Pero... ¿cuándo se jodió el oasis de derechos de la UE?

Tras el transcurso de dos años desde su aprobación definitiva por el Parlamento Europeo (PE), concluida su negociación en el último minuto útil de la Presidencia española del Consejo de la UE (diciembre de 2023), las ocho leyes europeas (Reglamentos) que componen el Pacto UE de Migraciones y Asilo entraron definitivamente en vigor el pasado 12 de junio.

Durante todo este tiempo, el PE ha mantenido su control sobre el Consejo (reunión de los Gobiernos de los Estados miembros/EEMM) y la Comisión Europea, guardiana de los Tratados y del Derecho de la UE, en el marco del Asylum Contact Group. Sus reuniones quincenales han sostenido la presión sobre las obligaciones jurídicas impuestas por el Pacto UE, incluido el equilibrio entre responsabilidad y solidaridad.

Cabalmente por ello, es tanto más preocupante que, en simultaneidad con la plena vigencia de los Reglamentos y de sus exigencias de solidaridad, la correlación de fuerzas surgida de las elecciones europeas de junio de 2024, escorada a la derecha y minada por la ultraderecha en todas las instituciones de la UE —empezando por el PE—, haya aplaudido en pie la aprobación de un infame Reglamento de Retorno, coreado con consignas xenófobas ("Send them back!"), que niega la escala europea y común de la respuesta ante el hecho migratorio y las demandas de asilo, retornando a los Gobiernos de los EEMM la posibilidad de financiar, mediante "acuerdos bilaterales" con gobernantes de países terceros (desde fuera de la UE), "campamentos de retorno" ("Return Hubs") a los que deportar a personas en situación irregular, aun cuando no tengan vínculos con ese destino (no es su "país de origen", pero tampoco de "tránsito").

La idea básica de este Reglamento de Retorno es tan simple como indigna de la UE: pagar a un gobernante de un país tercero para que mantenga a esas personas (seres humanos con derechos humanos protegidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE/CDFUE, revestida del "mismo valor jurídico que los Tratados"; art. 6.1 TUE) "fuera de nuestras fronteras" (es decir, "fuera de nuestra vista") por un tiempo indefinido (sin límite temporal y sin que rijan en ese territorio extranjero, ajeno a la UE, las normas de protección y garantías que obligan dentro de la Unión).

Pero, como todo puede empeorar, la última semana de junio tuvo lugar un encuentro en Bruselas (sede de la Comisión Europea) que impuso una vuelta de tuerca moralmente insoportable a esta degradación de los estándares europeos. Se trata de una "reunión informal" de los representantes del Ejecutivo de la UE con los de la administración del régimen talibán que impera en Afganistán desde su regreso al poder absoluto tras la estrepitosa y abrupta retirada de las fuerzas internacionales comandadas por EE. UU. en 2021.

Resulta, ante todo, ominoso que este encuentro pudiera tener lugar por invitación europea: varios Gobiernos de la UE (entre los que, desde luego, no figura el Gobierno de España) solicitaron a la UE la apertura de "conversaciones" orientadas a explorar la expulsión y el retorno de personas de origen afgano que se hallen "irregularmente" en el espacio europeo. 

No es preciso explayarse en detallar el escarnio que supone ignorar las condiciones en que cientos de miles de personas han debido arriesgarlo todo para escapar de la opresión y la tiranía talibán, singularmente cruel contra esa mitad de la población que son las mujeres, a las que se ha despojado de todos sus derechos para imponerles un brutal "apartheid de género". Pero lo cierto es que el riesgo inminente para la propia vida y la integridad personal se extiende no solo a las mujeres —aunque se ensaña con ellas con asfixiante vesania—, sino a cualesquiera personas (mujeres y hombres por igual) que hayan tomado posición contra el regreso a la Edad Media impuesto por la barbarie del integrismo islamista en un Afganistán torturado desde antiguo por la historia.

La pregunta obligada es: ¿cómo hemos llegado a esto? ¿En qué momento ese estado mental de ofuscación y rechazo hacia las personas migrantes llegó a convalidar cualquier práctica, por vergonzosa que resulte, que disuada, frene o expulse a tantos seres humanos que huyen despavoridos, cuando no desesperados, del infierno del que proceden, soñando que la UE se parezca a su promesa y haga honor a su reputación de ser un "oasis de derechos" en una jungla global de desigualdad e injusticia?

Dicho con toda aspereza, tal como merece un cuadro que pide a gritos su denuncia, su combate y su corrección antes de que sea tarde: ¿cuándo se jodió el oasis de derechos de la UE?

Es cierto que una mayoría —la que en el PE suma los votos del PPE con tres grupos políticos a su ultraderecha (Patriots, Conservadores y Soberanistas, por ese orden)— ha impuesto un guion, una agenda y unos resultados en votaciones legislativas carentes de precedentes en toda la historia anterior, orientados como nunca a prioridades nacionales y reaccionarias que equivalen a la negación, sin más, de la razón de ser de Europa, que prometía ser cohesiva, solidaria y correctora de desequilibrios, compensadora de desigualdades sociales y regionales.

Pero también es verdad —y ahí reside un principio de esperanza— que somos muchos en el PE los que nos oponemos a este giro hacia la oscuridad, negadora de nuestras diferencias y de la apertura al pluralismo, y subrayamos que el lema de la integración europea sigue siendo el de "unir" desde nuestra "diversidad", en sociedades abiertas a las aportaciones de otros que aspiran a ser parte de un nosotros.

Somos muchos los que trabajamos para no retroceder, para avanzar juntos hacia un futuro que no niegue nuestro acervo, nuestra identidad europea de ciudadanía descrita en varios círculos concéntricos de pertenencia y derechos. Esa es la chispa que aún brilla, en la que vale la pena afirmarse y persistir en batallas que no cesan, de esas que duran toda la vida.