera, pasando por mayores niveles de protección del medio ambiente, un comercio mundial justo y humano, y el pleno respeto del derecho de las ciudadanía participar en la vida social, política y cultural. Todo un marco de exigencias y propuestas del que la UE y sus instituciones deberían estar tomando buena nota.

Para todo ello, el único criterio económico que ha de primar es la generación del tipo de prosperidad económica capaz de suministrar el bienestar, la cohesión social y el empleo de calidad - tanto dentro como fuera de las fronteras europeas - de una manera que reduzca la pobreza y mejore la protección del medio ambiente.

En estos tiempos de grandes incertidumbres, lo que sí parece claro es que "business as usual is no longer an option". Como nos recordó Saskia Sassen en la Cumbre Ciudadana Europea: "La UE está obligada a mirar hacia atrás en el proyecto de consolidación de la paz que nos unió justo después de la Segunda Guerra Mundial y empezar a pensar en los europeos y europeas como 500 millones de ciudadanos, no como 500 millones de consumidores".