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06/11/2015 07:00 CET | Actualizado 05/11/2016 10:12 CET

Un país contra la violencia machista

Desde Podemos, entendemos que las mujeres deben ser protagonistas de sus vidas, decidir lo que desean. Hay que respetar sus deseos y, a la par, arbitrar las medidas necesarias para facilitar la salida de situaciones de violencia machista. Y desde esta perspectiva, Podemos entiende que el acceso a una vivienda es condición sine qua non para que las mujeres rompan con situaciones de violencia.

"Ayer, mi marido me amenazó con matarme. Me quedé paralizada, no sabía qué hacer. Hace mucho tiempo que nuestra relación está rota. No le entiendo, a veces es maravilloso y a veces hace este tipo de cosas. Le quiero, es buena gente, pero a veces pierde la cabeza. Sin embargo, ayer me cansé, no puedo estar en una montaña rusa todos los días. Le dije que le iba a denunciar. Para mi sorpresa, él mantuvo la calma y me dijo en buen tono: 'Tú verás. Si me denuncias, dejo de pagar la hipoteca, y ya sabes que tu madre es avalista del préstamo'. Mi madre es una mujer de stenta años, pensionista, que nos avaló con su casa para que nosotros pudiéramos comprarnos una vivienda. Su pequeña casa nos avala, ahora está enferma, no se vale por sí misma. Por eso vive con nosotros, tengo que cuidarla. Hace dos años que solicitamos la calificación del grado de dependencia y todavía estamos esperando. No sabía qué hacer, llamé al 016, y me dijeron que tenía que denunciar y solicitar una orden de alejamiento. Pero si le denuncio, nos embargarán mi casa y la casa de mi madre. Yo no puedo pagar sola la hipoteca, y la exigua pensión de mi madre no nos da para tanto. Mi madre trabajó toda su vida, pero sin contrato durante muchos años, y ahora solo tiene una pensión de 366.90 euros al mes. Yo trabajo a media jornada en una tienda. Me dijeron también que podía ir a una casa de acogida, pero que mi madre no podía entrar. Tampoco podría entrar mi hijo de diecinueve años. Carlos está estudiando y no puedo dejarlo solo. Estoy en un callejón sin salida, llevo años acudiendo a la psicóloga del centro de la mujer de mi pueblo, quiero salir de esta situación, pero no puedo denunciarle. No tengo a donde ir" (Clara, noviembre de 2015).

Este testimonio es un ejemplo cotidiano de miles de mujeres que, por diversos y variados motivos, deciden no denunciar a sus maltratadores y que continúan conviviendo con ellos de forma obligada. Las motivaciones para no interponer denuncia son diversas (dependencia emocional, dependencia económica, motivos laborales, o simplemente no desear interponer denuncia contra el que muchas veces es el padre de sus hijas), como diversas son las mujeres.

El Estado debe protegerlas, arbitrando medidas para que esas mujeres puedan poner fin a relaciones violentas. Las estadísticas son claras: solo un tercio de las mujeres asesinadas por violencia machista en el último año habían denunciado a su asesino. Es evidente que algo está fallando. Hasta ahora, la ley ha tratado a las mujeres como simples víctimas a las que hay que decir lo que tienen que hacer ("Denuncia. Si denuncias, te ayudamos"), sin tener en cuenta sus deseos, sus necesidades y sus circunstancias.

Desde Podemos, entendemos que las mujeres deben ser protagonistas de sus vidas, decidir lo que desean. Hay que respetar sus deseos y, a la par, arbitrar las medidas necesarias para facilitar la salida de situaciones de violencia machista. Desde esta perspectiva, Podemos entiende que el acceso a una vivienda es condición sine qua non para que las mujeres rompan con situaciones de violencia. Sin tener garantizada una vivienda, es difícil salir de relaciones violentas. Por ello, ya en nuestro programa-marco autonómico se estableció un compromiso expreso para "garantizar una alternativa habitacional para las víctimas de violencia de género".

En cumplimiento de nuestros compromisos programáticos hemos presentado diversas Proposiciones No de Ley en varios parlamentos autonómicos. La proposición es establecer un Plan de Garantía Habitacional inmediata para que toda aquella mujer que, previa valoración de los servicios sociales especializados, viva una situación de violencia, pueda acceder a una vivienda pública en el plazo máximo de treinta días, hubiese denunciado o no. Hasta hoy, se ha aprobado esta PNL en ocho Comunidades Autónomas. Seguiremos trabajando a nivel estatal a partir del 21 de diciembre, porque queremos un país libre de violencia machista. Porque podemos conseguirlo. Porque queremos que Clara tenga la oportunidad de salir de ese ciclo. El 7 de noviembre estaremos junto con el movimiento feminista contra las violencias machistas. Porque es una cuestión de Estado.

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