El juez Peinado pide a la UCO que analice los correos de Begoña Gómez entre 2018 y 2026
Hace unos días, la Audiencia Provincial anuló su decisión de que, en caso de llegar a juicio, sea por jurado popular.
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos corporativos recibidos y enviados por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, desde su cuenta institucional entre 2018 y febrero de 2026.
La Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno remitió al juzgado que dirige Peinado los correos que le solicitó y ahora el juez ha dado copia a los investigadores de la UCO para "el análisis y la elaboración del oportuno informe", según una providencia a la que ha tenido acceso EFE este lunes.
Este requerimiento de los correos fue en un primer momento revocado por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que la petición del juez carecía de la justificación necesaria e incumplía, por ello, los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
La falta de motivación y justificación de las resoluciones es uno de los principales motivos por los que la Audiencia Provincial ha revocado algunas de las decisiones del juez durante su instrucción.
Tras el auto de la Audiencia, el magistrado volvió a pedir los correos y argumentó que se trata de una medida proporcionada y que lo que sí sería desproporcionado es un registro domiciliario.
Para Peinado, "no existe otro medio" para comprobar si este correo corporativo oficial pudo ser destinado a "cuestiones ajenas a su condición de esposa del presidente del Gobierno", a "actividades estrictamente privadas", cuyas comunicaciones deben realizarse "por medio de una cuenta de correo privada y no una cuenta oficial".
El juez Peinado investiga desde abril de 2024 a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en una causa que también se dirige contra su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La semana pasada, la Audiencia Provincial anuló su decisión de que, en caso de llegar a juicio, sea un jurado popular quien les juzgue, al entender que el magistrado no reunió "indicios concluyentes y consistentes" para seguir adelante por este procedimiento.