"Con Donald Trump es posible que la democracia desaparezca en Estados Unidos". Lo afirma Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en una de las entrevistas más comentadas de la semana, publicada por El País. No tiene fama de alarmista, precisamente. Su sombría previsión se sustenta en hechos, en el creciente presidencialismo del republicano, en el intento de romper la separación de poderes, en el intento (y logro) de suplantar la autoridad del Congreso a base de decretos, en los avances en su agenda personal, en sus apuestas, arrollando lo que encuentre a su paso. 

Apenas llegó a la Presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, pero los días, con sus decisiones y sus firmas, han pasado sobre el mundo como una apisonadora. Cada día encuentra un nuevo adversario. Si no le gustan las normas del comercio mundial, impone aranceles. Si rechaza la libertad de las universidades, les quita la financiación pública, rompe contratos y veta el acceso a estudiantes extranjeros. Si se pone goloso con los recursos de Canadá o Groenlandia, amenaza con quedárselos. Si quiere echar a los migrantes a toda costa, recurre a leyes de hace 200 años y saca a los soldados a la calle, saltándose las competencias no federales. Y la lista sigue. 

El hombre que dice de sí mismo que quiere ser "el rey" y que es capaz de proponerse -cero bromas- como papa, apuesta por un poder sin límites y esprinta para ello, porque sabe que el año que viene, en noviembre, hay elecciones de mitad de mandato en las que los demócratas le pueden robar su triada del éxito (Presidencia, Senado y Cámara de Representantes y mayoría conservadora en el Tribunal Supremo) y ponerle las cosas más complicadas. "Cuenta con un añadido moral: desde que ganó las elecciones, entiende que es capaz de hacer todo lo que se proponga. Por eso, casi no pasa un día sin que presione a un nuevo objetivo", resume el americanista Sebastián Moreno. 

Las confrontaciones que Trump ha instigado desde su regreso a la Casa Blanca están todas dirigidas a un objetivo común y audaz: socavar la separación de poderes, un principio fundamental de la Constitución. Son diversas, pero la meta es la misma. Todo ayuda a gestar un espacio de poder que haga saltar las costuras de lo establecido. El investigador cree que hay tres razones para ello: una es que "cree que tiene una base electoral tan fiel que esa desobediencia o esa manera de forzar será avalada por los ciudadanos"; otra es que "sabe que en las cámaras no tiene freno, porque sus compañeros republicanos lo avalan", y la final es que la justicia, que desde el principio ha estado vetándole medidas, de lo migratorio a lo económico, "no llega a todo". Recuerda que el propio vicepresidente, JD Vance, ha reconocido que los jueces carecen de instrumentos para hacer cumplir todas las normas y, además, "entre recursos se pasa el tiempo". 

En diversos momentos de la historia de EEUU, los presidentes han aplicado aspectos específicos del plan de Trump para maximizar su influencia presidencial. Pero ninguno ha combinado la determinación del magnate de marginar al Congreso, eludir los tribunales, imponer un control absoluto sobre el poder ejecutivo y movilizar todo el poder del Gobierno federal contra todos aquellos que considera impedimentos para sus planes: gobiernos estatales y locales, y sectores de la sociedad civil como bufetes de abogados, universidades y organizaciones sin fines de lucro, e incluso particulares. Así que el problema es de calado y de naturaleza. "El nivel de agresividad y la velocidad con la que (la Administración) ha actuado" no tienen precedentes, afirma el analista.

Una característica definitoria del segundo mandato de Trump es que está actuando simultáneamente contra todos los controles y equilibrios que la Constitución estableció para limitar el ejercicio arbitrario del poder presidencial. Ha marginado al Congreso al prácticamente desmantelar las agencias autorizadas por ley, atribuyéndose el derecho a incautar los fondos que el Congreso ha autorizado; anunciando abiertamente que no aplicará las leyes a las que se opone (como la ley que prohíbe a las empresas estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros); e impulsando cambios radicales en las políticas (como en materia de aranceles e inmigración) mediante órdenes de emergencia en lugar de legislación.

Ha afirmado un control absoluto sobre el poder Ejecutivo mediante despidos masivos (uno de los más sensibles, un recorte del 20% en acción exterior); una erosión de las protecciones del servicio civil para los empleados federales; el despido generalizado de inspectores generales; y el despido de comisionados de agencias reguladoras independientes (una medida que, a la vez, constituye un ataque a la autoridad del Congreso, que estructuró esas agencias para aislarlas del control presidencial directo).

También ha cruzado la línea y ha desafiado abiertamente a los tribunales federales de menor rango, al resistirse a las órdenes de restablecer las subvenciones y el gasto público y también al negarse a solicitar la liberación de Kilmar Ábrego García, el inmigrante indocumentado que, según el gobierno, fue deportado injustamente a El Salvador. Es verdad que, hasta ahora, el millonario no ha llegado a desobedecer directamente una orden de la Corte Suprema, pero tampoco se puede afirmar que haya cumplido con su recomendación de -más bien mandato- de "facilitar" el regreso de García.

"Trump ha pisoteado las nociones tradicionales de federalismo (especialmente las defendidas por los conservadores) al intentar sistemáticamente imponer las prioridades de los estados republicanos, en particular en cuestiones culturales, a los estados demócratas", indica Moreno. Su Gobierno ha arrestado a un juez en Wisconsin y a un alcalde en Nueva Jersey por disputas relacionadas con la inmigración. 

Las acciones de Trump para presionar a la sociedad civil han sido las más inéditas, posiblemente. Ha intentado castigar a los bufetes de abogados que han representado a demócratas u otras causas que le desagradan; ha recortado las subvenciones federales de investigación y ha amenazado con la exención de impuestos a las universidades que implementan políticas a las que se opone. Hay más: ha ordenado al Departamento de Justicia que investigue ActBlue, el principal brazo de recaudación de fondos de base de los demócratas, e incluso ha ordenado al Departamento de Justicia que investigue a críticos individuales de su primer mandato. Los tribunales ya han rechazado algunas de estas acciones por considerarlas violaciones de derechos constitucionales básicos como la libertad de expresión y el debido proceso. Por mucho que se busque en la hemeroteca, no se encuentra un comportamiento similar en otros mandatarios. 

¿Qué tiene de malo?

Para los partidarios de Trump, la amplitud de esta campaña contra la separación de poderes no un defecto, en absoluto. Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto y uno de los principales arquitectos intelectuales del segundo mandato de Trump, ha argumentado en la CNN que centralizar más poder en la presidencia restaurará la visión constitucional de pesos y contrapesos. Según Vought, los liberales "pervirtieron radicalmente" el plan de los fundadores al debilitar tanto al presidente como al Congreso para desviar la influencia hacia "expertos de carrera con todos los poderes" en las agencias federales. Para restablecer el equilibrio adecuado del sistema, argumentó Vought, "la derecha necesita" liberar a la presidencia "deshaciéndose de los precedentes y paradigmas legales que se han desarrollado erróneamente durante los últimos doscientos años".

Trump resumió esta visión de forma más sucinta durante su primer mandato, cuando declaró memorablemente: "Tengo un Artículo II (de la Constitución), donde tengo derecho a hacer lo que quiera como presidente". Independientemente de lo que se pueda decir sobre los primeros meses del segundo mandato de Trump, nadie lo acusaría de dudar de esa creencia.

El gabinete del presidente de EEUU incluso se ha burlado del departamento de investigación de la agencia AP, que ha publicado un profundo informe sobre cómo usa Trump los decretos de emergencia, de forma injustificada, para saltarse límites o explicaciones. "Ya sea imponiendo aranceles punitivos , desplegando tropas en la frontera o dejando de lado las regulaciones ambientales, Trump ha recurrido a normas y leyes destinadas únicamente a ser utilizadas en circunstancias extraordinarias, como la guerra y la invasión", dice. Hasta habla de la "Presidencia 911", haciendo referencia al número de teléfono de los servicios emergencias. Así todo el rato: "30 de las 150 órdenes ejecutivas de Trump han citado algún tipo de poder o autoridad de emergencia, una tasa que supera ampliamente a sus predecesores recientes".

El Congreso ha otorgado poderes de emergencia a la presidencia a lo largo de los años, reconociendo que el poder ejecutivo puede actuar con mayor rapidez que los legisladores en caso de crisis. Existen 150 poderes legales -incluyendo la exención de una amplia variedad de acciones que el Congreso ha prohibido ampliamente- a los que sólo se puede acceder tras declarar una emergencia. En una de ellas, de verdad, un gobierno puede suspender regulaciones ambientales, aprobar nuevos medicamentos o terapias, intervenir en el sistema de transporte o incluso anular las prohibiciones de probar armas biológicas o químicas en seres humanos, según una lista compilada por el Centro Brennan para la Justicia.

De todos los poderes de emergencia, Trump ha citado con mayor frecuencia la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para justificar la imposición de aranceles a las importaciones. La ley, promulgada en 1977, pretendía limitar parte de la amplia autoridad otorgada a la presidencia décadas antes. Solo debe utilizarse cuando el país se enfrenta a una amenaza inusual y extraordinaria desde el exterior para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos.

"El resultado es una redefinición de cómo los presidentes pueden ejercer el poder. En lugar de responder a una crisis imprevista, Trump está utilizando poderes de emergencia para suplantar la autoridad del Congreso y avanzar su agenda", constata. Pero la Administración Trump replica: "El presidente está utilizando legítimamente sus poderes de emergencia para rectificar rápidamente cuatro años de fracaso y solucionar las numerosas catástrofes que heredó de Joe Biden: fronteras abiertas, guerras en Ucrania y Gaza, regulaciones climáticas radicales, inflación histórica y amenazas a la economía y la seguridad nacional que plantean los déficits comerciales", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El último episodio: Los Ángeles

Sebastián Moreno resalta el caso más reciente de "creciente autoritarismo" de Trump: el envío a California de la Guardia Nacional (hasta 4.000 efectivos) y los marines (más de 700) para controlar las manifestaciones que se están produciendo sobre todo en Los Ángeles contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). "Ha hablado de insurrectos y eso constata su ansia de invocar la Ley de Insurrección de 1807, que le autorizaría a enviar militares a cualquier parte del país para reprimir la disidencia", explica. 

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha demandado incluso a la Administración, argumentando que es inconstitucional utilizar las fuerzas armadas dentro de EEUU, excepto en las situaciones más extremas. Y no era el caso, dice, pese a que ha habido algunos casos de vandalismo. 

Para el sevillano, "se ha pasado de la crítica o la burla a una segunda fase de presión, más seria, es que el uso del Gobierno como arma para contener la disidencia". Se niega a aceptar la comparación con regímenes totalitarios, a lo Vladimir Putin, pero sí comparte la idea de "corriente autoritaria preocupante" que lamenta Newsom. "La policía de Los Ángeles tomó las riendas, ha actuado, ha hecho detenciones y registros. No era necesario este despliegue. En cambio, se ha amenazado al gobernador con ser detenido", recuerda. 

Katherine Franke, profesora titular de la Facultad de Derecho de Columbia, que se vio obligada a dimitir tras defender a sus estudiantes que protestaban contra la ofensiva de Israel en Gaza, ha relatado en Facebook una conversación con un destacado fiscal general demócrata. Al preguntarle hacia dónde se dirigían las cosas en EEUU, él predijo, basándose en información "fidedigna", que en mayo o junio el Gobierno federal intensificaría la represión para provocar resistencia y utilizaría esa provocación como justificación para declarar la ley marcial. La declaración podría dar al gobierno la libertad no sólo de desplegar tropas, sino también de suspender las elecciones o el recurso de habeas corpus. ¿No se parece sospechosamente a lo visto en L.A. estos días?