La Policía Nacional da dos trucos para decir adiós a las llamadas "no deseadas"
Rápido y sencillo.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para prohibir las llamadas 'spam' no solicitadas de compañías eléctricas. No obstante, las procedentes de otros empresas se seguirán produciendo, por lo que es importante saber cómo defenderse de ellas.
La Policía Nacional ofrece dos herramientas para combatirlas. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde cuentan a sus seguidores "cómo dejar de recibir llamadas de publicidad que no has pedido".
Evitarlas es fácil si sabes cómo. "Existen dos herramientas que te ayudan a proteger tu privacidad". La primera de ellas es la conocida como lista Robinson (listarobinson.es), un servicio gratuito donde puedes inscribirte para no recibir más publicidad.
La segunda, similar a la lista Robinson es la lista Stop Publicidad, con un funcionamiento similar. "Si te inscribes en la lista Robinson dejarán de llamarte" y si lo haces en la lista Stop Publicidad, "tampoco lo harán por e-mail, correo postal u otros medios".
¿Adiós a llamadas spam?
Según el Gobierno, solo si el consumidor tiene la voluntad de recibir esas llamadas y lo expresa, recibirá llamadas de las comercializadoras. En el caso de que esto no se cumpla, las compañías de telecomunicaciones estarán obligadas a bloquear esos teléfonos.
Respecto a la contratación "en caliente" - es decir, que el usuario acepte una modificación de sus servicios contratados-, el interesado tendrá que recibir el contrato y, a la vez, un documento en el que se le resuma de forma clara lo los efectos del cambio sobre su factura final y una tabla comparativa de los precios antes del cambio y los precios que tendrá después.
La tramitación de esta normativa comenzó en el verano de 2024 cuando el Gobierno sacó a consulta pública el proyecto de real decreto del Reglamento General de Suministro y Contratación de energía eléctrica.
La medida limita igualmente las penalizaciones por rescindir el contrato si el cliente es una pyme o un hogar con una potencia contratada inferior a 15 kilovatios (kW) o un consumidor vulnerable.
