El PNV pacta con el Gobierno que caseros con una vivienda alquilada puedan eludir la moratoria antidesahucios
La iniciativa establece que a propietarios con solo una vivienda en alquiler "se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos".
Nuevo acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Gobierno en materia de vivienda y de la crisis de alquiler existente, pero también en el marco de la búsqueda de apoyos para revivir el escudo social y el alza de las pensiones. La formación jeltzale ha anunciado en un comunicado -al que ha tenido acceso El País- para proteger de los impagos a aquellos propietarios de viviendas que solo tengan una en alquiler.
La iniciativa ha sido llevada a la reunión del Consejo de Ministros de este martes para su aprobación, una cuestión que abre la puerta a que los caseros con solo una vivienda en alquiler puedan recuperar la posibilidad de alquilarlo para evitar que continúen los meses de impago.
En el texto aluden a aquellos propietarios que "solo tienen una o dos propiedades, siendo una de ellas la vivienda habitual y la otra la que tienen en alquiler". Se trata de una cuestión primordial para los nacionalistas vascos, quienes han subrayado que buscaban evitar que se generen "nuevos ciudadanos vulnerables al tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado", en alusión a este tipo de casos.
¿Qué dice el acuerdo?, ¿en qué situación está el escudo social?
Concretamente, la medida establece que los propietarios de estas características, queden exentos de asumir la carga de una alternativa habitacional para los inquilinos en caso de que estos entren en situación de impago, es decir, no poder abonar las mensualidades del alquiler.
En el citado comunicado, se especifica que "se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos". A falta de una mayor concreción y explicación de cómo se procedería, se desprende que sí se podría ejecutar el desahucio de una persona vulnerable por caso de impago, si es la única vivienda en alquiler de su casero.
No obstante, la realidad tiene mucho que ver con el contexto en el que se ha tomado esta decisión, después de que el Ejecutivo de coalición fracasase la pasada semana en su intento de aprobar un decreto ómnibus en el que se conjugaban desde el escudo social a la revalorización de las pensiones. Se repitió el conflicto del año pasado, con Partido Popular y Junts negándose a apoyarlo -Podemos apoyó tras suscribir la regularización masiva de migrantes- y dejándolo caer.
Es decir, en estos momentos, no existe un escudo social como tal y, por tanto, no hay moratoria antidesahucios. El acuerdo entre Gobierno y PNV se produce en plenas negociaciones para volver a intentar sacar adelante la subida de las pensiones y el escudo social, pero separado y en dos votaciones distintas. Los últimos contactos que se han venido desarrollando permiten intuir que el PSOE vuelve a la estrategia de sacar adelante las iniciativas con la mayoría de los socios de la investidura.
¿Cómo ha funcionado hasta ahora la moratoria antidesahucios?: claves rápidas
- El escudo social ha estado acompañado en los últimos años de una moratoria antidesahucios que protege a las personas que sean consideradas en situación de vulnerabilidad.
- Son personas vulnerables aquellas en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, que hayan sufrido una pérdida sustancial de los ingresos y no lleguen a tres veces el IPREM (un total de 1.800 euros, al estar en 600 euros).
- También lo son aquellas personas cuyos gastos de alquiler y suministros básicos suponen el 35% o más de los ingresos netos que perciba la unidad familiar.
- Ese grado de vulnerabilidad aumenta según el número de hijos a cargo o personas mayores de 65 años dentro de la unidad familiar o con discapacidad reconocida y acreditada.
- La situación de vulnerabilidad ha de ser acreditada ante el Juzgado correspondiente y demostrada mediante los servicios sociales competentes en un plazo máximo de diez días.
- El juez, con el informe judicial, deberá emitir un auto decidiendo (o no) si la vulnerabilidad queda demostrada y suspendiendo la ejecución del desahucio.
- Si el juez decide que no, será obligatorio que las administraciones competentes tomen las medidas necesarias para dar una solución habitacional que garanticen el acceso de la vivienda pública.