El problema de los 'retornados'

Esta semana hemos conocido la detención de nuevos casos de retornados, personas de nacionalidad europea que se alistan en grupos terroristas como el ISIS y que, pasado un tiempo, deciden regresar a los países de los que son nacionales. En España, según el Ministerio del Interior, habría un centenar de combatientes de éste tipo alistados en grupos radicales terroristas -fundamentalmente, el Estado Islámico- y detenidos tras su regreso, unos diez. El último caso es de dos jóvenes españoles esta semana y que están en libertad con cargos.

Para unificar criterios a nivel europeo y mundial sobre el tratamiento penal que hay que dar a estas personas que cometen actos terroristas en otros lugares del mundo, éste verano se lleva acabo por primera vez un denominado Encuentro Global, y la sede mundial escogida es Madrid. La capital de España, entre los días 27 y 28 de julio, en una reunión sin precedentes organizada por la Oficina Antiterrorista de Naciones Unidas, estudiará a nivel mundial estos casos.

En la denominada Cumbre Antiterrorista de Madrid participarán, además de representantes de todos los países de Naciones Unidas, observadores de Palestina y El Vaticano, organismos internacionales que tratan estos temas tanto a nivel regional como subregional y organizaciones de la sociedad civil que llevan años alertando de esta situación. Se espera la asistencia de unos 500 expertos en la materia de todo el mundo.

Los temas que prepara Naciones Unidas para este encuentro versan sobre la prevención de éstos casos incrementando las capacidades para detectar posibles casos por parte de la policía y controles fronterizos. También se intentará acordar un protocolo internacional que especifique cuáles son las incriminaciones legales de estas personas, al tiempo que se buscarán fórmulas para combatir la radicalización violenta en los propios países de origen de éstos combatientes.

El objetivo final del encuentro es sentar unas bases internacionalmente reconocidas para prevenir el flujo de combatientes terroristas extranjeros. Se debatirán las diferentes legislaciones de los países sobre esta materia para intentar coordinar una sola respuesta en todos los países de la ONU, que tendrá como denominador común la detección, la intervención en contra, y la prevención de la incitación, del reclutamiento y de la facilitación de los terroristas y combatientes.

En segundo lugar, la prevención de los viajes de los combatientes terroristas y, en tercer lugar, la criminalización, persecución (incluidas las estrategias de enjuiciamiento para los retornados), la cooperación internacional, así como la rehabilitación y la reintegración de los repatriados, una vez superado un programa de rehabilitación personal.

Según la Oficina Antiterrorista de la ONU, el interés de todos los países es que del encuentro salgan una serie de conclusiones que favorezcan el encontrar soluciones a un tema que esta alcanzando proporciones gigantescas y que es, de facto, un problema mundial. La ONU cree que mas de 20.000 combatientes terroristas extranjeros (FTF) se han unido al Estado Islámico en Irak, en Siria y en el Frente Al-Nusra como consecuencia del conflicto en éste último país.

En respuesta a este fenómeno, el 24 de septiembre de 2014, en una cumbre a la que asistieron muchos líderes nacionales, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a todos los Estados que emprendieran una serie de medidas de urgencia para detener el flujo de estos terroristas desde y hacia las zonas de conflicto.

Fue entonces cuando se aprobó la resolución 2178 (2014), aprobada por unanimidad en la cumbre en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y por la que el Consejo pide a los Estados miembros, entre otras cosas, evitar el reclutamiento, la organización, el transporte o el equipamiento de las personas que viajan a un Estado distinto de su Estado de residencia para perpetrar, planear o participar en actos terroristas.

La resolución también exige a los Estados que se aseguren de que sus sistemas jurídicos cuentan con disposiciones para que la Fiscalía trate como delitos graves los viajes para perpetrar actos de terrorismo o de formación de terroristas, y todos aquellos relacionados con la financiación o la facilitación de tales actividades. Esta resolución demanda que los Estados impidan la entrada o el tránsito por su territorio a cualquier persona respecto de la cual haya indicios creíbles de que tenga una intención relacionada con el terrorismo, y pide a los Estados que requieran a las compañías aéreas las listas de pasajeros para ese propósito.