Un médico forense de Mineápolis declara la muerte del enfermero Pretti como homicidio
La Administración coloca cámaras en los agentes desplegados en Minneapolis tras los asesinatos de Good y Pretti. Hasta ahora, las grabaciones de las personas que presenciaron los ataques han desmentido la proporcionalidad de los uniformados.
"Es un incidente desafortunado". Así calificó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la muerte a tiros de Alex Pretti, mientras protestaba contra la policía migratoria en Mineápolis. Eso, tras haberlo llamado "pistolero", cuando las críticas arreciaban y las protestas se multiplicaban desde su deceso, el 24 de enero pasado.
Los vídeos de las personas que estaban alrededor de este enfermero de 37 años, que medió para defender a una mujer asediada por el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas norteamericano, dejaban claro que no, no hubo provocación. Estaba armado, pero le quitaron la pistola bastante antes de que el primer tiro lo hiriera. Lo único a lo que echó mano fue a su teléfono móvil, para grabarlo todo.
Ahora, esta noche, el médico forense del condado de Hennepin, en Mineápolis, que lleva el caso, ha declarado como homicidio su muerte. En un breve informe divulgado por su oficina, se lee que Pretti murió por múltiples heridas de bala en el hospital Hennepin Healthcare y que su caso se trata de un homicidio.
Además, se destaca que el enfermero, fallecido con 37 años, fue baleado por agentes de las fuerzas de seguridad, constatando lo que ha visto el mundo entero y se negaban a aceptar Trump y su gabinete, ese que defiende que Pretti "buscaba una masacre" y su personal tuvo que hacer "disparos defensivos". Varios oficiales rodearon al hombre, lo inmovilizaron y le requisaron un arma antes de dispararle varias veces cuando estaba en el suelo, según numerosos videos del suceso. Esa es la verdad.
El de Pretti fue el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Nicole Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE. Al igual que en el caso de Pretti, la oficina del médico forense calificó como homicidio la muerte de Good, que también tenía 37 años.
De origen latino
El pasado fin de semana, el medio ProPublica dio a conocer que los agentes que dispararon a Pretti son Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP), y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). De origen latino, ahora recibiendo órdenes para detener a personas como ellos.
Una vuelta de tuerca que hace aún más dolorosos los episodios de violencia policial y las deportaciones que se están llevando a cabo, que tienen por víctimas a personas que sólo en un 10% de los casos cuentan con antecedentes penales, como han desvelado investigaciones periodísticas como una de la CNN de octubre pasado.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), los agentes responsables de la muerte del enfermero han sido suspendidos de sus funciones.
Por su parte, el Departamento de Justicia informó el viernes de que ha iniciado una investigación sobre posible violación de derechos civiles en este caso, tras una oleada de intensas protestas en la ciudad y el reclamo de varios legisladores.
Cámaras personales
Mientras, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, ha anunciado que todos los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que participen en redadas migratorias en Minneapolis comenzarán a usar cámaras corporales de manera inmediata.
La medida alcanza a los equipos del ICE y se explica como la respuesta más contundente hasta ahora a la indignación generalizada por la muerte a tiros de estos dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en esa ciudad, que ha incendiado también a todo el país.
En un anuncio a través de la red social X, Noem detalló que el programa de cámaras corporales se extenderá a nivel nacional, a medida de que se disponga de fondos para ello.
"Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país", escribió, en un mensaje que busca mostrar reacción rápida ante las críticas por el accionar de las agencias en las redadas.
En ese contexto, organizaciones de derechos civiles, líderes locales y legisladores federales venían intensificando sus llamados para que el DHS obligara a todos sus agentes migratorios a portar cámaras corporales, al menos en operaciones de arresto y control en comunidades vulnerables.
Para esos grupos, la ausencia de registros audiovisuales favorece la impunidad y dificulta reconstruir qué ocurrió en incidentes mortales como los de Minneapolis.
En la práctica, el anuncio significa que los agentes del ICE y otras divisiones del DHS que realizan redadas en Minneapolis deberán operar ahora bajo registro constante. Esto podría ofrecer nueva evidencia en casos de uso excesivo de la fuerza, arrestos cuestionados o violaciones de procedimientos.
¿Hay precedentes?
El paso adelante de Noem también se entiende en clave política, por supuesto. El expresidente demócrata, Joe Biden, antecesor de Trump, ya había ordenado en 2022 que todos los agentes federales en labores de seguridad portaran cámaras corporales, como parte de una orden ejecutiva más amplia sobre reformas policiales, en respuesta a casos de brutalidad que marcaron su inicio de mandato.
Pero el presidente republicano Trump rescindió esa orden poco después de iniciar su segundo período en la Casa Blanca, en enero del pasado año, argumentando que imponía trabas burocráticas a las fuerzas del orden. Ahora, la propia Noem vincula el giro a un gesto de Trump. Según informó Associated Press, la secretaria avanzó con el programa después de que el presidente respaldara públicamente, el fin de semana pasado, la idea de que los agentes de inmigración portaran cámaras corporales.
Durante un vuelo de Florida a Washington, consultado por un reportero sobre si era positivo tener muchas cámaras para registrar incidentes con las fuerzas del orden, Trump respondió: "Creo que ayudaría a las fuerzas del orden, pero tendría que hablar con ellos". Esa frase abrió la puerta para que el DHS presentara la decisión como alineada con la voluntad presidencial.