Las tabaqueras reproducen hoy las tácticas de la Guerra del Opio

Las tabaqueras reproducen hoy las tácticas de la Guerra del Opio

Los tratados de libre comercio, el arma que usan EEUU y Reino Unido para fomentar el cigarrillo en otros países mientras restringen el producto en su territorio.

Un cliente fuma opio en 1946.
Un cliente fuma opio en 1946.George Lacks via Getty Images

En el siglo XIX, el Imperio británico forzó un conflicto para exportar opio a China. A pesar de los esfuerzos por maquillarlo, acabó bautizado como la Guerra del Opio. Las tácticas empleadas por las corporaciones tabaqueras para mantener y abrir nuevos mercados en países con políticas débiles de control de tabaco son primas hermanas de las empleadas por el Imperio británico en favor de la Compañía Británica de las Indias Orientales; tal vez más sutiles, pero no menos letales en el largo plazo.

Como menciona Karl. E. Meyer en un artículo del The New York Times publicado en 1997, el tráfico de opio fue “a la par que el comercio de esclavos, la cara sucia y oculta de una economía de comercio global”. Las analogías con ese conflicto deben conducir al desenmascaramiento definitivo y la abolición de un producto, el cigarrillo, que avergüenza al mundo provocando más de ocho millones de muertes al año —en el mismo período, el covid mató a tres millones de personas—. El paralelismo con ese conflicto, casi desconocido para los españoles, debe impedir el blanqueamiento de compañías que, dado el daño objetivo que causan, merecen la persecución judicial y la disolución.

El comienzo de la relación entre tabaco y opio se remonta a la década de 1770, cuando el gusto de los británicos por el té y la porcelana creó un déficit comercial con China. Lo cierto es que los chinos no tenían un gran apetito por nada que los ingleses pudieran vender salvo un narcótico, el opio. Los británicos, después de conquistar Bengala en la batalla de Plassey se habían hecho con el monopolio efectivo de este cultivo, ejercido a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales.

Poco a poco, los contrabandistas británicos comenzaron a introducirlo en China, desde el mercado de Calcuta, pero China prohibió el comercio de esta sustancia por el daño que estaba causando en la población. El mensaje de las autoridades fue el siguiente: “El opio produce daño, el opio es un veneno que socava las buenas costumbres y la moral. Su uso está prohibido por ley”. Los mandatarios chinos llegaron incluso a preguntar a la reina Victoria por qué les obligaban a comerciar con un producto restringido en Reino Unido.

Los mercaderes británicos siguieron contrabandeando con la sustancia hasta que el emperador de la dinastía Qing envió como comisionado a Lin Tse-hsu, quien viajó a Cantón, por aquel entonces el único puerto abierto al comercio exterior, confiscó todo el opio que encontró, el “polvo negro”, y tiró los cofres al mar. Este hecho, y una pelea en la que marineros borrachos asesinaron a un súbdito chino, fue la chispa que encendió la Guerra del Opio, iniciada por el primer ministro Lord Palmerston, que perseguía conseguir una compensación económica por la droga requisada.

La opinión pública rechazaba ir a la guerra para apoyar a unos traficantes de narcóticos, por mucho que el Gobierno tratara de ocultar la conexión. El London Times no tuvo ninguna duda y lo bautizó como “La Guerra del Opio”, como relata el autor Stephen R. Platt en su libro Imperial Twilight: The Opium War and the End of China’s Last Golden Age. El futuro estadista Británico, William Gladstone, quien contaba entonces con 30 años, escribió en su diario que temía “el juicio de Dios sobre Inglaterra por la iniquidad nacional cometida contra China”.

Hoy en día, las presiones que ejercen las tabaqueras contra países débiles provienen del mismo manual de las que traficaban con el narcótico. La coartada de la legalidad que les ampara no resta ni un ápice a la maldad de su tráfico. Tras los sucesivos episodios de las Guerras del Opio comenzó lo que China describe como el “siglo de humillación” ante las potencias occidentales. De la misma forma, el siglo XX es el siglo de humillación para la salud, al haber sido esta aplastada por el espejismo de glamour que la industria tabaquera ha sabido dar a sus productos de forma maquiavélica.

Tras los sucesivos episodios de las Guerras del Opio comenzó lo que China describe como el “siglo de humillación” ante las potencias occidentales

Haciendo la guerra, pero por medios más sutiles, las corporaciones tabaqueras hacen uso hoy de los tratados de libre comercio y utilizan grupos de presión sobre los gobiernos nacionales para impedir, no ya la ilegalización del cigarrillo, sino una paulatina desnormalización. Mientras que en los países de raigambre anglosajona, como EEUU, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda se avanza a pasos agigantados hacia una prohibición casi total del tabaco (Nueva Zelanda proyecta ya el advenimiento de la primera generación libre de tabaco para 2025 y el porcentaje de población fumadora se ha reducido en más de la mitad en los últimos 30 años), los mismos gobiernos, a la manera en la que el Reino Unido protegía los intereses de la Compañía Británica de Indias Orientales, protegen en el exterior los intereses de las corporaciones tabaqueras, pisoteando la soberanía nacional de los países que tratan de implementar medidas contra el consumo de tabaco.

En 1989, el Gobierno de Tailandia quiso restringir la importación de cigarrillos americanos ante la preocupación de que la apertura del mercado hiciera subir el número de fumadores. EEUU había forzado previamente la entrada en los mercados de Taiwán, Japón y Corea del Sur. En este último país, la tasa de fumadores subió del 18% al 30% en el año siguiente a que las compañías norteamericanas hicieran su entrada. De forma similar a la China Imperial, Tailandia tuvo que claudicar ante el tabaco norteamericano por la amenaza de sanciones económicas.

En Uzbekistán, la British American Tobacco forzó entre bambalinas que no se aprobara un paquete de medidas para desincentivar el consumo de tabaco en lugares públicos que ya no se discuten en países del primer mundo. En España, sin ir más lejos, el impulso de la Ley Antitabaco de 2010, que declaró los espacios cerrados como libres de humo, se fue diluyendo por la constante oposición e incumplimiento de Hostelería de España, la patronal hostelera de España cuya relación abierta con Phillip Morris es sonrojante y, a la par, causante directa del estancamiento de la lucha contra la adicción a la nicotina.

El porcentaje de fumadores en España lleva una década inmóvil en el 33%, mientras que ronda el 13% en Reino Unido y el 16% en EEUU

El porcentaje de fumadores en España lleva una década inmóvil en el 33%, mientras que ronda el 13% en Reino Unido y el 16% en EEUU. Ambas antiguas metrópolis comerciantes de opio prohibieron los fumaderos del mismo en su territorio a la vez que los fomentaban en el exterior. No es casualidad. Como dijo el premio Nobel Bernard Lown en 2007, “la lucha contra el tabaco no está siendo ganada, sino relocalizada”.

La interferencia de la industria tabaquera en nuestro país es tan grande que impide a los ciudadanos, abrumadoramente favorables a medidas desnormalizadoras del tabaco, ejercer su soberanía nacional. A efectos de estas corporaciones, somos un estado tan débil como la decadente China del siglo XIX, y lo aprovechan.

Tal vez se pueda sacar una lección positiva de la Guerra del Opio y sus analogías con la guerra que libran hoy día las tabaqueras contra la salud y la libertad de los individuos, imponiéndoles un producto altamente adictivo a la par que dañino. El Imperio británico acabó expuesto y avergonzado, tal y como deberían estar hoy cada uno de los gobernantes, consejeros delegados y accionistas de cualquier empresa tabaquera.

En muchos sentidos, la indignación contra el tráfico despiadado del opio marcó el comienzo de la preocupación por los derechos humanos a nivel internacional. China se liberó al final del yugo del opio, y lo hizo a través de cortar el suministro con la colaboración de India y los británicos.

Hoy, al igual que en el siglo XIX, son las clases privilegiadas quienes se benefician de la injustificable legalidad del cigarrillo, cuya extinción y abolición debe hacerse desde el punto de vista de los derechos humanos y bajo un prisma que los contemple no desde el “liberticidio”, argumento promovido por quienes matan ocho millones de personas al año, sino a través de la proximidad con los crímenes de lesa humanidad que revelan de una forma mucho más cercana la verdadera naturaleza de las corporaciones tabaqueras.