ECONOMÍA
25/02/2018 10:07 CET | Actualizado 25/02/2018 10:07 CET

Los inquilinos de Barcelona se plantan ante los ‘desahucios invisibles’

El 80% de los desahucios son por impago del alquiler.

Cada miércoles a las 19:30 h, los vecinos del bloque de la Avenida Barcelona 113, en Sant Joan Despí (Barcelona), se reúnen en la planta -4 del parking. Hay unas 70 personas. Algunas han bajado con el carrito de su bebé o sus hijos pequeños. Otras acuden con su perro. También se ve a vecinos que acaban de llegar del trabajo y llevan el uniforme de la empresa.

Julio Jiménez, el portavoz de la comunidad, toma la palabra. "Sé que estamos todos cada vez más cansados, pero estamos cerca de llegar a un acuerdo", les dice al resto de vecinos, reunidos en corrillo. "Tenemos que mantenernos unidos porque es nuestra principal fortaleza".

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Las 140 familias del bloque se enfrentan a unas subidas del alquiler de entre el 40 y el 100% de su precio. Una filial de Goldman Sachs adquirió el edificio entero y ahora pretende "ajustar al precio de mercado" los alquileres de todos los pisos, cuyos contratos finalizan este año en la mayoría de los casos. Prácticamente ninguna de las familias puede asumir ese aumento y no les quedaría otra que abandonar su ciudad: en Sant Joan Despí ahora mismo solo hay 20 domicilios disponibles para alquilar.

El caso de esta comunidad no es ninguna novedad en Barcelona y su área metropolitana, donde la media de los alquileres ha subido un 25% desde 2014. Estos aumentos han generado un fenómeno que se conoce como 'desahucio invisible': cuando los inquilinos se ven obligados a abandonar su hogar ante un aumento desproporcionado del precio del alquiler. Según cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el 80% de los desahucios en Barcelona se dan por esta circunstancia.

Estos desahucios empezaron a extenderse a finales de 2016 y principios de 2017, cuando terminaron los primeros contratos de alquiler firmados con la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece un mínimo de 3 años de contrato. Este año finalizan los últimos alquileres pactados en 2013 conforme la antigua LAU, que fijaba ese mínimo en 5 años y se prevé una avalancha: se calcula que durante este 2018, solo en Barcelona finalizarán 40.000 contratos de alquiler.

Los vecinos dicen basta

Ante la proliferación de las expulsiones, los vecinos de Barcelona se están organizando y plantean escenarios de desobediencia. La movilización recuerda a la que se vivió contra los desahucios por impago de la hipoteca hace unos años: la ciudadanía se moviliza y plantea desobedecer y resistir contra un problema que las autoridades se han mostrado incapaces de solucionar. Algunos vecinos de distintas comunidades -Roger de Flor, 209; Entença, 151; Aragó, 457...- han decidido quedarse en su domicilio a pesar de que ya se les ha acabado el contrato y otras, como la mencionada de Avenida Barcelona, 113, empiezan a estudiar esta posibilidad.

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"Hasta ahora había resignación y silencio", señala Irene Sabaté, antropóloga y portavoz del Sindicato de Inquilinos. "Ser expulsado de tu domicilio se consideraba algo inherente al hecho de estar de alquiler". Sabaté acepta el paralelismo con el movimiento de la PAH de hace unos años. "Es otro caso de autotutela de un derecho no amparado por la legislación".

Uno de los catalizadores de este cambio ha sido precisamente el Sindicato de Inquilinos. Fundado el pasado mayo por jóvenes de distinta procedencia -una mezcla entre académicos expertos en vivienda y activistas de largo recorrido- cuenta ya con más de 1.000 afiliados y colabora con las agrupaciones de cada barrio y con la propia PAH. Ahora mismo tienen entre manos más de 100 casos, 20 de ellos relativos a bloques enteros de vecinos. Ya han surgido iniciativas similares en Madrid y Málaga y próximamente se presentarán los sindicatos de Palma de Mallorca y Valencia.

Un parque de vivienda en manos de grandes inversores

Las organizaciones de apoyo a los inquilinos tratan de luchar contra la idea de que quienes expulsan a los vecinos son pequeños propietarios que quieren ganar un poco más por su piso. Según una investigación del Sindicato de Inquilinos, 10 propietarios ostentan alrededor de 3.000 viviendas en Barcelona.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el 36% de las compras de inmuebles en España se efectúan sin necesidad de un préstamo hipotecario, un dato que revela que los grandes inversores, cuyas prácticas explicó El HuffPost el año pasado, se están quedando con buena parte de las viviendas.

La respuesta por parte de los grupos políticos está siendo insuficiente. Todos dicen mostrarse preocupados por los desahucios invisibles. La mayoría de partidos manda a representantes a actos y charlas sobre el tema, pero nadie ofrece una solución a los inquilinos. Desde el Ayuntamiento de Barcelona reconocen verse desbordados por el fenómeno y admiten su incapacidad de enfrentarse a un problema que requiere soluciones que van más allá de cualquier ordenanza municipal. En el barrio de l'Eixample, las camas para alquiler turístico superan a los vecinos empadronados en el distrito.

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Mientras no llegan soluciones por parte de la administración, vecinos como los del bloque de Avenida Barcelona, 113, apuestan por movilizarse, negociar colectivamente y hacer ruido en los medios. Este sábado por la mañana convocaron una manifestación de protesta y están estudiando cómo plantean su enfrentamiento con la propiedad cuando venzan los primeros contratos este marzo. Los vecinos no quieren dejar de pagar e incluso han planteado a la propiedad un aumento del 20%. Lo que no están dispuestos a aceptar es que un piso por el que pagaban 600 euros hace tres años ahora cueste 1200.

Mientras Julio Jiménez insiste al resto de vecinos en la necesidad de sumar a más gente para que acuda a la manifestación, otro vecino reparte un documento en el que se explica qué estrategia debe seguirse si la propiedad no acepta los pagos del alquiler cuando finalice el contrato.

En la reunión vecinal también se crean varias comisiones para repartirse el trabajo. Unos vecinos se dedicarán a las redes sociales, otros a atender el correo y a los medios y otros a gestionar una caja de resistencia. Además, cada noche a las 21 h hacen una cacerolada para que el resto del barrio se entere de su situación.

"Esto es una batalla de desgaste", explica Óscar Alcobendas, uno de los vecinos del bloque y padre de dos hijos pequeños. "Se trata de ver quien aguanta más, si ellos o nosotros". Este vecino asegura, sin embargo, que la difícil situación de su bloque ha traído un aspecto positivo: la comunidad se ha convertido en una piña en la que todos se ayudan y colaboran mutuamente. "Hace pocos meses en el bloque había una guerra de banderas", relata sentado en un bar cerca de su domicilio. "Ahora todos tenemos pancartas pidiendo lo mismo".

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