Asesinatos y protestas contra el ICE en EEUU: ¿el punto de inflexión contra Trump?

Primero fue Renee Nicole Good. Luego, Alex Jeffrey Pretti. Dos ciudadanos norteamericanos de pleno derecho, los dos de 37 años, una poeta y un enfermero, los dos muertos a manos de agentes del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas norteamericano, en Minneapolis. Con ellos (blancos, legales, respetados por su comunidad) algo se ha roto en parte de una sociedad que llevaba meses cansada de ver la brutalidad de unos agentes cuya meta es detener y deportar a mansalva. Lo que sea por cumplir con la promesa electoral del presidente de EEUU, Donald Trump, de hacer "limpia" general. 

Pese a la lluvia, las nevadas y las temperaturas bajo cero de dos dígitos, miles de personas se han echado a las calles este fin de semana para reclamar desde el el máximo -la disolución del ICE y la dimisión de Trump- al mínimo aceptable -una aplicación al pie de la letra de las competencias y comportamientos que deben tener los agentes, respetando por encima de todo los derechos humanos-. 

¿Puede que este dolor suponga un punto de inflexión? ¿Vendrán a cambiar algo dos funerales más en la política migratoria del magnate? La dureza con la que él mismo y su gabinete se han referido a los muertos, como si fueran merecedores de los tiros que los mataron, por "provocadores", no da alas al optimismo. Esta pasada noche, el mandatario ha dicho en una entrevista con The Wall Street Journal que su Administración está "revisándolo todo" y ha abierto la puerta a una eventual retirada de los agentes federales de las ciudades, de mayoría demócrata, donde se ha desplegado sobre todo desde el pasado verano para apoyar las redadas. Sin fijar plazos, eso sí. "En algún momento nos iremos", dijo, al tiempo que defendía que los efectivos han hecho un "trabajo fenomenal".

Negar lo innegable

Ni Pretti ni Good son los primeros muertos de la ofensiva del ICE. Mataron a Silverio Villegas González, de 38 años y originario de Michoacán (México). Indirectamente, también a Chaofeng Ge, de 32 años, un ciudadano chino que, aislado y desesperado, supuestamente se ahorcó en un centro de detención de Pensilvania. El número de heridos por bala es confuso, pero puede estar en torno a ocho. 

Lo que puede cambiar ahora algo las cosas, lo que hace que siquiera nos planteemos la pregunta en este mundo trumpista, son dos cosas: que las víctimas son de EEUU, no perseguidos por el ICE de inicio, lo que supone que se ha sobrepasado una línea de protección de derechos del ciudadano muy honda para un norteamericano, y que los ojos del mundo entero han visto que Trump miente. 

Podemos hablar, otra vez, de "hechos alternativos", el término que acuñó en el primer mandato de Trump su consejera, Kellyanne Conway. Sin embargo, en un mundo televisado en vivo, donde se recoge cada ángulo en las redes sociales, la verdad queda a la vista. Incluso para los defensores del movimiento MAGA. Que te mientan, irrita. Al igual que con el asesinato de George Floyd, también en Minneapolis y que levantó el movimiento Black Lives Matter, las pruebas en vídeo han alimentado la indignación nacional por el asesinato de dos personas que sólo se oponían a una injusticia, a las redadas. Los medios nacionales sostienen hoy que ocho de cada diez votantes estadounidenses vieron las imágenes. Imposible abstraerse. 

Frente a ello, la reacción de la Administración, que ha respaldado con todas sus fuerzas a ICE: Trump calificó de "pistolero" a Pretti, pese a que las imágenes demuestran que fue desarmado antes de ser asesinado y que en ningún momento echó mano a la pistola para atacar a los agentes, a los que sólo gravaba con su teléfono, mientras trataba de proteger a una mujer. Gregory Bovino, el polémico comandante de la campaña anti inmigración, dijo que el sanitario "buscaba una masacre" y Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, añade que su reacción fue "violenta" y por eso hubo "disparos defensivos". El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, calificó a Pretti de "asesino en potencia", directamente. 

De Good, hace unos días, Trumo dijo que se manejó de forma "muy violenta" y "muy radical", y su vicepresidente, J.D. Vance, la calificó de " lavada de cerebro y víctima de la ideología de izquierda". 

Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo y desaprueba cada vez más la estrategia de Trump hacia la inmigración. En una encuesta publicada una semana después del asesinato de Good, el 53 % cree que el tiroteo no estuvo justificado, y apenas el 35 % lo afirmó, indica IPSOS. Eso sí, hay marcadas diferencias ideológica: el 91% de los demócratas afirma que hubo un uso excesivo de la fuerza, mientras que el 54% de los republicanos afirma que fue un uso necesario.

Se espera una sensibilidad parecida ante el caso de este fin de semana, más aún cuando el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ha declarado que las autoridades federales le negaron el acceso a la escena del asesinato de Pretti a la agencia de investigación estatal que investiga los tiroteos policiales. ¿Qué hay que ocultar? Nadie ha respondido sa esto, aún. 

Un malestar largamente cocinado

Como expone Sam Raim, director del Vera Institute of Justice, una organización sin fines de lucro enfocada en la reforma de la justicia penal norteamericana y con sede en Nueva York, estas tragedias "aceleran" una crisis que lleva meses en marcha. "Durante el último año, las operaciones de control de inmigración del ICE han recibido luz verde política para operar sin rendir cuentas. Desde que Trump regresó a la presidencia, los agentes de inmigración han abierto fuego al menos 17 veces, matando a cuatro personas y hiriendo a otras ocho, aunque es difícil obtener datos contundentes", recuerda. 

Para quienes se encontraban bajo custodia del ICE, 2025 fue el año más mortífero en más de dos décadas, con 32 muertes reportadas -seguidas de al menos cuatro hasta la fecha en tan solo las primeras semanas de 2026- y numerosas denuncias de tortura, además. "Al mentir repetidamente sobre estos incidentes, la ya mínima credibilidad del Gobierno continúa desplomándose, incluso entre sus propios agentes", sostiene.

Los eventos en las calles a consecuencia de esta violencia, incluso mortal, se han ido multiplicando y, por ejemplo este fin de semana, se han reportado más de 1.500 concentraciones de apoyo o manifestaciones en todo el país, según la NPR. ¿Cuál ha sido la respuesta? Golpes, porras, pistolas de electrochoque, gases lacrimógenos, gas pimienta, agua fétida como la que Israel lanza a los palestinos... "El sello Trump", se duele Raim, que indica que incluso un bebé ha resultado herido en estos asaltos. 

Mientras en las ciudades y estados demócratas afectados se tratan de aprobar normas de emergencia para proteger a sus ciudadanos, lo que hace Trump es lo que impide ser optimistas en el futuro cercano: amenazar una vez más con invocar la Ley de Insurrección. "Si la necesitara, la usaría", ha prometido, mientras levantaba a 1.500 soldados más para irse a Minnesota. 

La ley a la que se refiere data de 1807 y otorga a los presidentes una amplia autoridad para desplegar tropas federales con fines policiales. Trump hizo la misma amenaza durante las protestas de 2020, tras el asesinato de Floyd y el año pasado, en respuesta a las protestas contra las agresivas operaciones de control de inmigración en Los Ángeles, Portland y Chicago. La reciente decisión de la Corte Suprema que limita la capacidad de Trump para enviar a la Guardia Nacional a Chicago también puede haber empujado a Trump hacia la Ley de Insurrección como una solución alternativa a la Ley Posse Comitatus, otra ley del siglo XIX que generalmente prohíbe a los militares realizar tareas de aplicación de la ley civil. 

Los expertos se han mostrado escépticos sobre la constitucionalidad de tales despliegues, pero los desafíos legales llevan tiempo. "Una vez que las botas están en el terreno, el daño ya puede estar hecho", avisa el experto legal.

Esprintar o frenar

Trump se ve ahora en la disyuntiva de huir hacia adelante y acelerar en sus medidas represivas contra los migrantes (que tampoco están cumpliendo con sus promesas: ha deportado a 600.000 en un año, pero garantizó un millón, y apenas el 10% de ellos tienen delitos graves a sus espaldas) o ablandarse un poco dada la contestación social. De lo fuerte que sea el pulso en la calle y de que se expanda más allá de lo que él denosta como territorio demócrata depende mucho lo por venir. 

El americanista Sebastián Moreno sostiene que, a priori, pese a sus declaraciones algo más calmadas de esta noche, "el presidente está agravando la situación a sabiendas", porque "insiste en la práctica en mandar más efectivos y en criminalizar, en lugar de intentar calmar las tensiones". Por ejemplo, no se ha retractado, dice, de su idea de pasar de mil a 3.000 agentes de inmigración a Minnesota. 

"La administración también está intensificando una lucha más amplia con el estado, intentando congelar la financiación de los cupones de alimentos y las ciudades santuario en general. El Departamento de Justicia también está investigando a funcionarios de Minnesota, incluyendo al fiscal general Keith Ellison, al gobernador Tim Walz [que fue aspirante a la vicepresidencia de EEUU con Kamala Harris] y al alcalde de Minnesota, Jacob Frey. Eso no es calmar las aguas", entiende. 

Va más allá y habla de cómo "echa gasolina" al seguir utilizando la delincuencia y la inmigración "como arma". "Trump apuesta a que avivar las llamas de una guerra cultural porque cree que eso lo protegerá a largo plazo, pero su popularidad se ha ido al 37%, la más baja conocida. Sabe que las encuestas sobre ICE e inmigración son malas, pero puede que se esté consolando con el hecho de que su base aún lo apoya mayoritariamente. El miedo a la delincuencia y el desorden es una estrategia ancestral que Trump ha explotado durante décadas, pero hay algunos indicios que sugieren que podría no funcionar esta vez", expone. 

"Trump y los republicanos necesitarán votantes independientes en las elecciones intermedias, pero el 59 % cree que el tiroteo fue injustificado", destaca. Y es una de las claves para lo por venir: las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre, que puede romper el poderío que hoy tienen los republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes, unos comicios que suelen ser un toque de atención para quien está en el poder. "Creo que se está gestando un momento de reflexión nacional sobre los principios arraigados en los fundamentos morales y jurídicos de EEUU, un país que va a celebrar el 2 250º aniversario de su Declaración de Independencia", indica. Y son profundos en la ciudadanía, pocas veces antes puestos de esta manera en tela de juicio. 

"Las tácticas del ICE están erosionando lo poco que le queda de legitimidad política y moral a la Seguridad Nacional, que empieza a estar cuestionada internamente. Si la Administración no cede, el presidente y toda su gestión puede acabar salpicado también. Es un momento delicado", entiende, aunque se cura en salud: con Trump, recuerda, "nunca se sabe a qué atenerse".

Un intento de amortiguación

Mientras, se intentan dar pasos en otros estamentos para limitar este descontrol, que se lleva por delante vidas inocentes, arrollando además los derechos humanos. El ICE se creó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con pocos mecanismos de rendición de cuentas, que "sólo se han debilitado aún más en el último año", denuncia Vera. Para fines de 2025, el número promedio de personas en detención migratoria diaria fue un 78% más alto que el año anterior, cuando la Administración Trump ha desmantelado sistemáticamente el organismo de control federal responsable de las violaciones de los derechos civiles en Seguridad Nacional e impuso nuevas restricciones a las inspecciones del Congreso de los centros de detención migratoria. 

Mientras tanto, Stephen Miller , el arquitecto clave de la agenda migratoria de Trump, aseguró a los agentes del ICE en octubre, incluidos los reclutas cuestionables con capacitación insuficiente, que tienen "inmunidad federal". Carta blanca, pues. 

Con la inminente fecha límite del presupuesto federal del 30 de enero y el Congreso preparándose para financiar aún más al ICE, algunos demócratas del Congreso presionan para que rinda más cuentas, si quiere más dinero. La financiación de Seguridad no se incluyó en el último paquete de gastos de la Cámara de Representantes, ya que los demócratas presionan para que se establezcan límites. Progresistas de todo el espectro político amenazan con suspender las votaciones a menos que el paquete de financiación incluya medidas básicas de rendición de cuentas, como la identificación obligatoria, la limitación de las acciones de control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a la frontera y la exigencia de órdenes judiciales para arrestar a sospechosos en casos de inmigración. 

Los demócratas del Congreso también han presentado numerosos proyectos de ley para apoyar la rendición de cuentas del ICE, como la Ley de Normas y Responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad Federal, la Ley de Abolición de la Inmunidad Calificada de 2026, la Ley de Seguridad Pública, la Ley de Muros de Pago para Detener las Cámaras Corporales y la Ley para Detener el Uso Excesivo de la Fuerza en Inmigración , así como artículos de juicio político contra la secretaria Noem. Que nadie se engañe, estos proyectos de ley enfrentan grandes dificultades, pero reflejan la creciente presión sobre los legisladores para responder a la indignación pública por la violencia del ICE.

No son sólo los opositores de Trump lo que creen que hay que frenar al ICE. También un pequeño número de republicanos ha mostrado su disposición a aceptar restricciones menores. El liderazgo del partido mantiene su compromiso de ampliar la libertad operativa del ICE, no de restringirla. 

Hoy mismo, senadores del ala dura como Thom Tillis (Carolina del Norte) y Bill Cassidy, de Luisiana, han pedido una "investigación exhaustiva e imparcial" sobre las dos muertes de estos días porque "la credibilidad del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional está en juego". La evidencia de los vídeos, reconocen, obligan a responder a ciertas preguntas y su líder, Trump, no lo está haciendo. "Estamos investigando, revisando todo y emitiremos una resolución", ha sido la sucinta respuesta de Trump en la misma entrevista del WSJ.

Los estados y localidades están tomando también medidas para frenar los abusos del ICE. Junto con la demanda de los manifestantes de Minneapolis e Illinois, las ciudades,  presentaron demandas federales solicitando medidas cautelares para detener las operaciones de control. Mientras, el condado de Los Ángeles se convirtió en el último en establecer "zonas libres de ICE", que prohíben a sus agentes operar en propiedades del condado. Los legisladores de Nueva Jersey también han aprobado un paquete de proyectos de ley para ampliar las protecciones para los inmigrantes, pero el gobernador saliente, Phil Murphy, lo vetó en su último día en el cargo. Está en proceso. 

Por el momento, la respuesta de Trump a estos intentos demócratas de cambiar las cosas es la esperada. "Están priorizando a los inmigrantes ilegales por encima de los ciudadanos contribuyentes y respetuosos de la ley, y han creado circunstancias peligrosas para todos los involucrados. Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas", escribió el domingo en su red social. 

¿Rendición de cuentas?

Ante la renuencia de la Administración Trump a hacerlo, la pregunta sigue siendo si los estados pueden exigir responsabilidades penales o civiles a los agentes de inmigración. El procesamiento penal se enfrenta a fuertes obstáculos: los funcionarios estatales y locales necesitan acceder a las pruebas, pero el Departamento de Justicia (DOJ, absolutamente controlado por seguidores de MAGA como Pam Bondi) se niega a investigar por ahora los dos asesinatos y bloquea activamente el acceso a las pruebas, lo que obliga a la fiscalía a solicitar información pública, indica la CNN. 

En teoría, sí hay una investigación, de Seguridad Nacional y con la ayuda del FBI, pero es que estamos hablando de que los funcionarios del Gobierno que ya han prejuzgado los asesinatos y negado la evidencia visual son los que supervisarán las conclusiones finales. Es poco probable que la opinión pública confíe en que no se verán afectadas políticamente, obviamente. 

La responsabilidad civil también existe, pero es limitada, dicen los juristas. Las familias de los muertos probablemente reclamarán una indemnización por daños y perjuicios al Gobierno federal a través de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios o a ciertos políticos, a título individual, como es el caso de Jonathan Ross, el agente que disparó a Good (de quien mató a Pretti no ha trascendido aún su identidad). 

Sin embargo, ambas vías son limitadas; las demandas federales por agravios requieren mucho tiempo y están repletas de requisitos procesales, y la Corte Suprema ha dificultado en los últimos años la presentación de demandas contra agentes federales que violan la Constitución. Eso también puede enervar a la calle, la falta de rendición de cuentas rápidas.

"Pam Bondi envió una carta a las autoridades de Minnesota diciendo: entreguen los registros de votantes o el ICE no cederá. Eso es una extorsión. Están usando el miedo para obtener información sobre los votantes. En EEUU, no se puede recurrir a la intimidación para interferir en nuestras elecciones", escribió Gallego.

Exmandatarios demócratas como Bill Clinton y Barack Obama se están levantando para avisar de que las últimas muertes cosechadas deberían ser "una llamada de atención" nacional. "Independientemente de su partido, muchos de nuestros valores fundamentales como nación están siendo cada vez más atacados", exponía el primer presidente negro de EEUU. Lo que la violación del derecho internacional en Venezuela o Groenlandia no ha logrado, puede conseguirlo el intenso debate doméstico sobre el poder federal y sus límites. Sólo quizá.

¿Aguantará la narrativa de Trump el envite de las muertes injustas vistas por todos? ¿Creará una paralela, alternativa, como hizo con el asalto al Capitolio de hace cinco años o el supuesto robo de las elecciones de 2020? Todo son preguntas, mientras las protestas se recrudecen.