El vacío legal del voluntariado contra el fuego: "Si la gente de los pueblos ve que un incendio amenaza sus casas, sus terrenos o su ganado, va a querer actuar sí o sí"
Un debate cada vez más necesario.
Cada verano deja imágenes de vecinos formando cadenas de cubos, agricultores abriendo cortafuegos con sus tractores o ganaderos intentando salvar sus explotaciones de las llamas. Son escenas que se repiten en muchas zonas rurales de España y que vuelven a plantear una pregunta incómoda: ¿Qué papel deben tener los ciudadanos cuando un incendio forestal amenaza su pueblo?
El debate ha cobrado fuerza a medida que los grandes incendios son cada vez más frecuentes y alcanzan núcleos habitados. Mientras algunas comunidades estudian fórmulas para regular la participación de voluntarios, otras voces insisten en que la extinción debe seguir siendo una labor reservada a profesionales.
Según informa El País, el sector está dividido entre quienes consideran imprescindible aprovechar la implicación de los vecinos y quienes creen que el riesgo hace necesario limitar su intervención a labores de prevención y apoyo logístico.
Un impulso ciudadano que la ley apenas regula
"Si la gente de los pueblos ve que un incendio amenaza sus casas, sus terrenos o su ganado, va a querer actuar sí o sí", ha explicado el bombero forestal y fundador de SOS Wildfire, Nacho Martín, resume una realidad que, a su juicio, las administraciones no pueden seguir ignorando.
Aunque la legislación reconoce tanto el deber de colaborar en las emergencias como el derecho de participación de la ciudadanía, en la práctica apenas existe un marco claro para quienes desean intervenir en incendios forestales.
De hecho, Extremadura tramita actualmente un decreto para regular este tipo de voluntariado y en provincias como León ya se organizan cursos para formar a vecinos, todo ello con el objetivo de evitar actuaciones improvisadas que puedan poner en peligro tanto a los propios voluntarios como a los equipos de extinción.
Cataluña, el modelo que muchos miran
El ejemplo más consolidado se encuentra en Cataluña, donde funcionan desde hace cuatro décadas las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), integradas por más de 6.700 voluntarios organizados, formados y equipados con vehículos, cisternas y material específico.
Estas agrupaciones realizan trabajos de prevención durante todo el año, pero también intervienen en los primeros momentos de muchos incendios. Solo en la provincia de Barcelona participaron directamente en la extinción de 89 fuegos el año pasado.
Sin embargo, la discusión continúa abierta. Mientras algunos expertos defienden reforzar este tipo de estructuras organizadas, otros creen que el futuro pasa por profesionalizar cada vez más la respuesta frente a los incendios y reservar el voluntariado para tareas de prevención, sensibilización y apoyo.
Un debate que gana urgencia a medida que el fuego se convierte en una amenaza cada vez más habitual para los pueblos españoles mientras que las olas de calor y las temperaturas van incrementándose año tras año.