¿El principio del fin? Las claves de la comparecencia de Ábalos ante el Supremo con una defensa incierta

Ha llegado el día. Después de semanas convulsas en las que el que fuera ministro de Transportes y exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, comparecerá este miércoles ante el Tribunal Supremo encabezado por Leopoldo Puente. Será un día antes de que lo haga el que fuera su asesor, Koldo García, ante el mismo magistrado. 

El exnúmero 3 socialista ha llegado en taxi solo al alto tribunal en torno a las 09:15 horas, con antelación a su cita ante el juez Leopoldo Puente. Se trata de la cuarta vez que se ven las caras los acusados y el juez del órgano judicial por diferentes causas de corrupción que engloban el presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones durante la estancia de Ábalos en el ministerio que abarca desde el año 2018 hasta 2021. El acontecimiento de este miércoles será clave para decidir si el exministro seguirá los pasos de Santos Cerdán y acabará en prisión provisional o seguirá en libertad. Sin embargo, consta de un matiz trascendental: sigue siendo diputado del Congreso.

El Supremo ha convocado a Ábalos para esclarecer su posible implicación en presuntas irregularidades vinculadas a su etapa como ministro. Aunque el contenido de la investigación está bajo secreto parcial, el tribunal pretende delimitar qué grado de responsabilidad política o administrativa pudo tener en los hechos investigados. También declarará Koldo, aunque la comparecencia de este será el jueves 16 de octubre. El Supremo ha sostenido que la comparecencia es necesaria para aclarar el alcance de las decisiones tomadas en diversos contratos públicos y la eventual intervención de colaboradores cercanos. La defensa del exministro, en cambio, insiste en que se trata de un procedimiento "puramente aclaratorio" sin indicios directos que lo incriminen.

El papel del Supremo y la condición de diputado

Debido a su estancia en el Gobierno y a que todavía mantiene intacta la condición de diputado, Ábalos conserva determinadas garantías jurídicas y protecciones de las que el resto de mortales carecen. Tanto es así que el único tribunal que es capaz de elaborar esta investigación es el Supremo donde tomará palabra el exministro y cuyo interrogatorio será clave para marcar su devenir judicial. Depende de las conclusiones a las que llegue el magistrado este miércoles, se decidirá si el caso da un paso más e incluso piden la prisión provisional como ya sucedió con Santos Cerdán durante el verano, si se solicitan diligencias adicionales o si se archivan las actuaciones.

A diferencia del resto de comparecencias que se han llevado a cabo en el Supremo, Ábalos ahora se enfrenta a pruebas de "ingresos irregulares y opacos", un escenario inaudito para el exministro. En definitiva el caso Koldo ha dejado de ser unos contratos fraudulentos de mascarillas y material sanitario, sino en una de las mayores causas que ha manejado el Supremo de corrupción en la que se desconoce hasta qué punto de los acusados puede llegar o si incluso podría afectar directamente al Partido Socialista. 

Según el tribunal y los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se han encontrado testimonios donde los tres acusados detallan repartos de dinero, cálculos de cantidades adeudadas y afirmaciones de adjudicaciones a diferentes entidades relacionadas, lo que ponía encima de la mesa el cobro de comisiones por los que están siendo investigados. Sin embargo y a raíz del informe de la UCO del 3 de octubre, ahora el juez presuntamente tendrá los indicios necesarios sobre el cobro por su parte de esas cantidades. Con ello, la cantidad que maneja la Guardia Civil son de hasta 95.000 euros entre viajes, regalos o gastos comunes, pero la investigación apunta a que el dinero podría ser mucho mayor.  

Por el momento y según los informes que se han recopilado, el PSOE estaría exento de cobros ilegales debido a que los sobres que han aparecido en las imágenes con billetes son "en concepto de gastos justificados" que están probados por el Tribunal de cuentas.  

La movida del abogado de Ábalos

En las últimas semanas, la defensa de José Luis Ábalos ha estado pendiente de un hilo por los últimos acontecimientos. El lunes y a falta de dos días del juicio, el exministro anunció que prescindía de su abogado, aquel que le había gestionado la defensa los últimos meses de instrucción. Tras ello, solicitó un abogado de oficio al Supremo. Ante esta situación, Leopoldo Puente ha rechazado la petición del exdirigente socialista al considerar que podría tratarse de un "fraude de ley". Tras ello, además, el magistrado le ha notificado que se estudiará si se cambian las medidas cautelares que pesan sobre Ábalos. Estas podrían llegar a ser: retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada 15 días en el Supremo. 

"Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana", decía la mañana del martes el exministro de Transportes. Todo ello está fundado, bajo sus propias palabras, a "diferencias irreconducibles" con su defensa. 

Con ello, Puente ha asegurado que el letrado de Ábalos, José Aníbal Álvarez, tiene que asistir tanto el miércoles, día en el que comparecerá el exministro, como el jueves que lo hará el que fuera su asesor durante su estancia en el Consejo de Ministros, Koldo García. Después de las comparecencias que estaban previstas para esta semana, Ábalos podrá finalmente desvincularse de su defensa y nombrar a un nuevo letrado. "Aceptar, como se ha dicho, con naturalidad que toda petición de cambio de letrado, sea cual sea el momento en el que aquélla se produce, forma parte del contenido material del derecho de defensa, supondría distanciarnos del verdadero significado constitucional de ese derecho para permitir que el mismo se instrumentalice con finalidades espurias", ha asegurado el magistrado del Supremo. 

Reacciones políticas y cuánto puede afectar al Gobierno 

El Partido Socialista permanece al margen, aunque con mirada cautelosa a lo que pueda pasar en la comparecencia de Ábalos. Aunque no hay declaraciones oficiales de respaldo explícito, el partido en el Gobierno espera que las repercusiones que pueda llegar a tener el juicio no salpique de forma letal al Ejecutivo. Recordemos que, con la encarcelación de Santos Cerdán durante el verano, Pedro Sánchez y los suyos tuvieron que trazar una maniobra de defensa para justificar la retirada del acta de diputada inmediata y las diferentes preguntas que emergieron porque dos de sus secretarios de Organización del partido estén en el ojo del huracán de un caso de corrupción. Por otro lado, la oposición aprovecha el momento para pedir responsabilidades políticas, que alcanzan incluso al presidente del Gobierno, y a razonar que no puede permanecer en la Moncloa el PSOE. Lo que conlleva una convocatoria de elecciones. 

Otros socios parlamentarios ya han advertido a lo largo de la legislatura que la corrupción es inadmisible en el Gobierno. Es la postura, por ejemplo, que ha mantenido Esquerra Republicana, principalmente cuando se conoció el escándalo a través del informe de la UCO y delimitó claramente la línea que separaría los caminos de ambos partidos: "Que estemos ante la Gürtel del PSOE". Además, Gabriel Rufián añadió que en caso de "que encontremos un papel que ponga P. Sánchez" o que el procedimiento termine en un caso de "financiación ilegal" se verían obligados a terminar sus relaciones con el Ejecutivo. "Me atrevo a decir que todos los partidos que estamos en esta legislatura, que obliga al PSOE a hacer cosas, entendemos que si esto va a más, la gente tendrá que decidir", sentenciaba el líder en el Congreso de ERC. 

Escenarios tras la declaración

Los escenarios tras la declaración de Ábalos son inciertos. El Supremo podría optar por varias vías: continuar la investigación con nuevas diligencias, citar a otros testigos, dictar la prisión provisional o dar por suficiente la declaración y archivar las actuaciones. Todo dependerá de la consistencia de sus explicaciones y de la documentación ya incorporada al expediente. Una información que será la primera vez que entre en juego en los tribunales y que podrá ser determinante para el devenir judicial del exministro de Transportes.  

En el plano político, una eventual imputación formal complicaría el encaje de Ábalos en el Congreso y en el PSOE, reavivando las presiones internas. Si, por el contrario, la citación se resuelve sin consecuencias judiciales, podría consolidarse la tesis de que la causa responde más a responsabilidades de segundo nivel que al núcleo de la dirección ministerial que es la línea de investigación que está en vigor en estos momentos.