Harvard ha dicho no a Donald Trump y ya lo está pagando caro. El Departamento de Educación de EEUU ha anunciado la congelación de unos 2.260 millones de dólares en financiación federal (en euros, alrededor de 2.100 millones) que estaban destinados a la universidad más influyente del país. La decisión llega apenas unas horas después de que la institución rechazase públicamente las exigencias del Gobierno, que quiere imponer cambios drásticos en sus políticas de diversidad, gobernanza y admisión de estudiantes.

El presidente de Harvard, Alan Garber, lo ha dejado claro en una carta abierta: “Ningún gobierno [independientemente del partido que esté en el poder] debería dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio pueden desarrollar”. En el mismo texto denuncia que las exigencias permitirían al Ejecutivo “controlar a la comunidad de Harvard” y amenazar los valores de la institución como espacio independiente y centrado en la producción de conocimiento.

El desencuentro entre el Gobierno y las universidades lleva tiempo en marcha, pero esta última ofensiva ha subido varios niveles. El pasado viernes, el Departamento de Educación envió una carta acusando a Harvard de no cumplir las condiciones necesarias para recibir fondos públicos. En ese documento exigía suprimir cualquier tipo de trato de favor por raza, color o nacionalidad en admisiones y contrataciones, así como eliminar los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), auditar ideológicamente a profesores y alumnos, así como informar a al departamento de inmigración de aquellos estudiantes extranjeros que violen normas internas.

Guerra abierta contra las universidades

Buena parte de esta presión se ha acelerado tras el aumento de protestas propalestinas en varios campus, que el Ejecutivo ha puesto como excusa para endurecer su discurso. De hecho, ya se han cancelado visados y abierto procesos de deportación contra algunos estudiantes internacionales que participaron en esas movilizaciones. El propio portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, ha justificado la medida con una frase muy Trump: “El presidente está trabajando para volver a hacer grande la educación superior, poniendo fin al antisemitismo descontrolado y evitando que el dinero de los contribuyentes financie la discriminación racial”.

Harvard se ha negado a ceder. “La universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”, escribió Garber, que también defendió que la lucha contra el antisemitismo no se puede usar como pretexto para imponer desde el poder qué se enseña, quién enseña o qué se puede investigar. Recordó además que en enero la universidad ya firmó un acuerdo judicial para reforzar las garantías a los estudiantes judíos, tras dos demandas que la acusaban de haber tolerado expresiones antisemitas en el campus. El Gobierno considera que eso no basta.

La congelación de fondos forma parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca, que ya ha paralizado cientos de millones de dólares en otras universidades, como los 400 millones retenidos a Columbia. Según el Departamento de Educación, Harvard “no ha cumplido con las condiciones intelectuales ni con las obligaciones de derechos civiles que justifican la inversión federal”. En paralelo, la Administración Trump estudia imponer a Columbia un acuerdo legal que la obligue a seguir sus directrices, mientras varios profesores, tanto allí como en la universidad de Harvard, han acabado en los tribunales.

En medio del conflicto, Harvard ha empezado a mover ficha para amortiguar el golpe financiero. La universidad está negociando un préstamo de 750 millones de dólares con entidades de Wall Street para asegurarse liquidez a corto plazo, por si la congelación de fondos se alarga. Aunque Harvard tiene una de las mayores dotaciones económicas del mundo académico, gran parte de ese dinero está vinculado a fondos restringidos y no se puede usar libremente para gastos operativos. De ahí que la universidad recurra ahora al crédito, en plena crisis política, para evitar recortes inmediatos en becas, programas de investigación y contratos con personal académico.

En el Congreso, los republicanos han cerrado filas. El senador Josh Hawley ha celebrado el “fin del adoctrinamiento” y otros legisladores han pedido incluso una “limpieza ideológica” en la enseñanza superior. Al otro lado, la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios ha llevado al Gobierno a los tribunales por vulnerar derechos constitucionales, limitar la autonomía universitaria y coartar la libertad académica. “Estamos ante un ataque sin precedentes a la independencia de nuestras instituciones”, han advertido en un comunicado.