La Audiencia ordena que la juez Alaya deje de investigar el caso de las facturas falsas de UGT
La juez Alaya, obligada a dejar el caso de UGT. La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda que la juez deje de investigar las irregularidades descubiertas en la contabilidad de UGT en Andalucía, con el presunto desvío de subvenciones públicas para gastos ajenos al objeto de dichas ayudas y el falseamiento de facturas para justificar el gasto de tales subvenciones.
La Audiencia entiende que esta investigación no guarda relación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Según ha adelantado la cadena Ser y han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto, notificado este jueves, en el que estima parcialmente un recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción.
Acuerda, además, que la magistrada abandone esta investigación en torno únicamente a las facturas de UGT y que las distintas denuncias que le fueron llegando de Manos Limpias sobre este asunto sean remitidas al Decanato para su reparto entre otros juzgados.
EL JUEZ "PREDETERMINADO POR LEY"
De este modo, el Tribunal estima parcialmente un recurso en el que el Ministerio Público advertía de que, a fin de evitar posibles nulidades, la competencia para investigar las facturas de UGT no es de la juez Alaya, sino del juez "predeterminado por Ley", como es el juez que primero recibió la denuncia.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió remitir el pasado mes de diciembre a Alaya la investigación sobre la participación del secretario general de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación.
El magistrado siguió así el criterio del Ministerio Público, que le solicitó en un escrito que se inhibiera a favor de la magistrada, que el pasado mes de diciembre ordenó incluso registrar la sede central del sindicato UGT Andalucía y las sedes de varias empresas relacionadas con los cursos de formación de UGT.
Con todo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, todo apunta a que será el Juzgado de Instrucción número 9, el primero en incoar diligencias tras la primera denuncia por las facturas de UGT interpuesta por Manos Limpias, el que se quede con el grueso de la investigación.
