La burla de Israel a la ONU: le exige el fin de la ocupación de Palestina y la dispara hasta con pisos de lujo

Israel es el país que más resoluciones de Naciones Unidas ha violado desde su creación, según datos recopilados por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), con 62. Son articulados que provienen del Consejo de Seguridad (el poder concentrado de los grandes y los Estados de turno, vinculantes) y de la Asamblea General (no vinculantes, pero con el poder simbólico de la mayoría de un hemiciclo de 193 naciones). Uno de sus embajadores hasta ha metido la Carta de la ONU en una destructora de papel, literalmente. Cruzar sus líneas rojas no ha tenido consecuencia alguna, al menos hasta ahora. El suma y sigue es diario. 

El 20 de septiembre del pasado año, la Asamblea dio al Gobierno de Tel Aviv un plazo de 12 meses para poner fin a su "presencia ilegal en territorio ocupado palestino". Desde el mismo 22 entraba en vigor la exigencia. ¿Ha cambiado algo? Sí, que hay más ocupación. ¿Se han cumplido "sin demora" las obligaciones legales de Israel conforme a derecho internacional, como incluía el texto? No, hoy las propias Naciones Unidas hablan sin restricciones de un posible "genocidio" en Gaza. ¿Hay expectativas de que el gabinete de Benjamin Netanyahu vaya a cambiar de política en breve? No, cuando se acelera la construcción de asentamientos (sobre la mesa hay hasta un plan de anexión) y se consiente la violencia colona en Cisjordania y Jerusalén Oriental y se lanza una ofensiva terrestre en la franja costera palestina. El balance de este año sólo arroja incumplimientos, una burla a la ONU y a los países que le reclamaron un viraje. 

La resolución

Aquel texto fue aprobado por una abrumadora mayoría de miembros: 124 votos a favor, 43 abstenciones y 14 en contra. El aislamiento internacional a Israel quedó reflejado en esta breve lista final: además de sus propios delegados, rechazaron la iniciativa Estados Unidos (el eterno amigo), Argentina, Fiji, Hungría, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay y Tonga. Solo, muy solo. 

El articulado no era vinculante jurídicamente, por pasar por la Asamblea, y había sido preparado por Palestina, lo que supuso uno de sus mayores éxitos diplomáticos desde que accedió como Estado observador de la organización internacional. Se basaba en una opinión consultiva que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió en julio del mismo año y en la que subrayó que la presencia continuada de Israel en el "Territorio Palestino Ocupado" -la denominación que siempre emplea la ONU- es ilegal, que Israel tiene la obligación de cesar de inmediato cualquier nueva actividad de asentamiento y de evacuar a todos los colonos, que superan hoy los 600.000. 

La Asamblea también "exigía "que Israel cumpla sin demora todas sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional, incluidas las estipuladas por la Corte Internacional de Justicia" y para bajar ese mandato a la arena debía hacer varias cosas prioritarias: retirar todas sus fuerzas militares de Palestina, incluidos su espacio aéreo y marítimo; poner fin a sus políticas y prácticas "ilegales", incluido el cese inmediato de "toda nueva actividad de asentamiento"; evacuar a todos los colonos del Territorio Palestino Ocupado y desmantelar las partes del muro construido por Israel que están situadas en suelo palestino, además derogar toda la legislación y las medidas que crean o mantienen la situación ilegal.

La resolución también ponía deberes a la comunidad internacional, porque exhortaba a las organizaciones internacionales, incluida la ONU, y a organizaciones regionales y gobiernos a que no reconozcan como legal la situación derivada de la "presencia ilegal" de Israel en Palestina y a que "distingan, en sus relaciones pertinentes, entre Israel y el Territorio Palestino Ocupado". También les llamaba a que no reconozcan, ni cooperen, ni ayuden en modo alguno las medidas emprendidas por Israel para explotar los recursos naturales robados por los colones o para efectuar cualquier cambio en la composición demográfica o el carácter geográfico o la estructura institucional del Territorio. 

Es un debate largo, pero los Gobiernos, sobre todo los occidentales, apenas están imponiendo hoy sanciones a algunos colonos violentos, sin mayores consecuencias. Los acuerdos comerciales, en su mayoría, se mantienen, aunque algo se mueve ya en la Unión Europea, por ejemplo, y sí que cobra fuerza la vía diplomática de reconocimiento al Estado de Palestina. Justo esta semana, arranca la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA 80), y a su calor se celebrará una cumbre específica sobre la solución de dos estados, apadrinada por Francia y Arabia Saudí. Será este mismo lunes y se espera que París dé el paso del pleno reconocimiento, anunciado ya en julio. Tres cuartos del mundo ya lo hacen, pero faltan occidentales poderosos. En realidad, el Estado palestino fue proclamado hace mucho, en 1988, por sus líderes en el exilio. 

Hace un año, en aquella resolución, se leía que comunidad internacional "deploraba enérgicamente el continuo y total desprecio e incumplimiento por parte del Gobierno de Israel de las obligaciones que le incumben en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas", y subrayaba que tales incumplimientos "amenazan gravemente la paz y la seguridad regionales e internacionales". 

Es el espíritu del mensaje que estos días se va a volver a escuchar en Nueva York. Hace una semana, ya se vio en la declaración que lleva el nombre de la ciudad norteamericana, que por primera vez excluye a Hamás inequívocamente del futuro de Palestina. Lo inédito es que los enviados palestinos no lo van a poder escuchar, porque EEUU les ha negado las visas de entrada al país, incluyendo al presidente Mahmud Abbas.

Ocupación galopante

Israel no ha dado un paso en la dirección marcada por la ONU. Un año más tarde, su visión se mantiene: todas estas iniciativas son "un circo político desconectado de la realidad" o "medidas que alientan a Hamás a continuar la guerra"; también "un regalo para el terrorismo", "un golpe mediático" que "socava los esfuerzos serios para poner fin al conflicto", se suma Washington. 

Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 (que dejó 1.200 muertos y 250 secuestrados) y la posterior respuesta militar de Israel en Gaza (supera ya las 65.000 víctimas mortales), la ocupación no ha hecho más que crecer. El primer ministro Netanyahu ya era el mandatario que más había impulsado las colonias y que más outposts o asentamientos ilegales había acabado regularizando en la historia del país, pero ahora además apoya la mayoría de su gabinete en partidos ultranacionalistas y religiosos que tienen clara la apuesta por más colonos, más bocados del suelo reconocido internacionalmente como palestino. Detrás subyace el deseo de crear un Gran Israel, la tierra prometida. 

Peace Now, una organización no gubernamental israelí de referencia que aboga por la creación de un Estado palestino, ha publicado un informe en que ha registrado 121 nuevos asentamientos desde los atentados del Movimiento de Resistencia Islámica, lo que representa el 40 % del total de 298 asentamientos establecidos desde 1996.

Estos datos marcan una "aceleración sin precedentes". Si bien entre 1996 y 2022 se establecieron un promedio de 5,7 nuevos asentamientos ilegales cada año, esa cifra se ha disparado a 47 anualmente desde el 7-O. Aunque no están reconocidos por la ley israelí, estos asentamientos suelen estar protegidos por el Ejército y, en ocasiones, son legalizados por después de unos años. Mientras tanto, cuentan con accesos y vigilancia, sin problemas. Desde que Netanyahu regresó al poder en 2009, se han legalizado decenas de asentamientos no autorizados, mientras que apenas dos han sido evacuados: Migron en 2012 y Amona en 2017, dice el dossier, que emplea datos propios de los observadores de la ONG y de la Oficina Central de Estadísticas de Israel. 

El actual Ejecutivo de extrema derecha de Israel ha reconocido claramente su política de invasión gradual del territorio palestino. "Construiremos el Estado judío-israelí sobre el terreno", declaró su ministro de Defensa, Israel Katz, el 30 de mayo, al celebrar la creación de nuevos asentamientos. Sin ir más lejos, se aprobó el 20 de agosto un controvertido proyecto de asentamientos en la Cisjordania ocupada que dividirá el territorio en dos y que, según los palestinos y los grupos defensores de los derechos humanos, podría destruir las esperanzas de concretar un futuro Estado palestino, por falta de continuidad territorial. Se trata del terreno llamado E1, una zona abierta al este de Jerusalén, manejada siempre por Tel Aviv como área de expansión, pero cuyos proyectos se guardaban en el cajón por la presión internacional en contra, incluyendo la de EEUU. El escenario es otro, cuando el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, acude esta misma semana a zona ocupada en el barrio de Silwan sin inmutarse. 

El ministro de Finanzas, el ultra Bezalel Smotrich, ha anunciado que se llevará a cabo una anexión formal de Cisjordania, directamente. Lo que falta es el dato del porcentaje final que quiere devorar. Según su plan, que está en consultas con los consejos de colonos de Judea y Samaria (el nombre que le dan a Cisjordania), Israel se quedaría con un 82% de ese territorio, el mayor de los palestinos. El resto serían bolsas de población palestina, taifas sin conexión entre sí y, con el tiempo, incapaces de sobrevivir. 

El establecimiento de un asentamiento en Israel es un proceso legal complejo y, aún, así, la voluntad de Israel en esta política ha derribado barreras, expone Peace Now. Tras la Guerra de los Seis Días en 1967, el Gobierno estableció inicialmente algunos asentamientos en zonas escasamente pobladas o recién ocupadas, a menudo cerca de la frontera. A principios de la década de 1970, los colonos comenzaron a crear asentamientos ilegales por su cuenta.

Cisjordania, que albergaba a 3,2 millones de palestinos en 2022, está clasificada como territorio ocupado y, de hecho, Israel domina el 62% del suelo, en lo civil y en lo militar. Es lo que hace que muchos expertos hablen ya de una anexión de facto, toda vez que en este terreno es Tel Aviv el que manda, el que decide y el que se desarrolla, pese a que el derecho internacional prohíbe a los colonos israelíes establecerse allí, con o sin autorización oficial. Son ya 600.000 los que lo hacen (sumando Jerusalén Este). Desde 1967, la Asamblea General de la ONU ha adoptado 11 resoluciones condenando estos asentamientos y la violencia cometida contra la población civil: son las 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), 1850 (2008) y 2334 (2016). Todas violadas. 

En marzo de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió una declaración condenando el establecimiento y la continua expansión de los asentamientos que fue de referencia porque definió que los asentamientos "equivalen al traslado por parte de Israel de su propia población civil a los territorios que ocupa" y que "tales traslados constituyen un crimen de guerra que puede comprometer la responsabilidad penal individual de los implicados". 

El ritmo de los asentamientos israelíes nunca ha disminuido, eso es cierto, ni siquiera durante los períodos de relativa calma en el conflicto israelí-palestino. Algunos ejemplos incluyen la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, cuando Tel Aviv se comprometió a abstenerse de establecer nuevos asentamientos. Además, en 2005, procedió a la evacuación de los colonos que quedaban en Gaza, aunque fue una operación unilateral y caótica que, a la larga, ayudó a fracturar más a las facciones palestinas. La realidad es la de las estadísticas, frías y con tanto drama detrás: el número de israelíes que se mudan a los asentamientos de Cisjordania aumentó de un promedio de 6.300 al año en la década de 1980 a 15.533 entre 2020 y 2023. Esta aceleración ha aumentado la proporción de colonos en la población israelí del 1,7% en 1990 al 5% en 2023 (probablemente incluso mayor hoy) y se ha convertido en uno de los principales obstáculos para lograr una solución de dos Estados.

Mientras tanto, la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos y sus propiedades, incluyendo la destrucción de olivares y tierras fértiles, ha aumentado. A finales de mayo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), señaló que los colonos israelíes habían herido a más de 220 palestinos (un promedio de 44 al mes) en 2025, la cifra más alta en 20 años. En su boletín más reciente, del pasado viernes, exponen que los colonos "llevaron a cabo 25 ataques contra palestinos en una semana, hiriendo a 13 palestinos y desplazando a otros 33". Desde el 7 de octubre de 2023, más de 3.000 palestinos, entre ellos más de 1.500 niños, han sido desplazados en Cisjordania, alegando ataques de colonos israelíes y restricciones de acceso, añaden.

Gaza, desde la salida de los colonos que ejecutó Ariel Sharon y tras la victoria electoral de Hamás, ha estado bloqueada por Israel por tierra, mar y aire. Un cerco instaurado en 2007 que impedía la entrada normal de alimentos, combustible o materiales de construcción, que imponía vigilancia constante desde el aire con aviones y drones -su zumbido era la banda sonora de la franja antes de las bombas- y desde el mar, limitando incluso las millas de Mediterráneo en las que se podía pescar. Ha sido Israel, en este tiempo, quien ha controlado los pasos fronterizos con Gaza, salvo el del sur, en Rafah, donde Egipto ayudaba al cerco. 

Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, la zona está sometida a una ofensiva feroz, que sólo desde primavera está movilizando ligeramente a la comunidad internacional. La ocupación, en este caso, es total, incluso desde antes de poner botas sobre el terreno, como ahora en ciudad de Gaza. En los planes para el día después de la guerra está el desalojo completo del pueblo palestino (lo llaman "migración voluntaria") y la reconstrucción, mano a mano con EEUU, para levantar una Riviera. Los socios de Netanyahu hablan abiertamente de porcentajes de terreno y de pisos "de lujo" en primera línea de playa. 

La ONU, esa a la que no oye, ha recordado repetidamente a Israel que el derecho internacional obliga al ocupante a atender el bienestar de los civiles sometidos. Sin éxito. Como hace un año, como hace desde hace 77 años.