El agujero negro de los derechos humanos que los fastos de los Juegos no pueden tapar en China

El agujero negro de los derechos humanos que los fastos de los Juegos no pueden tapar en China

La persecución a los musulmanes uigures o la represión en Hong Kong y Tíbet sólo han provocado un mini boicot diplomático, que dejará paso al espectáculo y la propaganda.

Gao Tingyu y Zhao Dan en cabezan la delegación de China, este viernes, en la inauguración de los Juegos de Pekín. Jae C. Hong via AP

Unos juegos olímpicos son mucho más que esfuerzo, entrega, sacrificio, tenacidad y brillantez. También son política, un escaparate para exhibir países, una oportunidad de hacer propaganda planetaria y correr una cortina de humo sobre lo feo que cada nación guardia o los problemas domésticos que arrastra. Todo se olvida cuando se inicia la competición y Pekín 2022 no va a ser menos.

Los Juegos Olímpicos de Invierno arrancaron este viernes en China con polémica, con un débil boicot internacional para protestar por la mano dura del régimen comunista, sobre todo en materia de derechos humanos, pero que ni ha sido masivo ni ha pasado a lo diplomático a lo deportivo. Los fastos ganan, por más que las cosas se hayan oscurecido aún más en el país desde los juegos de verano de 2008.

China vio la oportunidad y la cogió al vuelo. El Comité Olímpico Internacional (COI) necesitaba una sede para sus Juegos de Invierno del presente año, después de una crisis insólita, con la retirada de candidaturas de diversas sedes europeas porque les suponía un gasto demasiado elevado. Todas las opciones fueron desapareciendo de la mesa, menos las de Almaty, en Kazajstán, y Pekín, en China. Al fin, Pekín se la llevó, en julio de 2015. “Es una elección realmente segura”, dijo el presidente del COI, Thomas Bach, quien predijo que la ganadora podría “cumplir con sus promesas” de forma fiable.

Ha pasado el tiempo y alguien tiene que estar arrepintiéndose en el COI, por más que justo Almaty haya sido recientemente el epicentro de masivas protestas contra el Gobierno. El COI se enfrenta a otra competición con estrictas restricciones de covid-19 y al temor a un brote entre los atletas y entrenadores de todo el mundo, pero sobre eso sobrevuela la preocupación por la política, que casi gana a Ómicron: China es eso, una china en el zapato de la corrección política, porque darle un evento de semejante naturaleza a un anfitrión que está en todas las listas de todas las organizaciones internacionales por sus violaciones de derechos humanos, al final, se paga: en desgaste de imagen y en explicaciones, para empezar.

El boicot liderado por EEUU

Aunque las amenazas de un boicot multinacional han disminuido conforme se acercaba el evento, el Gobierno de EEUU ha encabezado un grupo de países que han declarado un “boicot diplomático” menor, esto es, protestarán negándose a enviar representantes a la competición, pero sus deportistas sí serán de la partida. Mientras la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, pedía: “No contribuiremos a la fanfarria de los Juegos”, el senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, hablaba incluso de “los Juegos del Genocidio”. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró que permitir que Pekín sea la ciudad anfitriona este invierno “es una burla a la Carta Olímpica, que establece que los Juegos deben tratar de fomentar el respeto a los principios universales y éticos”. Duras palabras que tampoco han cuajado en algo de más calado.

A EEUU se han sumado sus más cercanos, Reino Unido, Australia y Canadá; Japón, Países Bajos y Dinamarca, por ejemplo, sólo ha reducido el estatus de sus enviados, de segunda fila, mientras que el resto de países ha seguido mandando a sus primeros espadas (del ruso Vladimir Putin al egipcio Mohamed Al Sisi, pasando por el argentino Alberto Fernández, el ecuatoriano Guillermo Lasso o el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman) o a ministros (como España, con el titular de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

China ha sido criticada por el trato que da a los uigures, los kazajos y otras minorías étnicas, con informes sobre campos de adoctrinamiento y borrado cultural que han dado lugar a denuncias de genocidio, avaladas por Naciones Unidas. La represión a los activistas prodemocráticos en Hong Kong y las políticas agresivas dirigidas al Tíbet, Mongolia y Taiwán han suscitado también nuevos escándalos.

Existen precedentes históricos de intromisión de la política en los Juegos. Tres países europeos se retiraron de los Juegos Olímpicos de 1956 en respuesta a la represión de la revolución húngara por parte de la Unión Soviética. En 1976, más de 20 países africanos y árabes se negaron a participar en una protesta relacionada con la política de apartheid de Sudáfrica.

Más famoso es el boicot de 65 países a los Juegos de Moscú de 1980 en protesta por la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, y los soviéticos se desquitaron no participando en los Juegos de Los Ángeles de 1984. La administración Biden se ha decantado por un boicot diplomático menos severo porque, dijo Psaki, “no creo que sea correcto penalizar a los atletas que han estado entrenando y preparándose para este momento”.

Como era de esperar, China se mostró tajante a la hora de contraatacar a EEUU y a los otros países hostiles. Con los Juegos de Verano de 2028 por celebrar en Los Ángeles, los responsables del Partido Comunista han amagado con una repetición del tira y afloja estadounidense-soviético de la década de 1980. “Estados Unidos pagará un precio por sus prácticas”, dijo Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. “Pueden estar seguros de eso”.

A menos de dos meses de la ceremonia de apertura, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, intercedió en favor del COI al aceptar una invitación a los Juegos. Francia, que acogerá los Juegos Olímpicos de verano de 2024, ha hecho lo mismo, al igual que Italia, que tendrá los de invierno en el año 26. “No creo que haya que politizar estos temas, sobre todo si es para dar pasos insignificantes y simbólicos”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron. “Para ser claros, o se hace un boicot total y no se envían atletas, o se intenta cambiar las cosas con acciones útiles”.

En julio del año pasado, el Europarlamento aprobó una resolución no vinculante abogando por el boicot si no se daban avances “verificables” en la defensa de los derechos, pero eso ha quedado en nada.

Algunos atletas han sido más duros que los políticos, sacándoles los colores. “Puedo decir que las violaciones de los derechos humanos son abismales”, dijo el patinador artístico en hielo Evan Bates. “Nosotros también somos seres humanos y cuando leemos y oímos hablar de las cosas que están ocurriendo [en China]... lo odiamos”. Pero, al igual que otros, Bates no llegó a pedir un boicot total. Le gustaría creer que la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín podría “arrojar luz sobre este tema”. El corredor Tucker West, que compite en luge, dice: “No es mi trabajo decidir dónde son los Juegos Olímpicos, así que voy a presentarme en Pekín”.

De qué hablamos cuando hablamos de violaciones

Human Rights Watch ha encabezado una carta de 243 asociaciones que han pedido a las empresas patrocinadoras que se ocupen de las violaciones que se dan en el país y otros grupos hasta han reclamado a las principales potencias del mundo que no retransmitan las competiciones desde China. El argumento para esta protesta es el mismo que ha llevado al mini-boicot político: en China se arrollan los derechos humanos y hay que denunciarlo, no avalarlo.

El caso más sangrante es el de los uigures, un millón de musulmanes que están confinados en centros de detención inhumanos controlados por el Gobierno chino. Naciones Unidas lleva años denunciando públicamente la existencia de los “campamentos de reeducación” en los que se hace de todo para lavar el cerebro de estos musulmanes y convertirlos en buenos chinos.

La cifra del millón de internos es aproximada, como todo en un país al que no acceden ni los inspectores internacionales ni la prensa libre. No son personas que cumplan una condena, no se les ha procesado por un delito, no han tenido un juicio (y, si se ha dado el caso, no ha sido justo), sino que están allá para “rehacerse”.  El pueblo uigur lleva más de mil años instalado en su región, la de Sinyianh, y adoptó el Islam como religión por el contacto constante con comerciantes musulmanes. Hablan uigur, de raíz turca, y son un grupo de unos 11 millones de personas compacto y de fuertes tradiciones.

A principios del siglo XX, proclamaron su independencia en Sinyianh pero la China comunista se hizo con el control de la zona en 1949. Entonces comenzó un lento éxodo que tiene distribuidos por el mundo unos 20 millones de uigures, según datos de su Consejo en el exilio, con base en Alemania. En los últimos 30 años, la situación de este pueblo se ha deteriorado sobre todo porque Pekín ha ido enviando a más personas de la etnia mayoritaria en el país, la han, que poco a poco han ido desplazando a estos musulmanes y haciéndose con el control de la tierra, las empresas y los mejores empleos.

En el caso de Honk Kong, hace casi año y medio que pesa la llamada Ley de Preservación de la Seguridad Nacional. Los hongkoneses viven amedrentados por el miedo a las detenciones arbitrarias y sin cargos, o con cargos inflados hasta convertir una protesta en un acto “terrorista”. Miedo a mostrarse críticos con China y acabar en la cárcel.

Fue el colofón a las protestas iniciadas en junio de 2019 en las que los ciudadanos claman por escapar del yugo de Pekín. El detonante fue un polémico proyecto de ley de extradición -retirado luego por el Gobierno-, pero las manifestaciones fueron mutando asta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos de Hong Kong y una oposición a la cada vez mayor injerencia de China. La represión policial, con violencia y detenciones arbitrarias, fue el pan de cada día durante meses y ahora el cerco a los opositores es aún mayor, aprovechando las medidas contra el coronavirus.

Y en Tíbet, el conflicto es viejo pero sigue candente. China dice que el Tíbet “fue liberado pacíficamente” en 1950 y desde entonces ha realizado enormes esfuerzos para llevar a la región a la era moderna, aboliendo las prácticas feudales y protegiendo el derecho de su pueblo budista a practicar libremente su religión y mantener su cultura. Los críticos, entre ellos EEUU, afirman que gobierna con una mano dura y que ha supervisado abusos generalizados contra los Derechos Humanos.

A lo largo de los años, cualquier forma de protesta en el Tíbet en contra de Pekín ha sido fuertemente reprimida. El dalái lama asegura que cerca de 1,2 millones de personas han muerto en la región durante el dominio chino, algo que Pekín niega.

Stephen McDonell, corresponsal de la BBC en China, ha hecho una comparación entre los juegos de verano de 2008 y los de ahora y sostiene que, en esta materia, las cosas han ido a peor. “Se ha reducido considerablemente la tolerancia hacia las ideas no respaldadas por el Partido Comunista”, sostiene.

“En las últimas semanas se ha presionado a los disidentes para que no hagan ruido en un momento en que todos los ojos están puestos en China. Esto también sucedió en 2008. La diferencia ahora es que en realidad no quedan tantos intelectuales o abogados de derechos humanos para silenciar. Hace tiempo que han sido cercados”, añade.

Cita casos como el de la prensa, cada día más perseguida. Según un informe de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), existe una “campaña de represión sin precedentes” desplegada por el régimen chino en contra del periodismo y de la libertad de información en el gigante asiático. El país ocupa el puesto 177 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2021 de RSF, solo dos puestos por encima de Corea del Norte. No solo emplea un ejército de censores para mantener su llamado “Gran Cortafuegos”, sino que también es el mayor carcelero de periodistas del mundo, con al menos 128 detenidos, destacó la organización.

Mientras las candidaturas de los países democráticos ceden ante las preocupaciones políticas y los referendos públicos -no hay más que ver el caso de Madrid y el dinero perdido en carreras olímpicas, para nada-, las naciones con regímenes autoritarios pueden dar un paso al frente con la promesa de pagar la cuantiosa cuenta, sin que nadie haga preguntas.

Pekín gastó 40.000 millones de dólares (unos 34.800 millones de euros) cuando organizó los Juegos de Verano de 2008 y Rusia superó esa cifra con unos 51.000 millones de dólares (44.400 millones de euros) en 2014.

“La familia olímpica ha vuelto a confiar en Pekín para que organice unos Juegos centrados en los atletas, sustentables y con viabilidad económica”, dijo el comité de la candidatura nacional en un comunicado, al anunciar su adjudicación. Sin embargo, en estos días previos a la inauguración, y a la luz de que poco ha mejorado, Thomas Bach ha tenido que recurrir al manido tópico de la neutralidad: desde 2020, dijo, “podíamos ver ya las nubes sombrías de la politización creciente del deporte ponerse en el horizonte”, pero se ha logrado preservar “la misión unificadora de los Juegos Olímpicos”.

Y llama a los atletas a trabajar “por encima de todas las diferencias políticas”, siendo “políticamente neutrales” y sin convertirse “en una herramienta para alcanzar objetivos políticos”. En un entorno democrático no hay que hacer advertencias de este tipo.

Todo es negocio, también

La elección de China como organizadora no pasa desapercibida, tampoco, desde el punto de vista comercial. “Hoy podemos decir que China es un país de deportes de invierno”, dice el COI, una afirmación impensable hace unos pocos años. Y es que el auge del esquí chino, medido por las decenas de estaciones que nacen cada año, así como por las pistas cubiertas urbanas, se está convirtiendo en una bendición para los fabricantes extranjeros de remontes mecánicos y especialistas en pisanieves o cañones de nieve.

El Comité sostiene que se ha superado el objetivo de “familiarizar a 300 millones de ciudadanos chinos con los deportes de nieve y de hielo”, prometiendo “cambiar para siempre la importancia de los deportes de invierno” en el país. Era una de las garantías dadas por Pekín para asumir esta organización. Según el presidente del comité de organización de Pekín 2022, Qi Cai, las estadísticas chinas hablan de 346 millones de practicantes ocasionales de los deportes de invierno en octubre de 2021, pasando “de pequeñas cantidades en ciertas regiones a extenderse en todo el país”. Hoy se entiende que la cifra ha crecido más aún.

Según el informe internacional de 2021 sobre el turismo de montaña del experto suizo Laurent Vanat -de referencia en el sector-, el número de esquiadores se estanca desde hace una veintena de años en torno a los 400 millones en todo el mundo, con un retroceso en sus mercados tradicionales, haciendo de Asia el nuevo mercado emergente, la esperanza para sus negocios.

Para China también hay beneficio. Más allá de la propaganda y de la imagen de progreso, los juegos son una oportunidad para mostrar músculo sanitario, tras la pandemia de coronavirus, y también tecnológico. Es el momento de mostrar al mundo su primera pista con nieve 100% artificial en Zhangjiakou, su tren bala sin conductor, la creciente robotización de sus rutinas (basura, limpieza o paquetería) y hasta las camas inteligentes para los deportistas (que recogen cada dato sobre su descanso). Es la segunda economía del planeta y lo quiere mostrar.

El caso Peng Shuai, de fondo

Fue a principios de noviembre cuando la estrella del tenis chino Peng Shuai acusó a un antiguo dirigente del Partido Comunista de presionarla para mantener relaciones sexuales. Cuando el escándalo se hizo viral, la deportista desapareció.

La falta de noticias suscitó temores en todo el mundo, dada la creciente lista de funcionarios, intelectuales y activistas chinos que se han desvanecido tras criticar a figuras importantes del partido o hablar en contra de las políticas nacionales. Ese momento fue especialmente complicado para los dirigentes del COI. Bach organizó una videollamada de 30 minutos con Peng, pero luego sólo compartió una fotografía de su encuentro y una breve declaración. No dio muchos detalles de lo ocurrido a la joven.

“Explicó que se encuentra bien y a salvo, viviendo en su casa de Pekín, pero que le gustaría que se respetara su privacidad en este momento”, afirmaba el comunicado. “Prefiere pasar su tiempo con amigos y familiares”, zanjaba.

Las cosas se enredaron aún más la semana pasada cuando Peng negó a un periódico de Singapur que hubiera dicho que había sido agredida sexualmente, calificándolo todo como “una serie de malentendidos”. Los grupos de derechos humanos sostienen que suena a excusa, la que ponen muchos sancionados por el régimen, pero lo cierto es que el caso no está claro.

Ante el mundo

Durante 17 días del mes de febrero, China tendrá la oportunidad de mostrar sus nuevos estadios y estaciones de esquí, así como una multimillonaria línea de ferrocarril de alta velocidad que conectará la ciudad con montañas lejanas. Las escenas de alegría de los atletas y de las multitudes -solo se permitirá la presencia de espectadores nacionales- se retransmitirán a todo el mundo.

Representantes de más de 70 de los 90 países que se espera que participen en los Juegos asistieron recientemente a una reunión diplomática para conocer las sedes y los horarios de las Olimpiadas. Los organizadores hablaron largo y tendido sobre los protocolos contra el coronavirus diseñados para mantener la seguridad de la competencia.

El miembro español del COI Juan Antonio Samaranch, que ha servido de enlace entre su organización y China, expresa su confianza en que los Juegos serán “extraordinarios”. No obstante, reconoce que los últimos años han sido “un viaje muy largo y complicado”. Ahora llega a su fin, con muchas pesadas y pestilentes alforjas.