Detenidas 28 personas en Valencia tras falsificar alquileres por 300 euros para inmigrantes que buscaban la residencia en España

Una operación de la Policía Nacional en Valencia ha destapado un entramado que, presuntamente, ofrecía contratos de alquiler falsos a ciudadanos extranjeros en situación irregular a cambio de 300 euros. Parece mentira, pero así es. El objetivo de estos documentos era rematadamente claro: utilizarlos para empadronarse o iniciar trámites administrativos que facilitaran la permanencia y, en algunos casos, la residencia en España. 

Hasta el momento, la investigación ya se ha saldado con 28 personas detenidas, acusadas de delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y estafa. Por supuesto, no se descartan nuevas detenciones a medida que avancen las diligencias.

El origen de la investigación

Todo esto arrancó el pasado mes de abril de 2025, cuando los agentes ya detectaron movimientos sospechosos en una vivienda de la ciudad de Valencia. En ese inmueble figuraban varios empadronamientos, digamos extraños, que no encajaban con la realidad de la vivienda. Y eso es lo que hizo saltar todas las alarmas. A partir de ahí, los investigadores comenzaron a reconstruir lo que parecía un patrón repetido. Y la respuesta empieza a llegar ahora.

Según fuentes policiales, el esquema se extendía al menos a otras tres viviendas y giraba en torno a una misma dinámica. El patrón, repetido, como decíamos. El negocio, el que es. El principal investigado, junto a su pareja, alquilaba los inmuebles como inquilino formal ante los propietarios. Una vez firmados los contratos originales, procedía a subarrendar habitaciones y, presuntamente, a emitir contratos de alquiler ficticios a terceros. Una estafa en todo regla, vaya.

Contratos por 300 euros para “regularizar” la situación

El núcleo del negocio estaba en la expedición de esos contratos por los que se cobraban 300 euros. Los documentos, aunque formalmente presentados como alquileres de habitaciones, no respondían a una ocupación real del inmueble o no cumplían los requisitos legales necesarios.

Según los investigadores, los compradores eran extranjeros en situación irregular que conocían perfectamente la naturaleza irregular de esos papeles. Aun así, los utilizaban para trámites como el empadronamiento o para iniciar procedimientos administrativos vinculados a la permanencia prolongada en España.

En este tipo de procesos, el contrato de alquiler siempre puede convertirse en una pieza determinante para acreditar arraigo o residencia efectiva en un domicilio determinado. Es ahí donde reside el valor de todo esto.

Un modus operandi repetido

Los agentes de la Brigada Provincial detectaron que el sistema seguía un patrón "demasiado" idéntico en cada vivienda investigada. Uno más uno suele ser dos. Tras arrendar el inmueble al propietario legítimo, el principal sospechoso gestionaba las habitaciones y ofrecía los contratos, presuntamente sin que existiera una ocupación real acorde con lo declarado.

Además de los delitos vinculados a la inmigración irregular, a los detenidos se les atribuyen posibles delitos de falsedad documental y estafa. La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer más implicados o nuevas ramificaciones del entramado.

Desde la Policía Nacional se mantiene abierta la operación para, ahora, esclarecer por completo los hechos y determinar el alcance total del fraude. También se está analizando ahora la documentación intervenida y los posibles trámites administrativos realizados con estos contratos.

El caso vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de personas en situación irregular, que en ocasiones se ven obligados a recurrir a este tipo de vías para intentar regularizar su situación. Ante una necesidad siempre acaba saliendo una solución. Y en muchos de los casos esa solución no es legal.

La causa sigue abierta y será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades penales de los implicados.