Joaquim Bosch sale al paso y señala si la "prioridad nacional" de Abascal es realmente legal

El reconocido magistrado y jurista español Joaquim Bosch ha analizado las medidas que Santiago Abascal pretende impulsar en una reforma de la Ley de Extranjería incluida en el pacto entre el PP y Vox en Extremadura para investir a María Guardiola. Con estas propuestas se busca establecer una “prioridad nacional”, favoreciendo a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a ayudas públicas, vivienda protegida o servicios sociales.

El problema es que parte de estas iniciativas chocan con el marco legal actual y con el reparto de competencias, ya que la política migratoria y la Ley de Extranjería dependen del Estado y no de las comunidades autónomas. Bosch ha abordado precisamente esta cuestión durante su intervención en el programa vespertino de RTVE Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora.

Preguntado sobre si estos puntos serían contrarios a la normativa vigente, el magistrado ha sido claro: “Sí, efectivamente. No solo son puntos contrarios a la legislación española, sino incluso a tratados internacionales en materia de protección de menores”.

"En el tema de los menores extranjeros es evidente que una comunidad autónoma no tiene competencias para poder acordar medidas de expulsión", ha añadido. Además, ha señalado que algunos aspectos del pacto hablan de no aceptar la acogida de menores extranjeros. “Eso está regulado en una ley que se aprobó hace un año. Su cumplimiento es obligatorio”.

De hecho, ha recordado que Extremadura sí ha acogido hasta ahora a menores "en materia de distribución". Sobre la llamada “prioridad nacional”, Bosch ha defendido que no se puede discriminar a personas extranjeras “que tienen residencia en España en materia de vivienda y de ayudas sociales, porque eso lo prohíbe expresamente la ley”.

Y ha citado textualmente la norma: "Dice que las personas extranjeras que tienen residencia legal tienen los mismos derechos en esta materia y, muy especialmente, también la Ley de Extranjería, que es una ley orgánica, establece que, aunque estén en situación irregular, no se puede excluir a las personas extranjeras del acceso a servicios y prestaciones sociales básicas".