El jefe de la UDEF con el PP, imputado por la guerra sucia contra Podemos: claves para no perderse entre tanto lío judicial

En el reciente maremágnum de causas judiciales no resulta fácil ubicarse, más aún cuando entre ellas se combinan hasta magistrados y personas acusadas. Sin ir más lejos, el juez Santiago Pedraz ha imputado este lunes al exjefe de la UDEF con el Partido Popular, el excomisario José Manuel García Catalán, pero nada tiene que ver esta investigación con la causa contra Leire Díaz, que implica al PSOE y que también ha asumido el magistrado de la Audiencia Nacional. La imputación de García Catalán está relacionada con la guerra sucia contra Podemos, un proceso en el que también figuran como investigados el exsecretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez (estos días en el banquillo por la Kitchen) o el inspector jefe de la Policía José Ángel Fuentes Gago (también juzgado en la Kitchen). La amalgama de litigios combinados es tal que cualquiera diría que parece un contubernio.

Por partes: en la Kitchen se investiga el presunto espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas; en el caso Leire Díaz se investiga una presunta trama "para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban" al PSOE; y, por otro lado, está lo de la guerra sucia contra Podemos, que es donde nos centraremos en esta pieza, una periodística, que no judicial. Santiago Pedraz investiga desde hace tiempo una supuesta trama político-policial que se habría desarrollado entre 2015 y 2016, con Jorge Fernández Díaz (PP) como ministro de Interior, según la cual varios mandos de la cúpula de la Policía se dedicaron a buscar trapos sucios sobre la formación morada.

Aparte del caso sobre Leire Díaz, tiene sentido que entre la Kitchen y la guerra sucia contra Podemos haya nombres que se repitan. A pesar de ser causas separadas, todas guardan relación con la llamada policía patriótica de Mariano Rajoy, ese grupo de cabecillas policiales que habrían actuado al margen de la legalidad no solo para espiar a Luis Bárcenas sino también para perjudicar y desacreditar a los independentistas catalanes o a Podemos. Su actuación, como relataba El País, era similar en todas estas operaciones: no había control judicial, se fabricaban pruebas falsas que luego enviaban a medios de comunicación; se conseguía información mediante la extorsión; o se llegaban a robar documentos o dispositivos (véase caso Dina).

Hasta hace poco, Santiago Pedraz había rechazado imputar al exjefe de la UDEF, el excomisario José Manuel García Catalán. Si lo ha hecho es por un recurso presentado por el exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias contra la negativa del juez a investigarlo, una apelación que fue apoyada por el fiscal Vicente González Mota.

Al excomisario se le investiga por haber participado en un encuentro en Nueva York con un exministro de Hugo Chávez, Rafael Isea, una reunión encabezada por el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, un estrecho colaborador del exDAO de la Policía Eugenio Pino (también en la Kitchen). En dicha cita, los agentes ofrecieron a Isea protección, hasta una identidad y vida nuevas, a cambio de información que perjudicase a Podemos. Hace unos años, se hizo pública una grabación de la cita, en la que se escucha cómo Fuentes Gago asegura hacer dicho ofrecimiento en nombre del Gobierno. "Yo he hablado con el ministro del Interior español [Jorge Fernández Díaz] y el ministro del Interior español habló con el presidente español [Mariano Rajoy]", se escucha al inspector jefe.

En una entrevista posterior con el diario El País, el exministro venezolano contó que los agentes de Policía, entre los que también se encontraba una agente de la UDEF (imputada también este lunes), le mostraron un documento que mostraba un pago del Gobierno de Chávez a la Fundación CEPS. Según dijo Isea, el accedió a declarar si fuera necesario, pero puso en duda la legalidad de dicho papel. En dicha entrevista, el exministro denunció haber sido "manipulado con algo muy delicado" y acusó a los agentes de haber puesto en riesgo a su familia. Tal y como él mismo contó, la Policía española quería saber si esos pagos habían sido declarados, pero luego se dio cuenta, al ver la información filtrada a la prensa, que solo buscaban dañar la imagen de Podemos de cara a las elecciones generales que estaban a punto de celebrarse.

Extorsión, robo y falsificación de pruebas

Además de esta supuesta extorsión al exmandatario venezolano, la guerra sucia contra Podemos contiene también robo, falsificación y demás ilícitos. Hace apenas unos días, a comienzos de mayo, la Audiencia Nacional condenó al comisario José Manuel Villarejo a tres años y medio de prisión por haber entregado a medios de comunicación el contenido del teléfono de Dina Bousselham, asesora de Iglesias. Según el fallo de la Audiencia, Villarejo descargó los archivos de la tarjeta del móvil, "haciendo entrega de tales archivos descargados a periodistas de su círculo de su confianza, entre los que uno y otros eran recíprocamente fuentes informativas, para que elaboraran y publicaran informaciones en descrédito" de Podemos y de Pablo Iglesias.

En aquellos años, la brigada política-policial también fabricó pruebas falsas, como aquella que decía que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había pagado más de 270.000 euros a Pablo Iglesias "a través de un banco situado en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas". La noticia era mentira y hasta el Euro Pacific Bank, el supuesto banco en el que se habría hecho el ingreso, tuvo que salir a desmentirla. Además de esta falsedad, la policía patriótica estaba detrás también de otro informe llamado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un documento sin firma que buscaba demostrar una financiación ilegal de Podemos. El propio José Manuel Villarejo dijo en el Congreso que el informe era "una basura aberrante e impresentable".

Este lunes, el exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias estaba en RNE cuando se ha conocido la imputación del exjefe de la UDEF con el PP. Allí, Iglesias ha comparado la guerra sucia contra Podemos con lo que ocurre "ahora", con relación a los casos que acorralan al PSOE, como el de José Luis Rodríguez Zapatero. "Algunos vieron que efectivamente la guerra sucia se podía producir contra fuerzas muy críticas contra el sistema político, contra Podemos o los independentistas. Que el Estado renunciara a su propia legalidad era algo aceptable, asumido, y eso lo entendía fundamentalmente el PSOE, que lo vio como una ventaja para domesticar y hacer dócil a su izquierda y entendía que les devolvía un papel central en el sistema político", ha dicho el exvicepresidente del Gobierno, quien ha llamado a hacer una "reflexión sobre lo que en España representa el periodismo, las élites de las fuerzas de seguridad y las élites de la judicatura. Con las grabaciones y las evidencias que tenemos, nuestro país no está en posiciones de dar lecciones de democracia a nadie".