Deepfakes, sharenting y true crime: así es el nuevo derecho al honor que acaba de aprobar el Gobierno

Y llegó el día: el Consejo de Ministros acaba de aprobar en segunda vuelta la reforma a la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En otras palabras: remite el proyecto al Congreso para que inicie su tramitación parlamentaria, y lo hace cargándola de novedades "y actualizaciones tecnológicas". "Queremos devolver el poder sobre su propia imagen a las personas y a los ciudadanos y quitarles parte de ese poder a los grandes oligarcas tecnológicos".

Ha sido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el encargado de enunciar algunas de las novedades que incorpora el proyecto legal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Después de que se presentara como anteproyecto en enero, estos meses el texto "se ha enriquecido" con aportaciones del CGPJ, de la AEPD o del Consejo de Estado.

La norma era uno de los "31 hitos incluidos en el Plan de Acción por la Democracia". Con su aprobación se cumple ya "el 87% del mismo", ha recordado Bolaños, pese a que muchos de esos "hitos" acaben estancados en las Cortes Generales sin que el Gobierno logre las mayorías necesarias para convertir en ley muchas de sus iniciativas.

Tus fotos y los menores, más protegidos en internet

La reforma mantiene buena parte de la norma de 1982 "que fue buena", pero "incluye novedades relevantes". "Queremos devolver el poder sobre su propia imagen a las personas y a los ciudadanos y quitarles parte de ese poder a los grandes oligarcas tecnológicos", ha reivindicado el propio Bolaños, que ha mencionado explícitamente seis novedades.

Fotos en las redes sociales. Al subir una imagen a una red social se está aceptando un consentimiento. Pero la nueva ley de derecho al honor que propone el Ejecutivo protegerá más a los usuarios: "Compartir un vídeo o una foto no significa que se renuncie a esa imagen y que se tenga que consentir su uso para una finalidad distinta para la que se ha subido a una plataforma", ha recordado el ministro. Por ejemplo: subir una foto a Instagram y de repente verla publicada en medios de comunicación. Habrá excepciones: por ejemplo, en el caso de que esas imágenes "remitan a hechos de relevancia pública".

Menores en redes y el sharenting. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció el año pasado que se regularía el sharenting, la práctica de padres y madres de colgar fotos de sus hijos en internet. La reforma del derecho al honor ya va en esa línea. Bolaños ha advertido que la edad mínima para prestar consentimiento sobre la propia imagen será los 16 años. La misma edad que tendrán que tener los adolescentes para poder crearse un perfil en una red social en virtud de las recientes enmiendas a la Ley de Protección de los Menores en Entornos Digitales, que continúa bajo tramitación parlamentaria.

"Hay un clamor social en que regulemos y protejamos a nuestros menores", ha defendido el ministro, quien también ha avanzado que la Fiscalía será parte "en todos los procesos sobre temas de propia imagen, intimidad y derecho al honor" en los que se involucren menores de edad.

Límites a los deepfakes y al true crime

No se volverá a ver algo como la polémica de El odio, el libro que iba a editar Anagrama y que incorporaba una entrevista con José Bretón, quien asesinó a sus hijos Ruth y José en 2011. Félix Bolaños ha anunciado que la nueva reforma de la ley de derecho al honor incorpora menciones prácticamente explícitas a un género audiovisual que goza de popularidad: el true crime. 

"Queremos proteger a las víctimas de los delitos frente a prácticas que en muchas ocasiones suponen una revictimización. Por eso incorporamos como nuevo supuesto de intromisión ilegítima de derecho al honor este tipo de series y obras que son los true crimes", ha abundado. "Si hay afectación al derecho al honor, a la intimidad o a la imagen de la víctima será una injerencia ilegítima y se podrán adoptar medidas cautelares", lo que afectará a documentales, programas o libros. No quiere decir que el género en sí haya sido abolido: simplemente, no todo valdrá.

Lo mismo sucede con la publicidad y el uso de los deepfakes. La aparición de la difunta Lola Flores en una campaña publicitaria de una cerveza hace casi cinco años ya abrió el debate. La reforma legal reconocerá la posibilidad de que la gente pueda "dejar constancia a través del testamento de la prohibición de usar su imagen o su voz con fines publicitarios o comerciales". "Damos respuesta a una realidad cada vez más presente", ha abundado Bolaños.

De hecho, el ministro también se ha referido a los deepfakes en genérico, no solo a los realizados sobre personas fallecidas: "Devolvemos a las personas la propiedad y los derechos de imagen sobre su voz y su imagen". Habrá "un equilibrio razonable" y los deepfakes se podrán usar "en contextos satíricos". No tendrá que indicarse que se ha usado una IA "cuando el contexto sea claramente satírico y recreativo".

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El BOE, nuevo tablón de la vergüenza

El nuevo proyecto de Ley Orgánica que el Gobierno envía ahora al Congreso introduce además avances en el modelo de "autonomía y protección" de las personas con discapacidad, "plenas titulares de sus derechos". "En función del grado y la intensidad de la discapacidad podrá ser necesario que tengan apoyos para garantizar el consentimiento al uso de su propia imagen", ha advertido el ministro de Presidencia.

Bolaños también ha anunciado que el nuevo proyecto legal introduce "criterios para ponderar las indemnizaciones" cuando se dé una intromisión ilegítima al derecho al honor. "Se tendrá en cuenta la vulneración de uno o más derechos, el prestigio de los medios ya que no es lo mismo que suceda un medio a que suceda en un pseudomedio, la prolongación de esa intromisión...". Además, se prohibirán las "indemnizaciones simbólicas" que algunos juzgados venían dictaminando, haciendo que el victimario pagara un euro de forma simbólica a su víctima. "Habrá criterios y una ponderación objetiva".

Además, la reforma abre la puerta a que el BOE sea un muro de la vergüenza. Si la víctima así lo solicita y el juzgado así lo estima, se podrá publicar en el BOE el nombre del condenado por una intromisión ilegítima del derecho al honor o a la propia imagen, así como el detalle de la indemnización que ese condenado ha tenido que pagar.