35 eurodiputados acusan a la UE de ocultar el enorme impacto ambiental de los macrocentros de datos copiando los argumentos de las tecnológicas palabra por palabra
El grupo de representantes considera que la Comisión Europea está actuando de manera “ilegal”.
Este pasado martes 19 de mayo, 35 eurodiputados acusaron a la Comisión Europea de haberse doblegado ante la presión de los gigantes tecnológicos, ya que se han mantenido bajo reserva los datos sobre el impacto ambiental de los centros de datos.
Los parlamentarios decidieron redactar una carta abierta dirigida a la comisaria europea del medioambiente, Jessika Roswall. En dicho documento se pide la supresión de una cláusula de confidencialidad que ellos consideran “contraria al derecho europeo”. Así lo informa el diario galo, Le Monde, a través de uno de sus más recientes artículos.
El asunto recae en un decreto relacionado con la aplicación de la eficiencia energética, la cual entró en vigor en 2024 y actualmente está en revisión. La directiva pretende imponer una mayor transparencia en un sector que está en auge.
En este sentido, ha exigido a los principales operadores de centros de datos que informen sobre su consumo de energía y agua a la Unión Europea. No obstante, la información se ha mantenido inaccesible de cara a la sociedad.
Microsoft, junto al conglomerado de DigitalEurope, que representa a muchas de las principales empresas tecnológicas, incluidas Amazon, Google y Meta, se escudan en la protección de los secretos comerciales.
Los representantes europeos denuncian un ataque al derecho de acceso a los datos medioambientales. “Mientras la Comisión planea triplicar la capacidad de los centros de datos en un plazo de cinco años, resulta sumamente preocupante que se esté ocultando información esencial al público”, plasman los miembros del Parlamento.
La Comisión Europea guardará silencio por unas semanas
Asimismo, tildan a la disposición, tajantemente, de “ilegal”. Conforme a los diputados, afirman que esta podría incumplir el convenio de Aarhus. Se trata de un acuerdo internacional que garantiza el acceso público a la información ambiental y las normas europeas sobre acceso a la información.
. Al ser consultada sobre la situación, la Comisión Europea apuntó que no se pronunciaría sobre una posible eliminación de esta cláusula de confidencialidad antes del 10 de junio, fecha prevista para la aprobación del texto revisado.