Un pueblo de Ibiza multará con 150 euros a quien compre una toalla o unas gafas a los vendedores de playa: dicen que van contra las mafias, no contra los manteros
El municipio endurece las sanciones contra la venta ambulante en plena temporada turística, con multas de hasta 3.000 euros.
Comprar unas gafas de sol, una toalla o una camiseta a un vendedor ambulante en la playa puede salir mucho más caro este verano en Ibiza. El Ayuntamiento de Sant Joseph de sa Talaia, uno de los municipios más turísticos de la isla, ha aprobado una nueva ordenanza que permitirá sancionar con 150 euros a quienes adquieran productos de vendedores sin autorización.
La medida, que ya ha entrado en vigor, afecta a playas tan concurridas como Ses Salines y forma parte de una nueva estrategia municipal para combatir la venta ambulante ilegal. El consistorio insiste en que el objetivo no es perseguir a los manteros, sino atacar las organizaciones criminales que, según denuncia, controlan gran parte de este negocio.
Multas para vendedores... y también para quienes compren
La nueva Ordenanza de Convivencia Cívica introduce sanciones tanto para quienes venden productos sin licencia como para quienes los compran.
Así, adquirir artículos como gafas de sol, bolsos, camisetas, pareos o toallas a vendedores ambulantes podrá considerarse una infracción leve, castigada con multas de 150 euros.
La normativa también endurece las sanciones para otras actividades habituales en algunas playas. Recibir un masaje ofrecido por personas sin autorización puede acarrear una multa de 500 euros, mientras que otros comportamientos contemplados en la ordenanza —como actos vandálicos o conductas discriminatorias— pueden alcanzar sanciones de hasta 3.000 euros.
"La guerra es contra las mafias"
Desde el Ayuntamiento subrayan que la intención no es criminalizar a quienes venden en la playa. El consistorio sostiene que detrás de la mayoría de estos puestos ambulantes existe una estructura organizada que suministra mercancía falsificada y obtiene los mayores beneficios del negocio.
Según recoge el Diario de Ibiza, solo en la playa de Ses Salines pueden llegar a operar alrededor de una veintena de vendedores de forma permanente durante la temporada alta. La mercancía se repone continuamente desde almacenes situados en las inmediaciones, lo que, según las autoridades, evidencia una organización logística estable.
El Ayuntamiento considera que penalizar también la compra pretende reducir la demanda y, con ello, dificultar el negocio de las redes que abastecen a los vendedores.
Un debate que va más allá del turismo
La medida ha reabierto un debate que lleva años presente en muchas zonas turísticas del Mediterráneo. Por un lado, las administraciones sostienen que la venta ambulante ilegal alimenta redes de distribución de productos falsificados y favorece la explotación laboral de quienes trabajan en la playa.
Por otro, organizaciones sociales recuerdan que muchos vendedores son personas migrantes en situación de vulnerabilidad que encuentran en esta actividad una de las pocas vías para obtener ingresos.
Precisamente por ello, el Ayuntamiento insiste en que la nueva normativa busca atacar el origen del problema y no únicamente a quienes venden sobre la arena.
Una imagen habitual en las playas mediterráneas
Los vendedores ambulantes forman parte desde hace décadas del paisaje veraniego de numerosos destinos turísticos de España, Italia, Grecia o Francia. Con gafas de sol, bolsos, camisetas deportivas, pareos, sombreros o juguetes, recorren diariamente kilómetros de playa ofreciendo sus productos a los turistas bajo el sol.
La mayoría de los compradores son conscientes de que muchos de esos artículos son imitaciones o falsificaciones, pero el Ayuntamiento de Sant Josep considera que mantener esa demanda favorece la continuidad de un negocio controlado, según sostiene, por organizaciones criminales.
Con esta nueva ordenanza, el municipio ibicenco pretende reducir esa actividad durante una de las temporadas turísticas más intensas del año. A partir de ahora, aceptar el clásico "Hola, amigo" de un vendedor ambulante ya no solo implicará negociar un precio: también podrá suponer una multa de 150 euros para quien decida comprar.
