A Nikolai Kolesov le bastó con levantar la cabeza, mirar a su alrededor y ver que el castillo que había construido, ahora de naipes, empezaba a tambalearse. En 2022, cuando Putin decidió poner en marcha la guerra en Ucrania y las sanciones de la UE empezaron a hacer mella en las fortunas de las élites rusas, este oligarca de 69 años, el director ejecutivo del que principal proveedor de helicópteros del ejército de Rusia, Russian Helicopters, tomó la decisión de poner todo su patrimonio a buen recaudo. 

¿Cómo? Pues echando mano de sus hijos pequeños, convirtiéndolos en escudos fiscales. Según ha publicado el diario portugués Observador, Kolesov es el propietario de hasta 5 mansiones en Palma de Mallorca, aunque en el registro figuran  a nombre de sus tres hijos menores, todos con nacionalidad española y chipriota. Una triquiñuela que no solo refleja otro caso de ingeniería fiscal sino que se trata de una jugada que impide que el grueso de su fortuna se vea afectada por las sanciones europeas.

Los casos más sangrantes

El caso más llamativo es el de su hija mayor, Nikol, que con solo cuatro años se convertía en la propietaria de una villa valorada en unos cinco millones de euros, en primera línea de playa en Calvià, en la sierra de Tramuntana, que hasta el año 2014 figuraba a nombre de Elekon, una de las empresas de Kolesov. Por entonces, él aún estaba casado con Diana, la madre de los tres pequeños, de la que se divorció en 2021, quedándose con la custodia e, incluso, diciéndoles que había muerto. "Los niños tendrían que estar conmigo, pero él les ha comido el coco", denuncia, asegurando que lleva cuatro años sin poder verlos.

La segunda propiedad de Kolesov en Mallorca, con vistas al Mediterráneo y de unos 500 metros cuadrados, está a nombre de otra figura próxima al clan: Liudmila Tenno, hermana de Nikolai Kolesov y miembro del consejo de administración de una empresa militar rusa especializada en sistemas de navegación, con sede en la ciudad de Ramenskoye. En este caso, el oligarca no utiliza a uno de sus hijos como testaferro, sino que recurre a un adulto de su entorno familiar y vínculos con la industria de defensa rusa. La maniobra no elimina la conexión con el Kremlin, pero introduce un grado más de separación legal que dificulta el rastreo y refuerza la apariencia de legalidad. Aun así, esto no le garantiza la inmunidad total. En España, sin embargo, la legislación da un amplio margen a este tipo de fraudes: como mucho, una sanción económica menor.

Las tres viviendas restantes se adjudicaron en 2024 al pequeño Alyosha, hijo de Kolesov y ahijado del ministro de Defensa durante la era Dmitri Medvedev. Tenía solo cinco años cuando "adquirió" unas propiedades que, en su conjunto, están valoradas en diez millones de euros: unos 750 metros cuadrados cada una y un terreno de una hectárea en primera línea de costa. El resultado: un conjunto de lujo imposible de rastrear legalmente hasta el oligarca, al menos sobre el papel.

En la mesa del Gobierno

Maria Pevchij, investigadora en el exilio de la Fundación Anticorrupción (FBK), un equipo creado por el fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny, se ha encargado de seguir el rastro de las propiedades mallorquinas de Kolesov. Rastreó los registros de la propiedad, analizó las redes sociales de toda la familia, sobrevoló las viviendas con drones y recopiló toda la documentación que ha trasladado a los ministerios de Economía y al de Asuntos Exteriores. “Siempre lo hemos dicho. España tiene muchas lagunas legales. El problema es que no existe un castigo por incumplir las sanciones europeas. Como mucho, puede que les pongan una multa de 2.000 euros. Existe un gran desequilibrio entre lo que se hace y lo que puede pasar”, ha denunciado.

Los indicios están ahí, los vínculos son evidentes, y los nombres propios coinciden con los registros oficiales. Kolesov sigue en la lista de sancionados de la UE, dirige una de las empresas clave en la maquinaria bélica rusa, y acumula patrimonio en suelo europeo sin que nadie lo frene. Mientras tanto, sus hijos juegan en piscinas valoradas en millones de euros, rodeados de cámaras de seguridad, ajenos a cualquier intento de lo que se puede entender como una rendición de cuentas y sin que las sanciones europeas hayan tocado o vayan a tocar alguna de sus baldosas.