"La pena de muerte es una barbarie disfrazada de justicia", decía el activista y escritor mexicano Carlos Monsiváis. Bajo ese engaño, 15 países mataron a sus ciudadanos presos en el año 2024, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) dado a conocer este martes. En total, se ha asesinado a 1.518 personas, lo que supone un 32% más que un año antes (1.153 casos en 2023) y la peor cifra desde el año negro de 2015 (entonces fueron 1.634). Y eso que hablamos de estimaciones, porque hay países como China, Corea del Norte o Vietman que son un auténtico agujero negro de secretismo y es imposible saber cuántas ejecuciones han llevado a cabo, lo mismo que lo son Siria o Palestina, en este caso porque viven conflictos abiertos. Son miles, por seguro, dice el dossier. 

Además del formidable número, el análisis de Amnistía destapa dos tendencias de calado: la acumulación de penas de muerte en un puñado de países y el alza en la imposición de estas penas por delitos no letales, como el tráfico de drogas. 

Así, sólo Irán, Arabia Saudí e Irak acumulan por sí solos el 91% de las muertes del pasado año. En total, estos tres países llevaron a cabo la "impactante cifra" de 1.380 ejecuciones registradas. Irak casi cuadruplicó sus ejecuciones (de al menos 16 a al menos 63) y Arabia Saudí duplicó su total anual (de 172 a al menos 345), mientras que Irán ejecutó a 119 personas más que el año anterior (de al menos 853 a al menos 972), cifra que representa el 64% del total de ejecuciones conocidas. Yemen, quinto en el listado, duplicó sus cifras (de 15 a 38); en Somalia bajaron un 11% (hasta 34); en Estados Unidos se llegó a 25 (24 en 2023, con cuatro estados que han retomado estas penas y ejemplos como Alabama, que ha triplicado las ejecuciones); en Egipto han crecido un 62% (hasta 13). Cierran la lista Sinpapur con nueve, Kuwait con seis, Omán con tres y Afganistán, Corea del Norte, Siria y Vietnam, sin datos exactos. 

Los métodos más habituales empleados para acabar con la vida de los reclusos son la decapitación (Arabia Saudí), el ahorcamiento (Egipto, Irak, Irán, Kuwait, Singapur, Siria), la inyección letal (China, Estados Unidos, Vietnam), las armas de fuego (Afganistán, China, Corea del norte, Omán, Somalia, Yemen) y la asfixia con gas nitrógeno (Estados Unidos).

El hecho de que se hayan aprobado estos asesinatos en 15 países, la cifra más baja registrada hasta la fecha por segundo año consecutivo, "indica la tendencia a dejar atrás esta pena cruel, inhumana y degradante”, afirma Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, aferrándose a un clavo ardiendo, a una de las pocas conclusiones positivas del informe. "La pena de muerte es un crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Aunque el secretismo seguía rodeando el escrutinio en algunos países que consideramos responsables de miles de ejecuciones, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada", incide.

En Europa, el territorio más próximo a España, Bielorrusia sigue siendo el único país de Europa que hace uso de la pena de muerte, con una persecución feroz contra la disidencia política y la prensa crítica. Rusia y Tayikistán aún mantienen una moratoria de las ejecuciones.

Amnistía ha recurrido a datos oficiales, sentencias, perdones y conmutaciones de penas, fuentes familiares, abogados, medios y ONG para poder elaborar su informe. Gracias a ese trabajo, ha constatado también que en el pasado año se dictaron 2.087 nuevas penas de muerte, un 14% menos que en los anteriores 12 meses. Se dictaron en hasta 46 naciones, un número que supera considerablemente a esa quincena que ha llevado hasta el final las sentencias. En 2024 se tuvo constancia de que tres países -Sudán, Sudán del Sur y Uganda- habían impuesto penas de muerte después de un paréntesis sin ellas. Sólo se conmutaron condenas o directamente se dieron indultos en 18 países.

La organización en defensa de los derechos humanos denuncia la utilización de estas penas de forma "peligrosa y deshumanizadora", y pone como ejemplo al nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, quien el 20 de enero, en su toma de posesión, ya dijo repetidamente que a su entender la pena capital es un instrumento para proteger a la población "de violadores violentos, asesinos y monstruos". Promueve, dicen, "el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia", además.  

Si quitar la vida a una persona no fuera suficientemente grave, AI se centra también en el cómo de hace, con "violaciones de derechos humanos" constantes. Como ejemplo, están las ejecuciones públicas, a la vista de todos, el asesinato de menores de edad (procesados con leyes de mayores) y de personas con discapacidad, la falta de juicios justos o de representación legal, las confesiones logradas mediante tortura, procesamiento de acusados in absentia (no presentes en el juicio) o de civiles por parte tribunales militares, la aplicación de esta pena en delitos no intencionales o no letales, su empleo contra minorías étnicas o religiosas, con acusaciones de blasfemia o apostasía, y en procesos por relaciones sexuales (infidelidades, homosexualidad), o el empecimaniento en procesar a ciudadanos por leyes de seguridad, traición o terrorismo, que se multiplican.

Qué se persigue

El informe de AI destacan que, más allá de ese discurso de seguridad que usa Trump parea defender la pena de muerte, lo habitual es que se use "para silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas". En Irán, por ejemplo, ha servido para perseguir al movimiento Mujer, vida y libertad, surgido en 2022 tras la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la policía de la moral de los ayatolás, que pasó de defender los derechos de las iraníes a convertirse en un grito general contra el régimen. 

"Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz", afirma Callamard, que dita expresamente a Riad, el gran amigo de Occidente en Oriente Medio. "Las autoridades saudíes siguieron utilizando la pena de muerte como arma para acallar la disidencia política y castigar a la ciudadanía de la minoría chií del país que apoyó las protestas "antigubernamentales" entre 2011 y 2013. En agosto, las autoridades ejecutaron a Abdulmajeed al Nimr por delitos de terrorismo relacionados con su adhesión a Al Qaeda, pese a que los documentos judiciales iniciales hacían referencia a su participación en protestas", expone el informe. 

Es notable el aumento de las ejecuciones por casos de tráfico de drogas, no siempre a gran escala. El 42% de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo de forma ilícita por delitos relacionados con drogas. Al menos 637 ejecuciones han tenido que ver con estos delitos en Arabia Saudí (122, 35% de su total anual), China (imposible saber cuántas), Irán (505, 52%) y Singapur (8, 89%). Hay estados como Nigeria, Maldivas y Tonga que quieren reintroducir las ejecuciones para este tipo de delito. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, dice Amnistía, el uso de la pena de muerte ha de estar restringido a "los más graves delitos", e imponer condenas a muerte por delitos de drogas "no cumple este requisito". 

"Las ejecuciones relacionadas con drogas abundaron en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam. Se ha observado que, en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas", detalla Agnès Callamard.

Los dirigentes que promueven la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas "proponen soluciones ineficaces e ilícitas", insiste. "Se debe exhortar y animar a los Estados que estudian la posibilidad de introducir la pena capital para delitos relacionados con drogas, como Maldivas, Nigeria y Tonga, a que los derechos humanos ocupen un lugar central en sus políticas en materia de drogas". 

Los avances (que los hay)

Aunque el documento es desolador, Amnistía no deja de consignar que hay avances en esta lucha, un flanco en el que la organización es de las más peleonas en el planeta. Actualmente, hay 113 países que son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. 

También se han registrado algunos avances en el último año analizado: en 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolía la pena de muerte para delitos comunes, por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte, las reformas en materia de pena de muerte en Malasia también permitieron que el número de personas en riesgo de ejecución se redujera en más de 1.000...

Además, gracias al "trabajo de campaña", se logró que el japonés Hakamada Iwao -que pasó casi cinco décadas en espera de ejecución en su país- fuera absuelto en septiembre pasado. En marzo del presente 2025, Rocky Myers -un hombre negro condenado a muerte en Alabama a pesar de las graves deficiencias observadas en los procedimientos- fue indultado tras las peticiones de su familia, su equipo jurídico, un exjurado, activistas locales y la comunidad internacional. Antes de irse de la Casa Blanca, el presidente saliente de EEUU, Joe Biden, conmutó las penas de muerte de 37 de las 40 personas condenadas a muerte a nivel federal, además. 

"Las cosas están cambiando. Sólo es cuestión de tiempo que el mundo esté libre de las tinieblas de los patíbulos", concluye Callamard.