Ayuso, en contra de la “prioridad nacional” en los servicios públicos que han firmado PP y Vox en Extremadura: “No es legal”

Si Isabel Díaz Ayuso cree que te has pasado en las concesiones a Vox, hay que hacérselo mirar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, ha celebrado este viernes el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox en Extremadura y ha asegurado que ahora toca ponerse "manos a la obra" tras meses de negociación. Pero ha advertido: el concepto "prioridad nacional" recogido en ese acuerdo debe ajustarse al marco legal.

Ayuso se ha referido así a algunos de los puntos del programa acordado, en el que se habla de dar "prioridad" a los "nacionales" (es decir, a españoles) en muchas políticas sociales. "Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional", señala uno de los puntos pactados.

Al respecto, la presidenta madrileña ha defendido que cualquier medida debe ajustarse al marco legal, alegando que no se excluirá a nadie que tenga derecho a ellas.

"Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos", ha afirmado, para insistir en que "no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido".

Las medidas completas

Las políticas frente a la inmigración ilegal, la reducción de las cargas tributarias, el acceso a la vivienda protegida "inspirado en el principio de prioridad nacional", reducir la ecotasa de la central de Almaraz y blindar el sector primario frente a la Agenda 2030 marcan el acuerdo de Gobierno alcanzado entre PP y Vox en Extremadura.

El documento de consenso recoge 11 grandes capítulos, con un total de 61 puntos de acción gubernamental que, a su vez, incluyen 74 medidas. Estas son:

INMIGRACIÓN

- Rechazo expreso a la política de inmigración del Gobierno central y oposición por "todos los medios legales, jurídicos y políticos" al reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad.

- Promover acuerdos con los países de origen de los menores no acompañados para facilitar las repatriaciones y retornos efectivos de estos con sus padres.

- Rechazo a la ampliación de plazas de acogida de inmigrantes ilegales.

- Auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal con el objetivo de "reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente".

- Consignación presupuestaria para la realización de pruebas destinadas a la determinación de la edad de los menores no acompañados.

- Supresión de todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que "participen directa o indirectamente en promocionar, facilitar o sostener la inmigración ilegal".

- Creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva.

- En el ámbito de sus competencias, la Junta de Extremadura prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos "por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia".

- Supresión inmediata del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros de Educación Primaria y Secundaria de Extremadura.

ECONOMÍA, POLÍTICA TRIBUTARIA Y GASTO

- En cada año de la legislatura, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25 % en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica.

- Ampliación de la bonificación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y de las tasas autonómicas.

- Reducción al 50 % de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública.

- Reducción "al mínimo legal" de las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo.

VIVIENDA

- Construcción de al menos 3.500 nuevas viviendas protegidas.

- Creación de un sistema de acceso a la vivienda protegida y el alquiler social "inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

- Exclusión de dichos programas para quienes hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años.

- Nueva línea de avales públicos para familias numerosas, deducción autonómica del IRPF e impulso al alquiler estable.

ENERGÍA E INDUSTRIA

- Blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y reducir la ecotasa autonómica que grava la producción de energía en esta instalación en un 30 % anual hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura.

- Protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas. El Gobierno de Extremadura asume el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos.

SECTOR PRIMARIO

- Blindaje del sector primario frente a la agenda 2030. Este Gobierno se compromete, según recoge el documento, a no aprobar ninguna medida que "perjudique objetivamente" al sector primario y lo protegerá activamente -económica, política y jurídicamente- de "las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde".

- Ejecución definitiva del proyecto de regadío de 'Tierra de Barros', una infraestructura "estratégica para el desarrollo agrario y económico" de Extremadura.

- Planes de modernización de regadíos, infraestructuras hídricas y caminos rurales.

- Revisión de la delimitación de las zonas ZEPA y LIC, y simplificación de la normativa en los espacios integrados en la Red Natura 2000 y en la Red de Espacios Protegidos, así como la revisión de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos.

- Creación de un fondo de compensación destinado a "mitigar el impacto negativo" de desastres naturales, circunstancias adversas sobrevenidas o de "imposiciones normativas para proteger los sectores productivos".

SANIDAD y CONSUMO

- Plan de Mejora de la Sanidad extremeña orientado a reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad, el cual recogerá una dotación presupuestaria adicional de 500 millones de euros anuales y la contratación de 1.500 profesionales adicionales.

- Incremento de las plazas residencias y de centros de día.

- Control del etiquetado de los productos extranjeros.

SEGURIDAD

- Aplicación "firme" del desalojo exprés y refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación ilegal.

- El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "se inspirará en el principio de prioridad nacional", entendida como "arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

EDUCACIÓN

- Homologación salarial progresiva a la media nacional para los docentes extremeños, gratuidad de las escuelas infantiles 0-3 años y prioridad al producto español en comedores públicos.

FAMILIA, NATALIDAD Y DEMOGRAFÍA

- Incremento y refuerzo de las ayudas a la natalidad, aumento de las deducciones fiscales para material escolar.