Estado de Palestina, año II: lo hecho por su causa en España... y lo que queda por hacer

"Por coherencia, por justicia y por la paz", el 28 de mayo de hace dos años, España reconoció a Palestina como un Estado de pleno derecho, un igual. Irlanda y Noruega fueron de su mano ese día, en un gesto que impulsó el respaldo internacional a las autoridades locales, golpeadas por el genocidio de Israel en Gaza, la ocupación creciente en Cisjordania, las políticas de apartheid o el ninguneo institucional, empezando por Estados Unidos. 

Desde entonces, el Gobierno ha dado los pasos más decididos del continente europeo en cuanto a reivindicación de la causa del pueblo palestino y cerco a quien lo somete, Tel Aviv. Pedro Sánchez se ha convertido en un referente de respeto y de cariño en el mundo árabe, donde España ya tenía una importante reputación sembrada, que se ha agigantado por su negativa a cooperar con la Casa Blanca trumpista en el ataque a Irán. Va mucho más del meme. Es consuelo y es agradecimiento. Nada que ver con cómo lo de Israel, pese a que el presidente siempre ha dicho que el reconocimiento no iba "contra nadie". Han sido meses de una pelea diplomática y mediática brutal, que han dejado en mínimos y muy heridas las relaciones entre los dos países. 

La coalición de PSOE y Sumar ha hecho cosas en este tiempo, pero Podemos o los activistas propalestinos del BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones) piden más. Una cosa es no ser la mayor potencia del planeta para hacer de palanca que cambia del mundo y, otra, no apurar las opciones legales que se tienen a mano, coinciden.

El compromiso

El apoyo del Ejecutivo central a Palestina ha ido cristalizando, con los meses, en iniciativas que van de lo político a lo económico, pasando por lo puramente humanitario.  La primera, sin duda, ha sido reivindicar ante el mundo que Palestina debe tener un Estado propio con las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días (1967), que es la que dibujó en buena parte la separación de Gaza, Cisjordania y el este de Jerusalén que hoy tenemos. No es sólo bueno para el gobierno de Mahmud Abbas, ensalza Moncloa, sino un "acto de justicia histórica" que debe servir, ansía, para desbloquear la solución de dos estados, el israelí y el palestino, vecinos en paz y seguridad. 

No se ha limitado a eso, sino que ha animado a los demás países de los Veintisiete que aún no lo hacen a cambiar su política, porque "mejoraría la posición moral de Europa". Así lo ha defendido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en los encuentros con sus homólogos comunitarios. Más allá, España ha exigido ante la Asamblea General de Naciones Unidas la integración de Palestina como miembro de pleno derecho, ese 194 que llenaba las calles palestinas en 2012, cuando fue aceptado como "Estado miembro observador", que es el estatus que ahora mismo ostenta. 

En el plano diplomático, Madrid también se ha comprometido con el doble proceso jurídico abierto por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y por la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Gaza. En concreto, en junio de 2024 presentó una declaración de intervención en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel sobre la "Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza", lo que implica, por simplificar, sumarse a la causa por un supuesto crimen de genocidio. Países como Colombia, Nicaragua, Chile o Egipto han hecho lo propio. 

La presión de los socios de Gobierno y una movilización ciudadana cada vez mayor llevaron el verano pasado a Sánchez a emplear él mismo la palabra "genocidio", que Naciones Unidas llevaba ya empleando casi un año, para definir lo que se estaba produciendo en la franja costera palestina. "Una cosa muy distinta es proteger a tu país y otra, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes", denunció el presidente al emplear el término a las claras, en septiembre. "Lo que Benjamin Netanyahu presentó como una operación militar para responder a los atentados de Hamás se ha convertido en un ataque injustificable a la población palestina", dijo.

El pasado septiembre, el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, anunció que su oficina iba a investigar las "graves violaciones" de derechos humanos cometidas en la Franja de Gaza para cooperar con la Corte Penal Internacional, por su parte. La causa se amplió un mes más tarde para recabar información sobre las circunstancias de la interceptación de una veintena de embarcaciones de la Flotilla de la Libertad a Gaza, en las que siempre ha habido tripulantes españoles desde que comenzó la ofensiva de Israen en la franja, tras los atentados de Hamás, el 7 de octubre de 2023. 

Países amigos de Israel como la Hungría (hasta hace menos de un mes) de Viktor Orban se han salido de la CPI por su orden de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. España, en cambio, ha confirmado que aplicará la orden de detención si pisan suelo nacional. "Vamos a cumplir con todas las obligaciones", garantiza Albares, dentro de una política defendida a las claras de rendición de cuentas. 

En paralelo, España ha dedicado, entre octubre de 2023 y mediados de 2025, más de 76 millones de euros. El plan presupuestario escaló de forma progresiva con el objetivo de alcanzar los 150 millones de euros en fondos de cooperación y ayuda humanitaria este año, según datos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

A diferencia de otras potencias que suspendieron la financiación, España ha aumentado su respaldo económico a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), señalada sin pruebas por Israel como colaboracionista de Hamás en Gaza. Madrid ha ordenado "inyecciones adicionales consecutivas", incluyendo paquetes extraordinarios de 20 millones y 10 millones de euros, respectivamente. Hasta 16 naciones llegaron a retirarse por completo de dicha agencia, presionadas por Tel Aviv y Washington. Algunas han ido regresando, pero sus aportaciones siguen bajas y, hoy, pasa por una auténtica crisis financiera: el trabajo que tenía encomendado costó alrededor de 880 millones de dólares en 2025, pero recibió sólo 570 millones en contribuciones, por ejemplo. Ni cubre costes, cuando los palestinos han enfrentado la peor crisis desde la Nakba de 1948. 

España también ha destinado fondos para la Autoridad Nacional Palestina a través del mecanismo europeo PEGASE y vía Consejo de Ministros español, para ayudar al "mantenimiento institucional palestino". Sólo mediante esta vía, se autorizaron inyecciones de 50 millones de euros destinados a la agricultura, seguridad alimentaria, asistencia médica y fortalecimiento institucional. 

También se ha planteado un incremento de los efectivos españoles en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah, en la frontera sur de Gaza con Egipto, donde lleva años ayudando la Guardia Civil. Para nuestro país, Abbas sigue siendo un interlocutor de paz y la ANP debe ser remozada, no eliminada. 

Lo espinoso

El 8 de septiembre pasado, el Gobierno presentó sus medidas más profundas hasta la fecha, reconocimiento estatal aparte. "Para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores, y apoyar a la población palestina", dijo Sánchez, un mes antes de que se acordase un alto el fuego entre Israel y Hamás, a instancias de EEUU. Pese a ese aparente avance -incompleto en la práctica-, Madrid no ha dado marcha atrás en las nueve decisiones que tomó. 

En ellas estaban esa ayuda a la ANP, a la UNRWA y a AECID de más arriba, pero las demás, iban dirigidas a Israel, por "quebrantar todas las leyes del derecho humanitario". Lo más destacado fue la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que "consolide jurídicamente" el embargo de armas a Israel que se aplica desde octubre de 2023, "que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a ese país". 

La medida se adoptó, de origen, gracias el empuje de Sumar, pero no siempre se ha cumplido a rajatabla: en marzo, el Centre Delàs de Estudios por la Paz publicó el informe Opacidad y desinformación en las relaciones armamentistas entre España e Israel en el que afirman, directamente, que "no es un embargo" lo que tenemos. El análisis de "medidas, casos y declaraciones concretas", incluidos la aplicación de la cláusula de excepción, el plan de desconexión militar de Israel y los diferentes programas de armamento con participación israelí, "genera serias dudas sobre la verdadera eficacia del Real decreto-ley y hacen pensar, más bien, que las relaciones militares entre España e Israel no se han eliminado", denunciaron pasados seis meses del compromiso presidencial. 

La exportaciones de armamento al Estado hebreo se redujeron a cero el año pasado, tras sumar 1,4 millones en 2024, dice, por contra, la secretaria de Estado de Comercio, que es quien tiene las competencias. España ha vetado siete tránsitos de buques con armas y 57 operaciones de venta de material militar o doble uso para Israel, informó hace dos meses El País. 

Otro de los compromisos anunciados por Sánchez fue la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes y la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. 

Añadía la prohibición de acceder a territorio español "a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en Gaza". Desde hace ocho meses, los ministros israelíes Itamar Ben-Gvir (Seguridad Nacional) y Bezalel Smotrich (Finanzas), ambos ultranacionalistas y religiosos, están incluidos "en el listado oficial de personas sancionadas" y "no podrán acceder a territorio español".

La pasada semana, las autoridades españolas pidieron a la Unión que haga lo propio en todos sus miembros, tras el escandaloso vídeo de Ben-Gvir humillando a los miembros de la última Flotilla a Gaza, interceptada, como las previas, en aguas internacionales sobre las que Israel no tiene jurisdicción. El gesto provocó reacciones de condena y protestas diplomáticas en varios países, entre ellos España, Canadá, Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos, que convocaron a representantes israelíes para expresar su rechazo.

Más: en el paquete de septiembre pasado, España incluyó la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población civil palestina, y mantener viva la solución de los dos Estados.

Y cerró con la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

Antes de aquella convocatoria, ya en 2024, comenzó la imposición selectiva de sanciones a colonos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania, territorio ocupado palestino, con un primer grupo de 12. 

Las decisiones a favor de Palestina y limitantes de los intereses de Israel han hecho que, en estos dos años, las relaciones con Tel Aviv se hayan deteriorado hasta niveles no conocidos desde 1986, año en que se establecieron relaciones diplomáticas entre ambos. El reconocimiento del Estado fue lo que más dolió a los de Netanyahu que, como respuesta, han excluido a España de foros internacionales y han limitado el acceso de diplomáticos españoles a la zona. "La decisión retorcida de sus gobiernos es una recompensa para Hamás; Hamás les felicita por ello. La decisión tendrá consecuencias más graves para nuestras relaciones con sus países", dijo el director general del Ministerio de Exteriores de Israel, Yaakov Blitshtein, en 2024. 

En este momento, Israel no tiene un embajador oficial en España, en señal de protesta, y la delegación diplomática en Madrid está encabezada por Dana Erlich, la jefa de misión o embajadora en funciones. Nuestro país sí había mantenido su legación en Tel Aviv al completo hasta marzo, con Ana Sálomon al frente, pero entonces decidió cesar oficialmente a la embajadora, dejando también la representación al nivel de encargada de negocios, en este caso, Francisca Pedrós. Sálomon había sido llamada a consultas en septiembre de 2025 en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países y desde entonces permanecía en España. Su cese formalizaba la crisis. 

Se han producido en estos años llamadas a consultas cruzadas para presentar quejas por decisiones o declaraciones de los respectivos gobiernos. La llamada a consultas es una herramienta diplomática que se suele emplear para expresar el malestar del Gobierno con un determinado país. Generalmente es 'sine die' y no requiere la autorización del país de destino para que el embajador pueda volver a su puesto en un futuro.

Israel siempre ha cargado contra quien entiende como propalestino pero, en el caso de España, a las acusaciones normales de antisemitismo, se han sumado alusiones a la Inquisición y la persecución de los judíos o hasta a los libelos de sangre, esas mentiras para justificar agresiones a los hebreos. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, es uno de los que ha llamado reiteradamente "antisemita" al Ejecutivo y, por ello, incluso ha ordenado que se vete la entrada al país tanto de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ambas de Sumar.

Los señalamientos han sido constantes: de "alentar" el terrorismo de Hamás, de legitimar una "campaña de incitación al odio" contra Israel -por premiar a Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos-, de ser aliado del régimen iraní -"va de la mano sin pudor", se dijo cuando reabrió la embajada en Teherán-, o de de normalizar la "violencia política" -por animar a "sabotear" la Vuelta Ciclista a España el verano pasado, una de las crisis más espinosas en este desencuentro creciente-.

Otro roce importante se produjo cuando, en abril, Israel anunció la expulsión de los representantes españoles del centro de coordinación en Kiryat Gat, una plataforma internacional de ayuda y logística a Gaza. "Israel no permanecerá en silencio ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las FDI, los soldados del ejército más íntegro del mundo", dijo Netanyahu. En el mismo mes, soldados de Israel retuvieron a un uniformado español miembro de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL / FINUL), en mitad de sus enfrentamientos con Hezbolá, revividos en el contexto de la guerra de Irán. La "injustificable retención" llevó a otra llamada a consultas. Ya se habían producido incidentes en los que las Fuerzas de Defensa de Israel abrieron fuego cerca de posiciones españolas.

España no ha acudido este año al festival de Eurovisión y eso también ha recibido el calificativo de "vergonzoso" por parte de Tel Aviv. Eso fue a mediados de mayo, pero el último gran choque tiene apenas unos días: el sábado pasado, activistas de la Flotilla que regresaban al País Vasco tras ser asaltados y detenidos por Israel sufrieron violencia policial por parte de la Ertzainza. Hubo cuatro detenidos. Tel Aviv convocó a la encargada de negocios de España para quejarse de ese maltrato. Es un gesto calificado de "hipocresía" por el Gobierno español, teniendo en cuenta los reportes de tortura o abusos sexuales del grueso de estos activistas una vez que tocaron suelo seguro, en Turquía.

Lo pendiente

El presidente Sánchez repetía estos días, a raíz del vídeo vejatorio de Ben-Gvir, que quizá esto abra los ojos a Europa a la imposición de más "sanciones". Son pocas, testimoniales, las logradas hasta ahora, cuando los miembros están divididos por su apoyo a Israel (empezando por Alemania) o las presiones populares crecientes en apoyo a Palestina (Italia, sin ir más lejos). 

Gracias al reconocimiento del Estado palestino de hace dos años, se empezó a mover la lenta maquinaria de los grandes del viejo continente y, así, en septiembre, en el contexto de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, anunciaron este mismo trato de igual a igual países como Reino Unido, Francia, Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Portugal y San Marino. 

Ese impulso es valioso y en círculos diplomáticos le aplauden a Madrid el peso relativo en él, una chispa que se sumó a las matanzas o el hambre persistente en Gaza, que aquella primavera del 25 impactaron hasta a Donald Trump, dicen. Sin embargo, no ha generado grandes acciones de Europa en bloque, atrapada como está en la necesidad de mayorías: mientras que Alemania siga teniendo su culpa inmemorial como brújula en lo que concierne a Israel o países como Hungría sean los mejores amigos de Tel Aviv, las respuestas se quedarán en el tintero. 

Por ejemplo, España ha sido el país que más repetidamente, junto a Irlanda, ha reclamado que se rompa el Acuerdo de Asociación con Israel porque "viola los principios y valores europeos". Es la base de las relaciones entre los dos lados y hay informes de la propia Comisión que reconocen que podría estarse violando su artículo 2, una cláusula de "elementos esenciales" por la que que las partes están jurídicamente obligadas a cumplir con la normativa internacional de derechos humanos. La falta de consenso ha hecho que no se haya roto la baraja aún. Lo mismo ocurre con vetos a ministros o militares o al embargo de armas, que sólo imponen algunos países a título individual. 

El pasado 11 de mayo, sí se logró, en una reunión de los ministros de Exteriores de la Unión, un acuerdo político para imponer nuevas sanciones a las organizaciones de colonos Amana, HaShomer Judea y Samaria, Regavim y Nachala, así como a tres de los colonos que las lideran. Una medida bloqueada durante meses por Budapest. "La violencia y el extremismo conllevan consecuencias", señaló la alta representante de la política exterior europea, Kaja Kallas, que también avanzó más sanciones para los lideres de Hamás. Año y medio después de España. 

Si las sumas y restas complican las cosas en la UE, lo mismo pasa en Naciones Unidas, donde el Consejo de Seguridad, con derecho a veto de los cinco miembros permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido y EEUU), bloquea las posibles sanciones más importantes, las económicas y financieras, que son las que hacen daño a países como Irán. 

Lo que piden desde el activismo a Sánchez es que rompa directamente relaciones con Israel, con todas las consecuencias, hasta que se respete a los palestinos, más allá del acuerdo en Gaza. "Todos los diplomáticos israelíes, en particular los agregados militares, deberían ser expulsados de todas las capitales. Las relaciones diplomáticas ordinarias no pueden mantenerse con Israel, ya que comete genocidio, crímenes de guerra y el crimen de lesa humanidad del apartheid contra el pueblo indígena palestino", defiende el BSD. 

Si aplaudido fue por unos la presencia del presidente en la cumbre del pasado 13 de octubre en Sharm El Sheikh (Egipto) para estar presente en la puesta de largo de la hoja de ruta de Trump, criticado fue por otros por ponerse en la foto de un acuerdo que olvida en buena parte la voz de los propios palestinos. España anunció una cumbre de paz para la primavera de 2024, que no se pudo celebrar, y hay quien propone que debería empeñarse más en hacer encuentros de este tipo o, incluso, implicarse en un proceso sostenido de paz, callado, como el de los noruegos en los años 90. Eso podía soñarse antes, cuando los puentes estaban tendidos con las dos partes. Hoy suena a quimera. 

Apuesta el BDS por un embargo de armas permanente, no temporal, y por un embargo comercial total, además de por sanciones selectivas a más políticos y militares, la congelación de sus posibles activos y el fin de las relaciones académicas, científicas, deportivas y culturales, de los convenios con universidades a la participación en competiciones internacionales.

Al Gobierno, por ejemplo, Amnistía Internacional le ha pedido también que ejerza "una jurisdicción universal sobre crímenes de derecho internacional y que promueva también el fortalecimiento de leyes, tanto nacionales como internacionales, para abordar estos peligrosos crímenes". En el caso de España es complicado dar esa solución que demanda AI, ya que el Partido Popular, en 2014, emprendió una reforma de la llamada Justicia Universal que la acabó invalidando. A través de un cambio exprés de la Ley Orgánica de Poder Judicial, en concreto el artículo 23, "se cerraba cualquier posibilidad a llevar a cabo procesos de persecución de crímenes de derecho internacional". 

Hoy hay más violencia que nunca en Cisjordania, crecen los colonos en Jerusalén Oriental y la tregua en Gaza está apenas en el papel, con la segunda fase del plan de paz en marcha sin que haya ni desarme de Hamás ni Junta de Paz (invento made in USA) coordinando la ayuda o la reconstrucción. No hay asunción alguna de responsabilidades políticas por todo el dolor que ha llevado a España en estos años a cambiar sus políticas. El Gobierno rema por "justicia" y "convicción", repite Sánchez, pero Palestina también está siendo una oportunidad idónea para que ejerza su poder blando en un asunto de gran calado. En sintonía con sus ciudadanos, pero insuficiente en el plano global.

Con cada gesto, además, reviven las especulaciones con que el futuro del hoy presidente, tras dejar la Moncloa, estará en el ámbito internacional. Haber liderado esta postura clara y diferenciada refuerza su perfil para optar a altos cargos de esta naturaleza, de la UE a la OTAN. Sánchez nunca entra a valorar esos rumores, pero están. Y revivirán de nuevo si mantiene su postura o hasta la aumenta y las cosas vienen mal dadas en casa.