Vox recurre ante el Constitucional la prórroga de la suspensión de los desahucios para personas vulnerables

Vox recurre ante el Constitucional la prórroga de la suspensión de los desahucios para personas vulnerables

Prorrogado hasta el próximo 28 de febrero por el Gobierno.

Protesta durante un desahucio en Cantabria.NurPhoto via Getty Images

El Tribunal Constitucional tendrá que resolver un nuevo recurso que surge de una polémica durante la pandemia: la prórroga de la suspensión de los desahucios para personas vulnerables hasta el 28 de febrero de 2022.

Este jueves, miembros de Vox han presentado un recurso contra esta medida argumentando que es “una auténtica salvajada jurídica” porque “legaliza” los desahucios y la “ocupación delictiva”, según la secretaria general de su grupo parlamentario, Macarena Olona.

Por su parte, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha pedido “tolerancia cero” para los que “ocupan las viviendas”, tras presentar junto a Olona el recurso, que hace el número 27 firmado por su partido en esta legislatura.

“A todos los que ven ocupada su vivienda les vamos a decir que nuestro lema es bien claro: patada en el culo y en 24 horas fuera”, ha dicho Ortega Smith.

Por su parte, Olona ha afirmado que esta norma ha sido “tristemente convalidada por el Congreso” y supone, según su criterio, “proteger al delincuente y dejar en una situación de desamparo al propietario”.

Desde Vox señalan que si bien corresponde al Estado atender “especialmente” las necesidades de los colectivos más vulnerables, no es admisible que si el legislador ha calificado “ciertas conductas como delictivas” se considere que la solución “sea la prolongación de los efectos antijurídicos”.

La prórroga

El decreto-ley prorrogado por el Congreso contempla que los inquilinos podrán solicitar prórrogas extraordinarias de seis meses en el pago y la moratoria o condonación del abono de la renta en el caso de que los propietarios sean administraciones o grandes tenedores, entre otras medidas.

Esta medida está incluida en un decreto-ley que este jueves será convalidado por el Congreso -con el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos.