No es suerte, son derechos y están en juego

Suerte de haber nacido en el seno de una familia que me respeta, que me quiere, que se preocupa por mí y que me cuida, no importándole que sea lesbiana y no ocultándoselo a mis sobrin@s u otros familiares, amistades de antaño o a vecinas, aún cuando la familia sigue siendo una de las instituciones que más violencia perpetra contra las personas LGBTIQ+, desembocando en que casi 6 de cada 10 personas LGTBIQ+ (el 57%) oculten su orientación sexual o su identidad de género a su familia.

Suerte de haber nacido en el Estado español y no en uno de lo más de 60 países que condenan la homosexualidad, ya sea con penas de cárcel, castigos físicos públicos o incluso la pena de muerte. Suerte de no vivir en Budapest, donde a pesar de haberse celebrado la manifestación del Orgullo durante 29 años de manera pacífica, este año el cada vez más autoritario gobierno de Viktor Orbán la prohibió, amenazando con multas a quienes participasen y con encarcelamiento a quienes la organizasen, reservándose la potestad de implementar tecnología de reconocimiento facial para identificar a las personas que se manifestaran. 

Suerte de no vivir en Rusia, donde por sólo llevar una insignia con el arco iris, puedes ser multada y, si “te pillan” de manera reiterativa portando pins, pegatinas o pulseras con estos colores o emblemas, puedes incluso ir a la cárcel. Suerte de no vivir en Polonia, donde desde 2019 existen “zonas libres de personas LGBTIQ+” que, aunque no son vinculantes, sí fomentan la retórica del odio. O en uno de los 32 países de África donde las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, son ilegales.

Suerte también de haber nacido en la España de 1989 y no en la época del Patronato de Protección de la Mujer, institución en la que durante el franquismo, trataban de “corregir” a jóvenes lesbianas mediante terapias de electroshock tras diagnosticarlas con “trastorno de conducta u homosexualidad”.

Suerte de, a pesar de ser de una ciudad conservadora como Pamplona, haber participado por primera vez en la manifestación estatal del Orgullo en Madrid en el año 2004, llevada por mi prima madrileña, su marido y sus hij@s, exigiendo el matrimonio igualitario bajo el lema “Ahora sí” junto a un millón de personas desconocidas a las que nos unía una lucha común y suerte de ver cómo un año más tarde, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción por parte de éstas eran aprobados, saldando una deuda pendiente y avanzando en la igualdad de derechos como país.

Suerte de haberme podido casar con la que era mi novia chilena, ahora mi mujer, en el país andino, después de que Chile aprobara el matrimonio igualitario en marzo de 2022, haciendo nosotras uso de este derecho menos de un año más tarde y después de trabajar intensamente durante años junto a Amnistía Internacional Chile dando vida a la campaña “Cásate contra la Homofobia”. Gracias a la conquista de este derecho, pudimos trasladarnos juntas a Madrid ya como matrimonio, condición imprescindible para agilizar los procesos de otorgación de la residencia legal en España y disminuir así su situación de vulnerabilidad aquí.

Suerte de no haber sufrido agresiones ni físicas ni verbales por mi orientación sexual, a pesar de que los datos del Ministerio del Interior y de la Fiscalía señalan que los delitos de odio basados en la orientación sexual o la identidad de género, aumentan año tras año.

Suerte de trabajar en una organización donde la homosexualidad no es motivo de desigualdad, aún cuando el trato desigual en el trabajo es la principal causa de discriminación por lgtbifobia en España según el Estadio del Odio 2025 de la FELGTB.

Suerte de contar con una solida red de amistades tanto heterosexuales, como lesbianas, todas ellas visibles y “salidas del armario”, algunas de ellas incluso madres, las más mayores mediante procesos de reproducción asistida llevados a cabo en clínicas privadas y las más cercanas a mi edad en la Seguridad Social, después de que la Ley 14/2006 permitiese a las mujeres mayores de 18 años hacer uso de las técnicas de reproducción asistida con independencia de su estado civil y orientación sexual. También de contar con amigas y amigues trans que, gracias a la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (más conocida como “ley trans”) pudieron cambiar su nombre y rectificar la mención relativa al sexo en el registro civil a través de un trámite sencillo, sin la necesidad de presentar informes psicológicos y psiquiátricos, por lo que ahora cuentan con documentos oficiales acordes a su identidad de género.

Sí, he tenido mucha suerte. Sin embargo, yo no debería estar escribiendo este artículo, ni debería estar hablando de suerte, ni de privilegios, ni debería ser consciente de que esa suerte puede cambiar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier espacio público. Porque vivir una vida libre de violencia, tener igualdad ante la ley y no ser discriminada por ella, poder disfrutar de la intimidad y la privacidad, son nada más y nada menos que derechos humanos, al igual que el derecho a formar una familia, el derecho a la identidad o los derechos sexuales y reproductivos. Y como tal, absolutamente todos los Estados tienen la obligación de protegerlos activamente mediante la promulgación leyes y la aprobación políticas públicas, además de promoverlos mediante la educación en derechos humanos.

Una educación que promueva tanto en las escuelas como a través de los medios de comunicación y las campañas de sensibilización públicas el respeto hacia la diversidad, la prevención del acoso escolar (las tasas de depresión, ansiedad, ideas suicidas e incluso intentos y consumaciones de suicidio son considerablemente más altas entre la población LGBTIQ+); la prevención y persecución del acoso laboral hacia personas de este colectivo y, por supuesto, la investigación, enjuiciamiento y reparación en los casos de agresión verbal, física o sexual motivadas por la orientación sexual y/o la identidad de género, las cuales están dirigidas de una manera mucho más agresiva y frecuente hacia las personas trans (entre 2008 y 2024, más de 5000 personas trans han sido asesinadas, siendo la gran mayoría de víctimas mujeres trans racializadas).

Por eso, un Orgullo más, al igual que un día cualquiera más, debemos ocupar todos los espacios gritando fuerte y claro que nuestra vida no debe variar en función de la suerte o del gobierno de turno, sino que como seres humanos tenemos derechos que deben ser respetados independientemente de nuestra orientación sexual o identidad de género.

Nuestros derechos no son moneda de cambio como ha pasado en la Comunidad Valenciana, donde para sacar adelante los presupuestos autonómicos, la condición sine qua non fue aprobar una serie de reformas en las leyes autonómicas LGBTIQ+ en detrimento de la protección de nuestros derechos, dejando la puerta abierta a las terapias de conversión, calificadas como trato cruel, inhumano y degradante e incluso constituyentes de tortura por la Organización de Naciones Unidas y también por Amnistía Internacional. O como en la Comunidad de Madrid, donde en el año 2023 el gobierno autonómico madrileño aprobó una batería de retrocesos que dificultan los procesos de hormonación y de autodeterminación de género para las personas trans; eliminan la difusión de contenido LGBTIQ+ en los centros educativos y en los medios de comunicación autonómicos y, de nuevo, dejaban abierta la puerta a las terapias de conversión.

Hoy, ayer y siempre seguiremos saliendo a la calle a celebrar y defender los derechos conquistados pero también a denunciar cualquier intento de recorte en nuestros derechos por los que tantas personas han (hemos) luchado, muchas de ellas incluso lo han pagado con su vida. Como hicimos en Budapest el sábado 28, donde más de 200.000 personas, incluyendo Amnistía Internacional, marcharon en la trigésima edición del Orgullo, a pesar de las prohibiciones Orbán y los riesgos de contramanifestaciones, represión, multas y encarcelamientos.