Bloqueo naval, retornos rápidos y países seguros (que no lo son): Meloni endurece su política migratoria
El plan del Gobierno ultra de Italia incluye una vigilancia más estricta en las fronteras y cooperación con las agencias europeas, justo cuando Bruselas se ha contagiado de sus planes y endurece su postura.
La persecución de la inmigración irregular fue una promesa clave en la campaña electoral que convirtió, a la postre, a Giorgia Meloni como primera ministra de Italia. Durante todo su mandato, ha intentado soluciones polémicas, como el traslado de los migrantes interceptados por buques italianos en aguas internacionales a Albania, que se encontró con la justicia en contra.
Ahora, su Gobierno ultraconservador de Italia, ha ido más allá: ayer aprobó un proyecto de ley que reactiva las deportaciones de migrantes a países considerados por Roma como seguros (aunque no lo sean) y plantea el llamado "bloqueo naval" para los barcos de migrantes que intentan llegar a las costas italianas.
Una reunión de gabinete a última hora de la tarde dio luz verde al proyecto de ley, que ahora necesita ser discutido y aprobado en ambas Cámaras del parlamento antes de entrar en vigor. No obstante, pese al debate nacional al respecto, se espera que salga adelante sin problemas, con el apoyo de los tres partidos en el poder: los Hermanos de Italia de la líder ultra, la Liga y Forza Italia.
El nuevo paquete migratorio de Italia también incluye una vigilancia más estricta en las fronteras y cooperación con las agencias europeas y llega un día después de la aprobación del nuevo pacto de la UE sobre migración y asilo, que Roma planea implementar rápidamente. Parece que Meloni, con su vía albanesa, abrió un camino que parecía reservado a la derecha extrema, pero no, lo que ha hecho ha sido contagiar a los demás estados europeos: hoy las normas comunitarias se asemejan a sus deseos.
Los planes de Roma
El paquete incluye nuevos poderes que permitirían a las autoridades italianas imponer un bloqueo naval a los barcos de inmigrantes que intenten ingresar a las aguas territoriales de Italia, bajo ciertas condiciones.
Las autoridades pueden prohibir el cruce a aguas italianas por hasta 30 días en casos en que el barco migratorio represente una "amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional", como en el caso de un riesgo concreto de actos terroristas o infiltración terrorista, según el proyecto de ley. El bloqueo es prorrogable hasta un máximo de seis meses.
"En casos de grave amenaza para el orden público o la seguridad nacional, el cruce de la frontera de las aguas territoriales podrá prohibirse temporalmente mediante resolución del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior", establece literalmente el nuevo texto. La prohibición -dirigida a las ONG, aunque no se menciona, ya que no se aplica a las embarcaciones- puede imponerse en cuatro circunstancias: riesgo de terrorismo, presión migratoria excepcional, emergencias sanitarias y eventos internacionales que requieran medidas de seguridad.
También sería posible impedir que los barcos entren en aguas italianas en caso de una afluencia drástica de migrantes que pudiera poner en peligro la gestión segura de las fronteras.
Aquellos que violen las reglas enfrentarían multas de hasta 50.000 euros y verían sus barcos confiscados en caso de violaciones reiteradas, una medida que parece apuntar a los barcos de rescate humanitario.
En estos casos, los migrantes interceptados podrían ser “transportados a terceros países distintos de su país de origen, con los que Italia ha firmado acuerdos específicos”, dice el proyecto de ley.
Bajo estas reglas, el Ejecutivo de Meloni pretende reiniciar centros de procesamiento offshore similares a los dos controvertidos creados en Albania, que han estado sustancialmente inactivos durante aproximadamente dos años debido a obstáculos legales. Estos centros -un importante esfuerzo del gobierno de Meloni para gestionar los flujos migratorios- han suscitado constantemente debates sobre su legalidad y eficacia, provocando una fuerte oposición por parte de los grupos humanitarios.
La aprobación del proyecto de ley italiano se produce después de que los legisladores europeos votaran el martes para aprobar nuevas políticas de inmigración que permiten a las naciones negar asilo y deportar a inmigrantes porque provienen de un país designado como seguro o podrían solicitar asilo en un país fuera del bloque de 27 naciones.
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, elogió las nuevas reglas el martes y dijo que la confirmación del Parlamento Europeo en la lista de países seguros "demuestra que Italia tiene razón".
La denuncia
En el bando contrario, entre quienes critican las medidas, los reproches llegan desde varios frentes. Una parte de la oposición acusa al Gobierno de construir un gran relato de firmeza con instrumentos jurídicamente frágiles y operativamente discutibles.
Pero el argumento más serio es el del choque con el derecho internacional: el jurista Giuseppe Cataldi, especialista en derecho del mar, citado por ABC, sostiene que el bloqueo naval sería, en buena medida, incompatible con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, porque esta ya define de forma clara cuándo un Estado puede considerar "no inocente" el paso de una nave.
Según su tesis, salvo el supuesto terrorista -más encajable-, los demás escenarios planteados -presión migratoria, emergencias sanitarias, grandes eventos- no justificarían cerrar el acceso de manera general, y menos aún cuando hay obligación de socorro a personas en peligro.
