Que nos indulten a los ciudadanos ya

Veréis, hay miércoles que quienes tienen que prestar atención a la sesión de control del Congreso sufren un vahído. Dan ganas de pedir un indulto general para el personal del Congreso, para toda la ciudadanía, para este país. Incluso para los políticos —que los hay— que aborrecen del ruido. ¡Por favor, un poquito de sosiego! Y quizá para eso sería un buen ejercicio pasar de la primera media hora de la sesión de control, cuando los insultos y el griterío que se organiza entorno a las preguntas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, sobre todo, a su número dos, Carmen Calvo, alcanzan su culmen.

Los duelos de Sánchez y Pablo Casado son lo habitual, cargados de euforia popular que se plasma en los aplausos del PP a su presidente. Aplauden desde la cumbre del monte que les ha dado el éxito de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Luego, como implica el ritual, comienzan los reproches a la vicepresidenta Calvo por parte de la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Hoy, había razones de peso para que el ruido subiera varios decibelios. Al conflicto de Ceuta le ha sucedido la posibilidad —muy real— de los indultos a los encarcelados por el procés.

A costa de los indultos se han oído y oirán todo tipo de calificativos contra el Ejecutivo de Sánchez —es un precio que pagan a ERC, socio de investidura y todo a apunta a que lo es— y viceversa. Sánchez “traiciona” a los españoles, que soportaron el “golpe de Estado del 1 de octubre” acusa la oposición de derechas en pleno, desde el PP a Vox. Los calificativos más gordos no han saltado hoy —ya llegarán— como tampoco ha recordado La Moncloa que en este país, por la concordia, se indultó al general Armada o a Tejero. Ya llegará.

Para salvar este ruido, este cansancio grabado en el disco duro de los líderes políticos y del que la ciudadanía se ha descolgado, hay que prestar más atención a la segunda parte de las sesiones. Por ejemplo, donde se le pregunta a la vicepresidenta Teresa Ribera por la subida de la luz; o cuando el diputado del PNV, Aitor Esteban, le pide a Sánchez explicación sobre a qué se va a dedicar durante el 2021 y 2022 (porque hay muchos planes para el 2050 y menos para ahora). O cuando Ana Oramas, la diputada canaria, insiste en el problema de la inmigración.

Sobre la subida de la luz, Pilar Calvo —en sustitución de Míriam Nogueras, del grupo plural— ha interrogado a Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica. “¿Qué medidas va a tomar este Gobierno después de que la Comisión Europea haya indicado que el reino de España aplica impuestos sobre la luz muy por encima de los mínimos europeos?”.

Ribera se ha ido a la respuesta de lo que le interesaba: un error del día anterior sobre el impuesto de matriculación. Ha calificado de “regalo demagógico” lo aprobado a propuesta del PDeCAT, por grupos tan diversos como Vox, ERC y Junts. Era sobre la modificación del impuesto de matriculación para neutralizar el nuevo sistema de medición de emisiones (WLTP). Sus señorías, a veces precipitadas, no miran las consecuencias de lo que no conocen bien.

ERC ha pedido disculpas, fue un error, tal y como ha reconocido Gabriel Rufián y los otros grupos —como Junts— parece que están de acuerdo en que esa medida se anule en el Senado, donde la devolverá Ribera. Lo ha intentado explicar luego en el patio del Congreso a la prensa. Cualquier cambio en el impuesto de matriculación es obvio que nos toca, pero el tema se va a ir a las páginas de economía.

Por contra, la vicepresidenta cuarta no ha contestado a la pregunta clave para la ciudadanía, la subida de la luz. La ministra para la Transición Ecológica se ha amparado en lo caro que es el precio del gas natural en Europa y el precio del CO2. Es decir, ambas razones internacionales.

Luego llegan diputados, como Ana Oramas, una clásica, curranta y peleona, quien le ha preguntado al ministro de Administraciones Públicas, Miguel Iceta, sobre la tasa de interinidad de los docentes. La pregunta apuntada por Oramas era: “¿Tiene el Gobierno de España alguna medida en curso para dar estabilidad a los empleados públicos de la comunidad autónoma de Canarias en situación de precariedad laboral?”.

La tasa de interinidad es una tortura en todos los ámbitos, desde la de los profesores al resto de los funcionarios públicos. La negociación se ha parado y el ministro Iceta se ha escaqueado, como ha podido. El horizonte que ha marcado ha sido el del 2024, cuando “se reducirá al 8% en las comunidades y las entidades locales”.

Sería absurdo negar que la subida de la luz o la tasa de los interinos no importa al personal. Seguramente influye mucho más en sus vidas que la bronca alrededor de los indultos, que va a marcar a este Congreso de los Diputados en los próximos meses, hasta más allá del otoño. Es la estrategia que se ha impuesto como nueva normalidad, esconder bajo un ruido ensordecedor todo lo que de verdad importa.

Como ha sucedido en la comunidad de Madrid, donde los planes privatizadores de Ayuso pasan por el plan de cerrar 41 de los 49 centros de salud del cogollo de la capital aprovechando el verano, dejando a 1,3 millones de vecinos del barrio de Salamanca, Chamartín, Latina, Usera, Carabanchel, Villaverde o Ciudad Lineal con solo 8 centros abiertos. Qué poco imaginaban los votantes de todos esos barrios que hicieron ganar a Ayuso, que la libertad para tomar cañas implicaba degradar la sanidad. El ruido y la épica les cegaron, pero en breve descubrirán lo que se escondía tras el griterío.

Recuerden, quizá una manera de soportar el hemiciclo, a sus señorías, a los informativos, sea parar a buscar la letra pequeña, en la segunda parte. O prestar atención a los que menos gritan. Por caridad, indulten ya al personal.