El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 transferirá 200 millones de euros a las Comunidades Autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para "reforzar los servicios sociales, financiar programas de protección a las familias y de atención a la pobreza infantil". Así se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha puesto énfasis en que estas actuaciones deben orientarse "a mejorar la situación de las familias más vulnerables y de las que presentan necesidades singulares de protección, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las familias que viven en el mundo rural".

Con este objetivo, explican desde el Ministerio, se han incluido 65 millones de euros destinados "específicamente a proyectos de intervención social y a prestaciones para familias en riesgo de pobreza". Se podrán destinar, asimismo, para cubrir necesidades básicas como la higiene o la compra de alimentos y ropa. También para financiar necesidades en materia de educación, como la compra de material escolar o ayudas para el comedor, así como ayudas para pagar el alquiler o los suministros básicos del hogar.

Otro de los objetivos de esta inversión, prosiguen desde Derechos Sociales, es el de facilitar la conciliación entre la vida familiar y la laboral de las familias más vulnerables, financiando proyectos que cubran gastos relacionados con las escuelas infantiles y con el apoyo a necesidades puntuales de atención que requieran los niños, niñas y adolescentes de estas familias. Un ejemplo es el Programa VECA, que les permite participar en actividades educativas, culturales y de ocio durante los periodos de vacaciones escolares. Además, se financiarán programas para que estos niños, niñas y adolescentes accedan a una alimentación equilibrada, saludable y nutritiva también en los periodos donde no se asiste a los comedores escolares.

En el mismo paquete se reservan otros 25 millones de euros para reforzar los equipos de servicios sociales encargados de prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, una iniciativa que se enmarca en la ejecución de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.

Destacan además los más de 100 millones que se transfieren para financiar la red de servicios sociales de atención primaria de las corporaciones locales, incluyendo prestaciones como la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia, así como otros ámbitos de los servicios sociales como la prevención de la exclusión social de las familias con menos recursos y la inserción de aquellas que lo necesitan.