La Xunta de Rueda choca con la "libertad" de Ayuso: de las multas a comercios a quién paga el abono

Cuando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lanzó aquel ya histórico órdago plesbicitario que proclamaba que se elegía entre "comunismo" o "libertad", muy pocos pensaron que las medidas surgidas desde la región que alberga la capital española podrían afectar más allá de sus fronteras. Quizás, quienes menos lo pensaron fueron sus compañeros de filas en el PP. Con un mapa de España que ha ido tiñéndose aún más de azul popular, en la última semana ha destacado un choque significativo entre un barón y una baronesa de los de Núñez Feijóo. Y no precisamente mandatarios sin importancia, sino de los últimos que todavía mantienen intactas sus mayorías absolutas.

La Xunta de Galicia de Alfonso Rueda —quien revalidó la absoluta que heredó de Feijóo tras su ascenso a presidente nacional en Génova 13— viene de experimentar varias fricciones con Madrid y ambas son de carácter económico o empresarial —más allá del debate de la condonación de la deuda autonómica, que Rueda también rechaza como Ayuso—. 

El primer elemento que está causando tensión entre San Caetano y la Puerta del Sol entronca directamente con el cambio realizado de cara a la expedición o renovación del abono de transporte público madrileño, que ahora requiere de estar empadronado, una cuestión que imposibilita a algunos perfiles, sobre todo a los estudiantes de otras comunidades, la percepción de becas y ayudas. Ayuso maniobró al día siguiente del anuncio, pero dejando claro que a partir de ahora tocaría pasar por caja y no sería la Comunidad la que afrontaría sola todo ese pago.

A ello se suma la reciente queja y malestar en el seno del pequeño comercio gallego, que ha desvelado El País este martes en una información y que ha podido confirmar este diario. Se ha registrado un reguero de multas a establecimiento de venta de ropa lucenses y pontevedreses, concretamente, al menos seis notificaciones de sanciones procedentes de la Comunidad de Madrid, por supuesta incumplimiento de la normativa en la información de sus páginas web de ventas. 

La Federación Galega de Comercio dio la voz de alerta, ante multas que llegan a oscilar entre los 11.000 y los 13.000 euros, y ha llevado el caso a la Dirección Xeral del ramo correspondiente, puesto que al trascender las sanciones ya se ha producido al cierre de una de las webs e incluso se ve amenazada la viabilidad de algunas de las tiendas. Tras haber sido instados por la dicha federación a un "diálogo institucional y la colaboración entre administraciones", desde el Gobierno de Rueda están asesorando a los comercios afectados, pero no van a interceder ante la Consejería de Economía y Hacienda de Ayuso.

La Xunta asesora a varios comercios afectados contra las sanciones, pero no intercederá ante Ayuso

"Parece como si fueran a la caza y captura", ha resumido, con retranca, este martes el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, en conversación telefónica con El HuffPost, recordando que comenzaron a tener constancia de las sanciones hace unos diez días. Fue entonces cuando cada "comerciante llamó a su asociación correspondiente y después nos pusimos en contacto con la Dirección Xeral de Comercio". 

Seijas explica que están satisfechos con la respuesta recibida por parte de la Xunta, tras una reunión mantenida ayer, pero incidiendo en que no comparten la forma de proceder en cuanto a las multas impuestas desde Madrid: "Salimos contentos con lo que respecta a la Dirección Xeral de aquí, no contentos con el proceso de todas estas sanciones, naturalmente". Hasta dichas dependencias de la Xunta han llevado su petición de que "en la próxima reunión de directores lleguen a un acuerdo y que la normativa sea igual en todas las comunidades, si cada una tiene la suya, estamos expuestos".

En ese encuentro, "para unificar y aclarar criterios", han manifestado su queja de que "antes de sancionar haya un aviso o se prevenga al comerciante". El presidente de la mencionada federación también señala que "en este caso fue una sanción directa y las webs están corregidas y no hubo ninguna denuncia por parte de ningún consumidor y, ni siquiera, en ninguno de los casos que se sancionan hubo alguna compra en la web de sus productos". Desde la federación consideran que probablemente "sería un funcionario que le ordenaron hacer esto, buscar estas incidencias".

Según El País, desde la Consejería de Economía han aludido al marco del Plan Sectorial de Control de Productos Textiles y a la identificación de "defectos de etiquetado en los productos a la venta, limitaciones a la hora de reclamar contra la empresa vendedora o en relación a la garantía de los productos". Según esa misma información, hay sanciones por no detallar la composición textil del producto y una por el redactado del texto de la política legal en el que figura que se podrá interponer denuncias en cualquier juzgado "de Foz [municipio de Lugo]", mientras que debería constar "de España". También que tres de las firmas gallegas afectadas han decidido sufragar el pago de las sanciones.

Seijas defiende que tanto desde la Xunta como desde la propia federación "trabajamos diariamente para mantener, ya no digo para abrir más, pero sí para mantener el número de comercios", esgrimiendo la ya acusada problemática que afronta en los últimos tiempos este sector vital para el tejido empresarial local. "No podemos permitir en estos momentos que haya ningún tipo de cierre, si la Administración de Madrid está luchando por lo contrario, mal vamos", ha sentenciado.

Preguntado sobre el hecho de que no habrá intercesión por parte de Comercio de la Xunta con la consejería madrileña homóloga, Seijas señala que esperan que el asesoramiento para efectuar las alegaciones ante la administración madrileña tenga como desenlace que estas queden sin efecto o, al menos, sean rebajadas considerablemente. Y recuerda que ese escenario final es esencial. Por la propia viabilidad de estas empresas locales.

"A consecuencia de esto, uno de los comercios ya cerró su web", ha lamentado el responsable de la Federación Galega de Comercio, "cuando llevamos trabajando hace mucho tiempo para informatizar nuestros comercios, para ponerlos a la altura de los otros canales de distribución". Seijas valora que "entonces, esto es incongruente, que una Administración [en referencia a la madrileña] cometa estos errores...", antes de ser claro con lo que puede acabar ocurriendo a los afectados: "En algún caso, si hay que pagar esa sanción de 11.000 o 13.000 euros, alguno de los comercios va a tener que cerrar".

Rueda responde a la carta de Ayuso: "Me sorprendió un poco porque a Madrid la tengo por una comunidad abierta"

La cuestión de las multas a pequeños comercios gallegos ha estallado cuando estaba en curso otro choque más directo y que sobre el que sí ha llegado a pronunciarse el mandatario gallego, Alfonso Rueda. Se trata de las cartas que ya anunciaron que enviarían desde la Consejería de Transportes madrileña al resto de comunidades autónomas, para para plantear convenios para el abono de transportes de estudiantes de otras regiones en Madrid. Eso sí, adelantando que sería con "corresponsabilidad financiera".

Básicamente, la misiva firmada el gerente del CRTM, Pablo Rodríguez, se invita a las comunidades autónomas que así lo deseen a que suscriban convenios inspirados en el modelo que mantienen con algunos municipios de Castilla-La Mancha, por el que la Junta castellano-manchega sufraga económicamente una parte. Cabe recordar que la propia Ayuso destacó que "el contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice" y que "además, hay que seguir modernizándolo, ampliándolo y las nóminas de los trabajadores y el servicio de uno de los mejores transportes públicos del mundo hay que pagarlos".

La respuesta de Alfonso Rueda, quien en las últimas elecciones gallegas incluso contó con el apoyo de Ayuso en un mitin en Vigo —cuando dijo aquello de la "suerte de pasear entre montes de eucaliptos"—, se puede resumir en dos palabras. La de que fue una "sorpresa", pero también la de que va a haber "reprocidad". En esa línea, y a preguntas de la prensa, el presidente de la Xunta indicó que "me sorprendió el anuncio público y recibir después una carta-invitación al convenio de la Comunidad de Madrid".

A juicio de Rueda, "estas cosas hay manera de hablarlas y me sorprendió un poco porque a Madrid la tengo por una comunidad abierta". Pero el mandatario gallego no se quedó ahí, subrayando que "de llegar a algún acuerdo" con la Comunidad de Madrid, necesariamente será "en condiciones de reciprocidad". Se refiere a que, en el caso de Galicia, hay madrileños que tienen acceso a bonificaciones y ventajas de este tipo en el ámbito del transporte, por tanto, "por lo menos, la condición de reciprocidad va a ser innegociable".