El Gobierno de España ha reaccionado y le ha cerrado a Altri el primero de los posibles grifos de ayuda pública. El Ministerio de Industria que había venido asegurando que el proyecto de la multinacional lusa para erigir una macrofactoría de pasta de papel -y en menor medida fibra textil lyocell- sería analizado con la misma rigurosidad como cualquier otro, ha acabado descartándole de la convocatoria del PERTE de descarbonización.

El 'proyecto Gama' de Greenfiber -filial de la empresa portuguesa- optaba hasta unos 30 millones de euros en esa línea de ayudas europeas, pero ni de lejos supone que quedarse fuera ponga fin a sus planes. De hecho, la multinacional ya ha contestado este miércoles por la mañana a una cuestión que fue adelantada ayer por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Para Altri nada cambia y el proyecto "sigue su curso" y ya están buscando más vías de financiación. Pública, por supuesto.

Dicha comunicación de la misma multinacional que ha repetido en múltiples ocasiones que necesitan 250 millones de euros para que el proyecto sea económicamente viable también va acompañada de un anuncio. Recurrirán la exclusión de las ayudas por parte de Industria, al tiempo que recuerdan que en el momento de ese comunicado, no hay "comunicación oficial" de dicho portazo de Industria.

Las 'cuentas' de Altri: "La no obtención de esta ayuda no altera la hoja de ruta prevista"

En el marco de ese recurso de Altri contra el portazo de Industria, la multinacional se ha escudado en argumentos como que el intento de obtener fondos por el PERTE de descarbonización "se produjo con pleno conocimiento de que, en el marco de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea, que contemplan que los proyectos candidatos se deben haber completado antes del 31 de marzo de 2026, Gama no podría ser elegible por razones de plazo".

Pero Altri alude a un 'pero', yendo a la clave de lo que precisarían por parte del Ejecutivo central: "A excepción de que, tal y como se trasladó a la empresa, el Gobierno español consiguiera acordar con la Comisión Europea una prórroga, considerando que había más proyectos que se encontraban en la misma situación de incumplimiento del plazo de ejecución". 

Desde la multinacional lusa también apuntan que "a día de hoy, no nos consta que la Comisión Europea haya aprobado esa prórroga" y que su recurso se producirá "en la confianza de que el Gobierno de España pueda alcanzar un acuerdo con la Comisión Europea para la ampliación del plazo de ejecución y se tomen en consideración las alegaciones de la compañía".

Sea como sea, cabe recordar que todos los proyectos europeos deben estar resueltos antes del verano de 2026 o se perderán. Todo ello en el marco de una Unión Europea que está inmersa en las políticas de rearme -Seguridad y Defensa, en vocabulario comunitario- y ése es el campo de batalla hacia donde estarán dirigidas el grueso de las políticas económicas, financieras y en materia de inversión.

De esta forma, Altri asegura que "en cualquier caso, la decisión de continuar con el proyecto nunca ha estado supeditada a la inclusión de Gama en el PERTE", pero no obvia que todavía puede optar a fondos europeos extraordinarios con mayores partidas económicas aparejadas que la que han perdido: "Por lo tanto, la no obtención de esta ayuda no altera la hoja de ruta prevista". 

Desde la multinacional portuguesa recuerdan que el PERTE "es una más de las vías que la empresa está explorando para articular la estructura financiera del proyecto y reducir el riesgo de la inversión inicial, que supera los 1.000 millones de euros, asociado al uso de nuevas tecnologías y a un elevado nivel de innovación, no para sufragar los costes operacionales del proyecto". 

Con todo, los intentos de Altri de echarle el guante a otras líneas de fondos europeos se realizará, sí o sí, con la dudosa carta de presentación de un proyecto que ya ha recibido un primer portazo del Gobierno del país en el que pretende instalarse. Mientras en Bruselas ya se libra una feroz batalla política contra Altri, encabezada por la eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Miranda. La misma formación cuyo diputado en el Congreso, Néstor Rego, presionó al Gobierno de coalición progresista advirtiendo de que si no ocurría lo que ha ocurrido hace escasas horas, le retirarían cualquier apoyo a socialistas y Sumar.