Las dudas sobre el ataque de EEUU a Irán: de su legalidad a las pruebas sobre el programa nuclear
Los demócratas llegan a pedir hasta un juicio político para el presidente por saltarse al Congreso para ayudar a Israel, mientras la ONU queda relegada al olvido. Sobre la inminencia de las bombas atómicas de Teherán no hay información sólida.

Donald Trump ya despejó todas las dudas: en la noche del sábado al domingo, atacó Irán, apoyando una campaña insólita de Israel que busca, de inicio, reventar el programa nuclear de la República Islámica y, en una segunda fase, hundir el régimen de los ayatolás. El presidente de Estados Unidos amenaza ahora con "ataques mucho peores" si la paz, o sea, la claudicación, no llega de forma inmediata.
Mientras se hace recuento de los verdaderos daños causados por EEUU en las tres instalaciones nucleares alcanzadas (Isfahán, Natanz y Fordow), surge en paralelo un doble debate: el de la legalidad de la andanada y el de las pruebas que supuestamente la han sustentado. La conclusión también es doble: Trump no siguió los cauces habituales para lanzar una ofensiva de esta naturaleza, aunque se escuda en circunstancias excepcionales, ni tiene las evidencias que lo justificasen, o al menos no las ha hecho públicas.
Varios miembros del Congreso norteamericano, tanto del opositor Partido Demócrata como de la propia formación del magnate, el Partido Republicano, han cuestionado en estas horas calientes la decisión del presidente, porque creen que atenta contra la Constitución. Aunque los líderes republicanos y muchos miembros de base respaldaron la decisión de Trump de bombardear las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán, al menos dos legisladores republicanos se unieron a los demócratas de todos los espectros del partido (no sólo esos "socialistas rojos" a los que suelen insultar Trump) para sugerir esa inconstitucionalidad. La clave: el presidente ha actuado sin la aprobación del Congreso.
"Si bien la decisión del presidente Trump puede resultar justa, es difícil concebir una justificación constitucional", declaró en X el representante Warren Davidson, republicano por Ohio, quien suele alinearse con Trump sin fisuras. El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, dijo en respuesta al anuncio de Trump sobre los ataques: "Esto no es constitucional". Directamente. Ha sido el más duro y, por ello, el mandatario lo ha repudiado en sus redes sociales. "No es MAGA", o sea, no defiende su idea de "Make America Great Again", de hacer América (sic) grande de nuevo. Lo llama, incluso, "perezoso, grandilocuente e improductivo".
Massie presentó la semana pasada una resolución bipartidista que buscaba incluso bloquear la acción militar estadounidense contra Irán "a menos que esté explícitamente autorizada por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar contra Irán" aprobada por el Congreso. Así que llueve sobre mojado, pero esta es la primera grieta real en la base MAGA.
En unas breves declaraciones desde la Casa Blanca el sábado por la noche, Trump defendió la necesidad de los ataques pero no mencionó la base de su autoridad legal para lanzarlos sin que el Congreso le diera ese poder.
En el lado más progresista del escenario político norteamericano hay una avalancha de denuncias de ilegalidad. El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, afirmó que planea forzar una votación sobre su resolución para impedir que Trump emprenda acciones militares en Irán, a menos que la Cámara de Representantes y el Senado la aprueben primero. Calificó la medida de Trump como "una guerra ofensiva por elección". Aunque medios como el Financial Times dicen este lunes que la Administración Trump no tiene intención de atacar de nuevo y, menos, de poner botas sobre el terreno en Irán, el demócrata insiste en la necesidad de esta medida, por si acaso.
"Tendremos la sesión informativa esta semana. Tendremos una votación", dijo Kaine en la cadena Fox. "Sé que muchos republicanos se alinearán y dirán que un presidente puede hacer lo que quiera. Pero espero que los miembros del Senado y la Cámara de Representantes se tomen en serio sus responsabilidades bajo el Artículo I", insiste.
La resolución se someterá a votación el viernes, según informó anoche la oficina de Kaine, y es "privilegiada", por lo que puede someterla a votación. Se necesitaría una mayoría simple para su aprobación, solamente.
De dónde viene la denunciada ilegalidad
La cuestión jurídica surge de la llamada Resolución de Poderes de Guerra, una ley de 1973 que establece que un presidente puede lanzar ataques militares únicamente en tres circunstancias: una "declaración de guerra" de otra nación, una "autorización estatutaria específica" del Congreso de EEUU o "una emergencia nacional creada por un ataque a los Estados Unidos, sus territorios o posesiones, sus fuerzas armadas". El articulado llegó tras décadas de intervención estadounidense en Vietnam y otras partes de Asia, en un intento del legislativo de reafirmar su autoridad sobre la acción militar.
Sin embargo, el Congreso ha cedido gradualmente esos poderes bajo presidentes de ambos partidos en los últimos años y Trump, de hecho, está ahondando en ese presidencialismo a una marcha desconocida. Por eso Kaine estaba forzando una revisión de la norma, para evitar rendijas por las que Trump se pudiera escapar, pero el presidente ha sido más rápido.
Esta resolución, clave, se aprobó después del bombardeo secreto de Camboya llevado a cabo por el entonces presidente Richard Nixon (republicano), que mató a decenas o incluso cientos de miles de civiles y provocó protestas generalizadas en EEUU. El mandatario quiso vetarla pero fue finalmente promulgada y afirma que "en ausencia de una declaración de guerra", el presidente ha de notificar al Congreso dentro de las 48 horas de la acción militar y limite los despliegues a 60 o 90 días, a menos que se aprueben autorizaciones para extenderlos. Antes de enviar tropas estadounidenses al exterior, se debe consultar al Congreso "en todas las instancias posibles", afirma.
La Sección 1 de la Constitución, que estableció la rama legislativa del gobierno y describió sus funciones, dice que el Congreso tiene el poder de "declarar la guerra" y esta norma vino a afinar esa posibilidad. Algunos defensores interpretan que esa disposición significa que los legisladores, no el presidente, tienen la autoridad sobre las intervenciones militares estadounidenses. Ha sido la lectura común en estas décadas.

En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, fue la última vez que EEUU declaró formalmente una guerra. Desde entonces, ha entrado en conflicto, claro, pero no ha dado el paso formal. Ni en Corea, ni en Vietnam, ni en el Golfo, ni en Afganistán ni en Irak. También ha llevado a cabo ataques e intervenciones en numerosos países, de Serbia a Libia, de Somalia a Yemen, por nombrar algunos.
Según el artículo II de la Constitución, el presidente es designado "comandante en jefe" de las fuerzas armadas, su mando último. Los presidentes tienen la facultad de ordenar a sus ejércitos que respondan a ataques y amenazas inminentes, pero sus poderes para declarar la guerra están limitados por el Congreso. El Artículo II les otorga la facultad de dirigir operaciones militares una vez que el Congreso haya autorizado una guerra. Los mandatarios son responsables de movilizar a las fuerzas armadas bajo las directrices de los legisladores.
Aún así, sucesivos presidentes de todos los colores han utilizado la capacidad de ordenar a los militares, en situaciones de emergencia, llevar a cabo ataques que ellos presentan como defensivos o en respuesta a amenazas. A eso se aferra ahora Trump.
A falta de una declaración de guerra formal, el Congreso puede otorgar al presidente poderes para utilizar las fuerzas armadas para objetivos específicos a través de una legislación conocida como Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF). Por ejemplo, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Congreso aprobó una AUMF que dio al entonces presidente George W. Bush (republicano también) amplios poderes para llevar a cabo lo que se convertiría en la "guerra global contra el terrorismo". Y un año después, se aprobó otra AUMF, que permitía el uso de las fuerzas militares contra el gobierno de Saddam Hussein en Irak, lo que se convirtió en la base de la invasión de 2003, a la que se sumó la España del popular José María Aznar.
Las dos autorizaciones siguen vigentes y los presidentes siguen recurriendo a ellas para llevar a cabo ataques sin solicitar previamente la aprobación del Congreso. Por ejemplo, el asesinato del general iraní Qassem Soleimani en 2020 en Bagdad fue autorizado por Trump en virtud de la AUMF de 2003. Durante el primer mandato del millonario, hubo muchas especulaciones sobre la posibilidad de que pudiera usar la AUMF de 2001 para atacar a Irán bajo la afirmación infundada de que Teherán apoya a Al Qaeda. No ocurrió. Ahora sí.
A por el juicio político
El senador Bernie Sanders, independiente por Vermont que un día quiso ser aspirante a la Casa Blanca y uno de los demócratas más respetados, reaccionó al anuncio de Trump en tiempo real el sábado durante un discurso en Tulsa (Oklahoma), criticando sus acciones como "groseramente inconstitucionales". "La única entidad que puede llevar a este país a la guerra es el Congreso de Estados Unidos. El presidente no tiene ese derecho”, enfatizó Sanders a la multitud, que estalló en cánticos de “¡no más guerra!", dijo.
Algunos demócratas consideraron que era un delito susceptible de juicio político o impeachment que el presidente bombardeara Irán sin la aprobación del Congreso. La representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, afirmó que la acción de Trump es "absoluta y claramente motivo de impeachment", sin circunloquios. Es el señalamiento más grave formulado por la oposición hasta ahora.
"La desastrosa decisión del presidente de bombardear Irán sin autorización constituye una grave violación de la Constitución y de los poderes de guerra del Congreso", declaró en X. "Se ha arriesgado impulsivamente a lanzar una guerra que podría atraparnos durante generaciones", añade.
El representante Sean Casten, demócrata por Illinois, declaró en redes sociales: "No se trata de los méritos del programa nuclear iraní. Ningún presidente tiene la autoridad para bombardear a otro país que no represente una amenaza inminente para Estados Unidos sin la aprobación del Congreso. Esto constituye un delito inequívoco que justifica un juicio político".
Casten pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, que "tenga coraje" y proteja los poderes de guerra reservados para el Congreso. Johnson, por alusiones, salió al paso diciendo que Trump respeta la Constitución y buscará sentar las bases para defender su decisión de actuar unilateralmente. Los movimientos son intensos en el hemiciclo en este lunes. "El Presidente respeta plenamente el poder del Artículo I del Congreso, y el ataque necesario, limitado y selectivo de esta noche sigue la historia y la tradición de acciones militares similares bajo presidentes de ambos partidos", dijo en un comunicado .
Los comentarios de Johnson, junto con el apoyo a la medida de Trump ofrecido por el líder de la mayoría del Senado, John Thune , RS.D., indican que Trump puede tener suficiente cobertura política para evitar una reacción negativa del Congreso controlado por los republicanos. Está en un momento dulce, hasta que haya elecciones de mitad de mandato y, quizá, pierda parte de su poder en las dos cámaras. Hoy lo tiene, es total.
El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, afirmó que Trump "no solicitó la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar y corre el riesgo de que Estados Unidos se vea involucrado en una guerra potencialmente desastrosa en Oriente Medio". Sin embargo, no llegó a calificar la acción militar de ilegal o inconstitucional. Hay distintas sensibilidades también entre los disidentes.
Katherine Clark, demócrata de Massachusetts, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, fue más directa en la cuestión legal. "La facultad de declarar la guerra reside exclusivamente en el Congreso. La decisión unilateral de Donald Trump de atacar a Irán no está autorizada y es inconstitucional", declaró la segunda demócrata más importante. "Al hacerlo, el presidente ha expuesto a nuestro personal militar y diplomático en la región al riesgo de una mayor escalada", añade.
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, respondió respaldando la resolución de Kaine. "Ningún presidente debería poder llevar unilateralmente a esta nación a algo tan trascendental como la guerra con amenazas erráticas y sin estrategia", declaró Schumer, a quien algunos ven pronto peleando por la Casa Blanca. "Debemos hacer cumplir la Ley de Poderes de Guerra, e insto al líder Thune a que la presente en el Senado de inmediato. Voto a favor e imploro a todos los senadores de ambos partidos que la aprueben".
Algunos demócratas, entre ellos el representante Steny Hoyer de Maryland, ex número 2 del partido en la Cámara de Representantes, y el representante Josh Gottheimer, de Nueva Jersey, ofrecieron su apoyo a los ataques y no plantearon ninguna preocupación legal. Y el senador John Fetterman de Pensilvania, su correligionario, elogió inequívocamente la decisión de Trump. "Como he sostenido durante mucho tiempo, esta fue la decisión correcta del @POTUS", escribió Fetterman en X. "Irán es el principal patrocinador mundial del terrorismo y no puede tener capacidad nuclear. Agradezco y saludo a las mejores fuerzas armadas del mundo". Irán es un tema espinoso en la política exterior de todos los mandatarios, de un lado y se otro, y eso se está notando ahora mismo.

El derecho internacional
Las dudas sobre lo ordenado por Trump (y también por Israel, de paso) trascienden lo doméstico y llegan a Naciones Unidas. El artículo 2.4 de su Carta fundacional establece:
"Todos los miembros se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".
Sólo hay dos excepciones:
- cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorice el uso de la fuerza, y
- cuando un Estado actúa en legítima defensa.
Este "derecho inherente de legítima defensa, individual o colectiva", como lo expresa el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, persiste hasta que el Consejo de Seguridad actúe para restablecer la paz y la seguridad internacionales. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha interpretado el concepto de legítima defensa de manera restrictiva, habitualmente. En muchos casos , ha rechazado argumentos de Gobiernos como los de EEUU, Israel o Uganda e Israel, que han buscado promover una interpretación más amplia de la legítima defensa.
Los atentados del 11-S marcaron un punto de inflexión. El Consejo de Seguridad de la ONU afirmó en las resoluciones 1368 y 1373 que el derecho a la legítima defensa se extiende a la defensa contra ataques de actores no estatales, como grupos terroristas. Estados Unidos, invocando este derecho, lanzó su acción militar en Afganistán. Washington ha sido, históricamente, quien más ha estirado la cuerda en estas cuestiones. La concepción clásica de la legítima defensa -que está justificada cuando un Estado responde reactivamente a un ataque armado real– se consideraba demasiado restrictiva en la era de los misiles, los ciberataques y el terrorismo. Esto contribuyó a que surgiera la idea de utilizar la fuerza antes de un ataque inminente, en defensa propia anticipada.
Los académicos consideran que el umbral de la legítima defensa anticipatoria es alto. Requiere lo que se conoce como "inminencia". En otras palabras, esta es la "última oportunidad posible" para actuar y detener un ataque inevitable. En palabras del entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en 2005: "Mientras el ataque amenazado sea inminente, ningún otro medio pueda desviarlo y la acción sea proporcionada, esto cumpliría con la interpretación aceptada de legítima defensa en virtud del artículo 51".
John B. Bellinger III, investigador adjunto superior de derecho internacional y de seguridad nacional en el Consejo de Relaciones Exteriores, expone en un análisis que "el derecho a la legítima defensa incluye el derecho a usar la fuerza para defenderse de un ataque armado inminente". EEUU "ha adoptado una visión amplia de la inminencia en casos de amenazas de terrorismo o destrucción masiva, pero sería difícil argumentar que un ataque estadounidense contra el complejo nuclear o el liderazgo de Irán constituiría un acto de legítima defensa ante un ataque armado inminente de Irán contra Estados Unidos".
En cambio, la Administración Trump podría argumentar que un ataque contra Irán "constituye un acto de legítima defensa colectiva de Israel". "La validez de este argumento dependería de si Israel actuó conforme al derecho internacional al atacar a Irán en primer lugar y de si el uso de la fuerza estadounidense se limita a proteger a los civiles israelíes y los intereses estadounidenses de los ataques iraníes", añade.
Así que la legitimidad de esa legítima defensa anticipada depende del escrutinio de los hechos y de criterios estrictos, según la urgencia, la legalidad y la responsabilidad. Es de esperar que a eso se remita Trump, si es que siquiera admite explicarse.
¿Legítima defensa anticipada?
La legítima defensa anticipada sigue siendo un derecho aún no resuelto y muy controvertido, como se ve. Pero, a priori, las dudas se multiplican no sólo en virtud de las consultas hechas antes de los ataques, sino de las propias pruebas que hay contra Irán.
Israel, con el apoyo de EEUU, lleva más de 20 años anunciando que el régimen de los ayatolás iba a poder tener bombas atómicas en "meses" o en "semanas" porque estaba generando una gran cantidad de uranio enriquecido, la base de ese armamento, pero que necesita más que la sola generación para convertirse en proyectil.
El ejército israelí aseguró tras el ataque inicial que en meses recientes había recopilado inteligencia que mostraba el "progreso concreto" que se había logrado "en los esfuerzos del régimen iraní para producir componentes de armas adaptados a una bomba nuclear", incluyendo un núcleo metálico de uranio con una fuente iniciadora de neutrones para detonar una explosión nuclear".
Sin embargo, la Asociación de Control de Armas, una organización no partidista en EEUU, insiste en que Israel "no presentó ninguna evidencia clara o convincente de que Irán estuviera a punto de lograr un arma nuclear". "Durante meses, la posibilidad de éxito de Irán ha sido cercana a cero", le dijo a la BBC Kelsey Davenport, directora de política de no proliferación de este organismo, refiriéndose al tiempo que le tomaría a Teherán adquirir suficiente material para una bomba. "Igualmente, el cálculo de que Irán podría desarrollar un arma nuclear cruda en unos meses no es nuevo", recordó, quitándole fuerza a la excusa de la inminencia.
Rafael Grossi, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dijo sobre las afirmaciones israelíes de una amenaza inmesiata: "Esa es su evaluación sobre la situación. Yo no estoy familiarizado con los reportes o información interna que ellos puedan tener". Señaló, sin embargo, que el último informe trimestral del OIEA divulgado a finales de mayo advertía que Irán había acumulado suficiente uranio enriquecido a una pureza de hasta 60% -un pequeño paso técnico antes de alcanzar la calidad para un arma, que es del 90%- para producir nueve bombas atómicas. Eso era "una fuente de preocupación legítima", apuntó.
Aún así, hasta el espionaje de EEUU rebajaba el peligro apenas en marzo. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, declaró ante el Congreso de su país que las reservas de uranio enriquecido de Irán estaban "a su nivel más alto" y "sin precedentes para un Estado sin armas nucleares", pero a renglón seguido dijo que la comunidad de inteligencia de EE.UU. "continúa considerando que Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo [ayatolá Alí] Jamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003".
En un giro de los acontecimientos, Gabbard afirmó hace dos días que Irán podría producir armas nucleares "en cuestión de semanas". Los plazos han cambiado. Su testimonio de marzo fue sacado de contexto por medios de comunicación "deshonestos". Esa es la explicación de su cambio de postura. Hasta Trump le dijo que estaba "equivocada" y que los datos de inteligencia demostraban que Irán tenía una "enorme cantidad de material" y podría tener un arma nuclear "en cuestión de meses".
Irán siempre ha afirmado que su programa nuclear es completamente pacífico y que nunca ha buscado desarrollar un arma nuclear. Los informes del OIEA decían que aparentemente había abandonado sus intenciones armamentísticas en ese flanco en 2003, más aún tras el acuerdo nuclear de 2015, del que se salió el propio Trump tres años más tarde, acusando a Teherán de apoyar el terrorismo mundial. El organismo de la ONU, hasta entonces, había podido acceder a las instalaciones nucleares de Irán y comprobar que cumplía lo pactado. Luego, todo aquello se rompió. Parece que para siempre.