El juicio al novio de Ayuso comenzará después de las elecciones madrileñas de 2027 por "saturación en los juzgados"
Alberto González Amador se sentará en el banquillo de los acusados por delitos de fraude fiscal, falsedad de documento público y pertenencia a grupo criminal después de los comicios autonómicos.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, tardará todavía un tiempo en sentarse en el banquillo de los acusados. Concreta y casualmente hasta después de las elecciones autonómicas madrileñas de 2027, cuando la actual presidenta de la Comunidad de Madrid previsiblemente repetirá como candidata del Partido Popular.
Así lo han confirmado fuentes a la Cadena SER, medio al que le aseguran que la "saturación que afrontan los juzgados" de Lo Penal de la capital, situados en la calle de Julián Camarillo, serían los responsables de este retraso de por lo menos año y medio.
Los pasados comicios autonómicos tuvieron lugar en mayo de 2023 y, al menos que haya una convocatoria inesperada, se celebrarán los nuevos a mediados de año de 2027. Instantes después sería cuando se podría celebrar el juicio debido a la "enorme carga de trabajo".
La reforma Bolaños, la norma sacada adelante por el ministro de Justicia, tampoco ayudaría según las fuentes a la agilización de los procesos debido a que transforma los juzgados en los nuevos tribunales de instancia. Todo ello imposibilita fijar una fecha oral que se verá retrasada hasta el próximo año.
González Amador está acusado por delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal. Sin embargo, la pareja de Ayuso ha sido designada a estos tribunales porque presuntamente la cantidad defraudada a Hacienda no supera los 600.000 euros. En caso de que un euro más hubiera sido defraudado, sería la Audiencia Provincial de Madrid la que se encargaría del caso.
El Poder Judicial acostumbra a que sus decisiones no tomen partido en los procesos electorales y, aunque Ayuso defienda que su pareja se trata de "un ciudadano particular", lo cierto es que la relevancia política es indiscutible. No hay que olvidar que, por esta misma persona, se condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
En paralelo, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid mantiene una investigación paralela sobre los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal de González Amador. El curso de este procedimiento está a la espera del informe definitivo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre Maxwell Cremona, empresa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.