INTERNACIONAL
03/07/2021 10:11 CEST

Así ha cambiado la vida de los hongkoneses la ley de seguridad nacional de China

Un año después de su entrada en vigor, la disidencia se resiente con una mordaza que puede acabar en cadena perpetua. Queda callar, rebelarse o exiliarse.

SOPA Images via Getty Images
Protesta en Tokio a favor de la democracia en Hong Kong.

La mordaza, en Hong Kong, tiene un nombre: Ley de Preservación de la Seguridad Nacional. Entró en vigor justo hace un año, el 30 de junio de 2020, y desde entonces los hongkoneses viven amedrentados por el miedo a las detenciones arbitrarias y sin cargos, o con cargos inflados hasta convertir una protesta en un acto “terrorista”. Miedo a mostrarse críticos con China y acabar en la cárcel. 

Esta región administrativa especial, antes conocida por su enorme libertad de pensamiento y de emprendimiento, se ha hecho silenciosa a base de un articulado paralizante y de una pandemia de coronavirus que ha sido, en términos de oposición, agua de mayo para Pekín, ha borrado de las calles todo atisbo de manifestación. Muertas las libertades de expresión o de prensa, queda quedarse callado, rebelarse y acabar entre rejas o irse. Deprimente y sin visos de mejorar. 

Lo que dice la norma

La ley fue impuesta por Pekín saltándose el parlamento local. Su objetivo era recuperar el control del territorio tras las masivas protestas prodemocráticas de 2019. Buscaba, supuestamente, perseguir todas las actividades consideradas como “independentismo”, “terrorismo”, “subversión de los poderes del Estado” y “confabulación con fuerzas extranjeras”. Cuatro cajones de sastre en los que todo cabe, si el empeño es retorcer la realidad para meter entre rejas a quien molesta. La pena máxima para esos delitos es la cadena perpetua. También limita las protecciones que se conceden a los encausados y amplía los poderes de las fuerzas de seguridad locales. 

Todo ello viola el statu quo de Hong Kong, que fue una colonia británica hasta hace 22 años, cuando volvió a manos de China, que actualmente administra el territorio bajo el principio de “un país, dos sistemas”. No podía dar marcha atrás a unas prebendas logradas mientras dependía de la metrópoli europea, así que la ciudad ha mantenido desde 1997 su independencia judicial, sus propias leyes, su parlamento, su sistema económico y su moneda, el dólar de Hong Kong

Pero la Ley Básica que rige en Hong Kong vencerá en 2047 y no está claro qué sucederá con la autonomía del territorio entonces. Lo que es patente es que el Partido Comunista de China, en el poder, incumple cada vez más abiertamente ese acuerdo que debe durar 50 años, entre otras cosas, promoviendo cambios en leyes que dañan lo pactado. 

El balance

Desde la promulgación de la ley en Asamblea Nacional en Pekín, un año atrás, han sido detenidas 117 personas por cargos contemplados en la norma, de las que al menos 64 han sido acusadas formalmente. En su mayoría se trata de manifestantes, periodistas y políticos a favor de la democracia. La semana pasada comenzó el primer juicio de una persona procesada por infringir la ley, que se lleva a cabo sin jurado y en presencia de tres jueces especialmente seleccionados. Desde hacía 176 años, los juicios penales en la ciudad se celebraban siempre con jurado.

El principal periódico de oposición, el Apple Daily,cerró hace una semana debido a las presiones recibidas y una cincuentena de los principales opositores que participaron en unas elecciones primarias informales se encuentran hoy la cárcel. Los que están fuera arriesgan el pellejo o se exilian. Lejos de reprimendas, los cargos de quienes están aplicando la norma con celo van corriendo, hacia la cima del funcionariado local. Como premio. 

En el informe Hong Kong: en el nombre de la seguridad nacional, publicado esta semana por Amnistía Internacional, se denuncia que “se ha dado a las autoridades vía libre para criminalizar ilegítimamente la disidencia al mismo tiempo que ha suprimido los derechos de las personas contra las que se aplica”.  

Las personas acusadas en aplicación de la Ley son “efectivamente objeto de la presunción de culpabilidad y no de inocencia”, lo que significa que se les niega la libertad provisional a menos que puedan demostrar que no “continuarán cometiendo actos que ponen en peligro la seguridad nacional”, añade. 

“En un año, la Ley de Seguridad Nacional ha puesto a Hong Kong en una vía rápida para convertirse en un Estado policial y ha creado una emergencia de derechos humanos para quienes viven allí”, declara Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

“Desde la política hasta la cultura, pasando por la educación y los medios de comunicación, la ley ha afectado a todas y cada una de las partes de la sociedad honkonesa y ha fomentado un clima de miedo que obliga a los residentes a pensar dos veces lo que dicen, lo que tuitean y cómo viven su vida (...). En última instancia, esta ley, general y represiva, amenaza convertir la ciudad en un erial de derechos humanos que recuerda cada vez más a la China continental”, ahonda. 

La prensa es otra de las dianas de la norma. Al menos diez periodistas y  defensores de la libertad de prensa están arrestados y a la espera de juicio u condena, según datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF). “Hong Kong, antaño bastión de la libertad de prensa, ha caído del puesto 18 en 2002 al 80 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF 2021. La República Popular China, por su parte, ocupa el puesto 177 de 180”, recuerda la asociación.

Así se aplica la ley

Amnistía expone en su informe dos procesos que explican por sí solos el funcionamiento de la Ley de Seguridad Nacional. Son los que siguen:

- Detención y la orden de detención de 12 personas por “connivencia” o “conspiración para actuar en connivencia” con “fuerzas extranjeras” por estar en contacto con miembros del cuerpo diplomático, pedir sanciones a otros países o pedir a otros países que dieran asilo a quienes huyen de la persecución. Otras personas fueron perseguidas por sus publicaciones en las redes sociales o por conceder entrevistas a medios de comunicación extranjeros.

- Ampliar las facultades de las fuerzas del orden que llevan a cabo investigaciones, dando incluso a la Unidad de Seguridad Nacional de la policía de Hong Kong poder para registrar propiedades, bloquear o confiscar activos, e incautar material periodístico, como hizo en las dos incursiones realizadas en el diario prodemocracia Apple Daily en estos últimos 12 meses. “Estos poderes sin control dejan poco margen para prevenir posibles violaciones de derechos humanos durante el proceso de investigación”, sostiene.

Calma y estabilidad

El articulado también introdujo cambios en el sistema educativo y judicial, muy poco concretos sobre el papel pero muy claros en la práctica, que están disuadiendo a la población de mani­festarse en las calles. La lección es clara: queja conlleva palo. Como consecuencia, cada vez más gente se muestra reacia a expresar en público su oposición al Gobierno, y miles de hongkoneses han decidido abandonar el territorio.

Mientras, las autoridades de Pekín y Hong Kong afirman que la ley ha devuelto la “calma” y ni siquiera valoran las acusaciones de sus sus críticos, que creen que supone el fin de la salvaguarda legal que existía hasta ahora entre China y el territorio. El numero dos del Gobierno hongkonés, John Lee, habla de “vuelta a la estabilidad”, de la recuperación de una “sociedad de cambio desde el caos al orden”. Palabra del antiguo jefe de Seguridad hongkonés, uno de los ascendidos gracias a la mano dura. 

En Pekín, como el que oye llover, celebrando los cien años de su partido comunista... 

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