De la "admiración" de Sánchez por las protestas durante La Vuelta a España al caso de 'las ocho de Becerril', acusadas de... protestar durante La Vuelta a España

14 de septiembre de 2025. Pabellón de los Deportes de la Universidad de Málaga. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto del PSOE para iniciar una larga precampaña electoral andaluza. Entre el público, algunas personas ondean banderas de Palestina, un gancho que recoge Sánchez. "Sabéis que hoy termina La Vuelta a España, nuestra vuelta, y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina", celebra el presidente.

No es ni será la primera vez que el presidente del Gobierno traslada unas palabras de aliento para los miles de personas que, desde el inicio de La Vuelta, han protestado a lo largo y ancho del país contra el genocidio en Gaza y la participación en la carrera del equipo Israel Premier Tech, propiedad de un amigo personal del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Algunas etapas, incluida la última en Madrid a la que se refiere Sánchez, terminarán antes de alcanzar la meta ante el bloqueo de los manifestantes.

Una de estas protestas tiene lugar el 13 de septiembre de 2025 en Becerril de la Sierra, justo un día antes de que Sánchez viaje a Málaga. En el municipio de la sierra madrileña, la Asamblea de Vivienda de Villalba coordina una acción en la que varios manifestantes bloquean y ocupan la carretera tras el paso del ciclista español Mikel Landa y otros cuatro deportistas. Están a unos 18 kilómetros de la meta y el pelotón viene de camino. La Guardia Civil, al comprobar que los activistas no piensan despejar la calzada, decide desalojarlos a la fuerza. Al finalizar la etapa, el danés Jonas Vinegaard se declara ganador virtual de la prueba ciclista mientras un manifestante permanece detenido. No será el único al que la Guardia Civil acusará de un total de tres delitos: resistencia a la autoridad, desórdenes públicos y atentado a la autoridad.

Además de esa persona detenida, otros siete activistas reciben una notificación en su casa. Las ocho de Becerril – así se les conoce ahora – están citados a declarar el próximo 21 de octubre ante los Juzgados de Instrucción de Collado Villalba. Por los delitos que se les imputan podrían ser condenados a penas que incluyen varios años de prisión.

"Protestar es un derecho"

Pablo González es uno de los ocho de Becerril y, además, el activista al que detuvo la Guardia Civil. En conversación con El HuffPost, González recuerda lo sucedido aquel 13 de septiembre: "Dos personas se descolgaron de un puente y unas 100 ocuparon la carretera. Al principio, yo estaba como guardacabos de las personas que se descolgaron y luego bajé a la calzada. Allí, el GRS [la unidad de élite de la Guardia Civil] me placó contra el arcén y me apretaron la cabeza contra la cuneta. En ese momento me rompieron las gafas, lo dije y lo que hicieron fue quitármelas y tirarlas atrás. Me pusieron los grilletes y los apretaron mucho, algo que viene reflejado en mi parte de lesiones. Durante el cacheo, además, me dieron codazos y rodillazos". "Pero ya está. Al menos la detención duró poco, un par de horas", se consuela el activista.

González, como el resto de las ocho de Becerril, asegura que les acusan de algo que "no es verdad". No solo hay imágenes para atestiguarlo, dice, como la del helicóptero que retransmitía La Vuelta, sino que además "Amnistía Internacional nos ha acogido como caso a defender tras haber revisado todos los materiales. Somos, además, uno de los apartados principales del informe que publicarán sobre el derecho a la protesta". En su opinión, no es cierto que hubieran puesto en riesgo a los ciclistas. Había "distancia de sobra" para que interrumpieran o acortaran la etapa, como sucedió ese mismo día cuando la organización de la prueba decidió no pasar por Cercedilla, donde había otra concentración en la que participaron Irene Montero o Ione Belarra, de Podemos. "Nuestra acción fue 100% pacífica", apunta González.

Preguntado por la contradicción entre las palabras de admiración de Sánchez y el proceso que enfrenta, González dice que estaría "encantado" de mostrarse sorprendido, "pero el PSOE también llevaba en su programa la derogación de la ley Mordaza y no ha ocurrido". "Nuestro caso es un ejemplo más de la hipocresía del PSOE. Sánchez se ha erigido como un líder internacional propalestino pero a nivel nacional su posición es otra", denuncia. El activista considera que su caso busca convertirse en "un castigo ejemplarizante, en un aviso a navegantes ya no solo para el movimiento de solidaridad con Palestina, sino para cualquiera que protagonice acciones de desobediencia civil".

Para poder afrontar las posibles multas, las ocho de Becerril han puesto en marcha un crowdfunding con el que poder reunir un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 40.000. Este miércoles, además, dieron el pistoletazo de salida a una campaña con una rueda de prensa conjunta con Amnistía Internacional. La ofrecieron frente a la Fiscalía General del Estado. "El objetivo es que la Fiscalía no nos acuse", explica González. "Recordamos, protestar es un derecho", concluyen desde Amnistía.