Consumo investiga a portales inmobiliarios por ofrecer alquileres por encima de la ley: "prácticas desleales" y "engañosas"
El ministerio de Bustinduy busca que los anuncios de viviendas se ajusten a los importes regulados en la normativa estatal, sobre todo en zonas tensionadas.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación que busca eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas que infrinjan la normativa vigente de consumo, según ha anunciado este viernes en un comunicado.
Los anuncios perseguidos en grandes portales inmobiliarios serán los que ofrezcan pisos en alquiler a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores o los que no incluyan cuál era el precio del último contrato de arrendamiento que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares.
Estos anuncios, según ha apuntado el ministerio, podrían ser considerados infracciones de la normativa de consumo como "prácticas desleales por engañosas" y, por tanto, acarrear sanciones.
Lo que dice la norma
Como se lee en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios de internet de viviendas situadas en zonas tensionadas información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa.
Entre ellos se encuentra el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en la vivienda o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.
Por ello, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, informó recientemente por carta a los diferentes portales y asociaciones inmobiliarias de los cambios legislativos aprobados en esta ley y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario.
El inicio de esta investigación se produce tras haber detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas y en medio de un debate a nivel nacional sobre las políticas a seguir en materia de vivienda en el que han surgido discrepancias entre el PSOE y Sumar, que posee las competencias de consumo.