Desde Isabel Díaz Ayuso hasta Juanma Moreno: la Policía investiga la filtración de datos de más de 40 cargos políticos

La Policía investiga la filtración de datos personales de decenas de presidentes autonómicos, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. En total, la filtración, realizada a través de un chat en internet, afecta a cerca de medio centenar (43, en concreto) de cargos públicos de distintas comunidades. 

El hacker detrás de la difusión de los datos confidenciales es el mismo que publicó en internet hace unos días información sensible de varios cargos del Ministerio de Transportes, así como acusaciones que más tarde las autoridades calificaron de bulo, tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), según recoge el diario 'El País' tras contrastarlo con varias fuentes policiales. 

En esta nueva publicación aparecen, además de Ayuso y Moreno, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el lehendakari, Imanol Pradales; y la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola. Según recoge el mismo diario citado, los datos filtrados incluirían información personal confidencial, como documentos de identidad, teléfonos y direcciones.

Cabe destacar que desde la reforma del Código Penal de 2015, la difusión masiva de datos personales en internet está considerada un delito grave. Además, si se acredita que este tipo de acciones buscan desestabilizar instituciones o presionar a los poderes públicos, podrían llegar a ser investigadas como delitos de terrorismo, lo que podría elevar la causa a la Audiencia Nacional.

No es la primera vez que algo así ocurre. De hecho, tan solo en el último año se han registrado al menos otras dos filtraciones similares. En junio, dos hackers fueron detenidos en Canarias tras difundir datos del presidente del Gobierno, ministros y dirigentes políticos. Mientras que, en octubre, la Policía arrestó a dos menores en Cataluña y Albacete por una filtración en Telegram que afectó también a miembros del CNI y de las fuerzas de seguridad.