El ministro del Interior considera que el auto judicial pone en duda de forma injustificada la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El magistrado se ha pronunciado sobre la decisión de Peinado, quien ha decidido llevar a juicio a la mujer del presidente del Gobierno e imponerle varias medidas cautelares, como la prohibición de salir del país o la retirada del pasaporte.
El juez Juan Carlos Peinado envía a juicio a la mujer del presidente del gobierno y le impone medidas cautelares: repasamos las principales claves del caso.
En el auto de apertura de juicio, difundido este sábado, Peinado también impone como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe la salida del territorio nacional y la obliga a comparecer ante el juzgado quincenalmente.
"Las medidas cautelares que restringen derechos no son sanciones que merezca el acusado por existir indicios de delito: carecen de toda justificación constitucional si no son imprescindibles..."
También se le ha impuesto la obligación de acudir a comparecer cada quince días al juzgado al considerar que hay "riesgo de fuga". Las medidas permanecerán "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme".
Según Artículo14, el juez habría reutilizado una plantilla a la hora de abrir esa nueva línea de investigación. Un "error" que hizo que la esposa del presidente sumara dos nuevos delitos.
Begoña Gómez está citada este lunes por Peinado en Plaza Castilla, el martes va la directora de la Guardia Civil al Senado para hablar de Leire Díez y el miércoles comparece como investigado Zapatero en la Audiencia Nacional. Ahí es nada.
Denuncia que el magistrado le haya dado al procedimiento "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado Democrático".
El PSOE pudo pagar a "la fontanera" 4.000 euros al mes a través de una consultoría de Zarrías o con facturas falsas. "La organización desplegó una actividad continuada y estructurada para llevar a cabo diferentes acciones susceptibles de revestir relevancia penal", dice Pedraz.
El documento que recoge las conclusiones de la investigación que abarcó más de 2 años no encuentra pagos opacos o sospechosos, ni irregularidades en la creación de la cátedra. Sí alude a varios contratos "al margen del procedimiento establecido en la normativa".